La Defensoría del Pueblo de Bolivia presentó en Potosí el informe “Situación de la Conflictividad en Bolivia – junio de 2025”, donde expuso que los bloqueos acontecidos entre el 2 y el 16 de junio de este año dejaron un saldo de ocho personas fallecidas, 173 heridas y 201 aprehendidas.
La movilización fue protagonizada por sectores afines al ex presidente Evo Morales, que exigían su inclusión en las listas de candidatos a la primera magistratura.
El informe, aun en carácter “preliminar”, estableció que inicialmente se habían confirmado seis muertes, pero ahora se reconocen ocho. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, encabezó la presentación del documento.
La primera víctima vinculada a los bloqueos fue Nemecio Cuiza Canaviri, adulto mayor de 73 años, quien perdió la vida el 9 de junio tras una caminata de más de cinco horas en la carretera Oruro–Cochabamba, posiblemente por un paro cardíaco. El caso más grave, no reportado al inicio, se refiere a Samuel Cruz Gutiérrez, de 19 años, quien falleció el 12 de junio en el Cruce Arque (Cochabamba). Según el informe, habría recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego.
La investigación, a la que tuvo acceso el periódico El Deber, reveló que el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) abrieron cinco procesos penales relacionados con estos hechos: cuatro por asesinato y uno por homicidio. Entre los investigados se encuentran siete adolescentes.
Respecto a las personas aprehendidas, 36 están bajo detención preventiva y 32 enfrentan procesos penales activos por delitos como uso de explosivos, atentado a la seguridad del Estado y tentativa de homicidio. Se documentaron también agresiones a periodistas, ataques al personal médico y hechos de violencia contra transportistas.
El informe detalló que las protestas provocaron pérdidas económicas en sectores como la agricultura, la ganadería, el transporte y el comercio. El derecho a la educación también resultó afectado, con la suspensión de clases en Betanzos y Llallagua.
“La conflictividad ha tenido diferentes componentes: el clima electoral, la crisis económica y la intransigencia de los actores políticos. Pero, fundamentalmente, hay una experiencia que no podemos reeditar: la vulneración de derechos. No se puede naturalizar el fallecimiento de ciudadanos bolivianos”, afirmó Callisaya.
De acuerdo con la Defensoría, entre los fallecidos se cuentan dos civiles, dos miembros del sector movilizado y cuatro efectivos policiales. Además, la crisis económica contribuyó a elevar la tensión social por la escasez de combustibles, la falta de dólares y el aumento de precios de productos básicos.
La Defensoría intervino mediante la organización de mesas de concertación, apoyo logístico para el traslado de heridos y cuerpos, y seguimiento a las investigaciones.
“El derecho a la protesta siempre va a estar protegido constitucionalmente, pero tiene límites: no debe ser violenta, ni afectar los derechos de terceros o impedir el acceso a servicios básicos. De lo contrario, deslegitima cualquier demanda”, advirtió Callisaya.
Entre los efectivos policiales fallecidos figuran los subtenientes Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, Carlos Enrique Apata Tola, el sargento Jesús Alberto Mamani Morales y el subteniente Christian Calle Alcón. Entre los civiles, están Nemecio Cuiza Canaviri y el estudiante Vladimir Aguilar Choque. Además, murieron Cornelio Franco Ramírez y Samuel Cruz Gutiérrez, ambos del sector movilizado.