El plan de liberalización del mercado eléctrico argentino, impulsado por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto 450/2025, introdujo cambios de fondo en la estructura y operatoria del sistema energético nacional. Según un informe emitido por la calificadora Fitch Ratings, la nueva normativa estableció un plazo de 24 meses para implementar un marco regulatorio que permita la transición hacia un sistema de precios basado en costos marginales y reduzca drásticamente el rol de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) como responsable de las compras y pagos a generadores, acercando el modelo argentino a los de otros mercados en América Latina.
En definitiva, el esquema propuesto plantea la libre contratación entre oferta y demanda. Fitch Ratings consideró que el plan oficial podría fortalecer los perfiles crediticios de empresas generadoras y favorecer inversiones en capacidad de generación eficiente. Antes de la reforma, CAMMESA funcionaba como comprador centralizado, se encargaba de las compras de combustible, el despacho y las liquidaciones a precios fijos, y dependía de subsidios del Estado nacional para saldar la diferencia entre el costo real de generación y la tarifa que pagaba el usuario final.
El Decreto 450/2025 trazó un nuevo esquema para transferir los acuerdos de compra de combustible suscriptos por CAMMESA y redefinió los criterios de remuneración para las generadoras térmicas, otorgando mayor espacio para que cada compañía logre mejores condiciones en la adquisición de insumos energéticos, según detalló Fitch Ratings.
De acuerdo con el reporte de la calificadora, la desregulación beneficiaría especialmente a compañías generadoras, como AES Argentina Generación SA (AAG), MSU Energy SA y Pampa Energía SA. Esta transformación permitiría firmar acuerdos de compra de energía (PPA) a precios más competitivos y reducir la exposición de contraparte frente al Gobierno, al quitar a CAMMESA como intermediario central. Además, podrían suscribir PPA bilaterales con corporaciones internacionales solventes presentes en el país, un mecanismo previamente disponible solo bajo los esquemas RenoVar y MATER.
Fitch Ratings subrayó que las generadoras con mayor proporción de su capacidad bajo el esquema Energía Base serían las más favorecidas por los precios de mercado. En el caso de AES Argentina Generación SA (AAG), la empresa gestiona cerca de 3.000 megavatios (MW), de los cuales el 65% de los ingresos provienen de Energía Base, si se suma la recaudación vinculada al FONINVEMEM. El nivel de apalancamiento de AAG, alrededor de 2,5 veces, otorga espacio para ampliar inversiones en generación eficiente una vez garantizados los incentivos de precios. Los flujos de caja encuentran respaldo en cuentas predecibles denominadas en dólares por inversiones del FONINVEMEM (Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Mayorista), que aportan unos 50 millones de dólares por año hasta 2026.
Dentro de este escenario, Pampa Energía SA figura como posible beneficiaria del proceso, de acuerdo con Fitch Ratings. Se trata de la mayor empresa de energía independiente e integrada de Argentina, con 5.500 MW de capacidad térmica instalada, de los cuales un 51% permanece bajo Energía Base. Esta compañía obtiene parte relevante de sus ingresos de las actividades de exploración y producción de petróleo y gas en el país.
El informe también resaltó el caso de MSU Energy SA, poseedora de 750 MW en unidades de ciclo combinado, que logró eficiencia de operación. Esta firma mantiene acuerdos PPA con CAMMESA por 450 MW y otro contrato PPA a 15 años para 300 MW, que vence en 2035. Fitch remarcó que la liberalización del mercado tenderá a premiar a los generadores más eficientes mediante la competencia.
Sobre las empresas distribuidoras, la calificadora remarcó que el impacto concreto de la reforma todavía presenta indefiniciones. Dos de las principales compañías, Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA (EDENOR) y Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza SA (EDEMSA), aparecen en una situación de expectativa: el decreto creó un mecanismo progresivo para transferir los acuerdos PPA celebrados originalmente con CAMMESA directamente a las distribuidoras, que cubrirían así la mayor parte de su demanda a través de contratos con generadores y no mediante la intermediación de CAMMESA. Este mecanismo podría generar mayores costos de abastecimiento.
La sostenibilidad del modelo dependerá, según Fitch Ratings, de la evolución de las tarifas para el usuario final, que deberían incrementarse. En caso de aumentar los valores, el Gobierno nacional podría redirigir parte de los recursos previamente afectados a subsidiar a CAMMESA, para compensar las facturas de los usuarios. No obstante, incrementos tarifarios elevados tendrían capacidad de provocar reacciones políticas y presionar la cobranza en las distribuidoras durante la transición.
El informe señaló que este proceso introduce nuevas variables de riesgo y oportunidad para el sector. A partir de estos cambios, la presentación de acuerdos más diversificados, la competencia y la reducción de la exposición a un único comprador abre el mercado a esquemas de contratación que antes se reservaban para casos excepcionales.