Los abogados del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro presentaron el miércoles un recurso ante la Corte Suprema para solicitar la revocación de la prisión domiciliaria que le fue impuesta el lunes, alegando que se trata de una medida desproporcionada que constituye una forma de censura.
El ex mandatario, que gobernó entre 2019 y 2022, se encuentra confinado en su residencia en Brasilia por presuntamente violar la prohibición judicial de uso de redes sociales, impuesta como medida cautelar en el marco del proceso en su contra por intento de golpe de Estado.
En el documento entregado al Supremo Tribunal Federal (STF), los abogados de Bolsonaro aseguran que “no hubo incumplimiento de las medidas cautelares”, luego de que imágenes de una videollamada entre él y su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, fueran difundidas en redes sociales por simpatizantes. La llamada ocurrió el domingo durante un acto de apoyo al ex mandatario en Río de Janeiro.
“Si ni siquiera puede saludar al público, entonces tiene prohibido manifestarse, lo que se traduce en censura”, afirmaron los defensores, en un texto citado por la agencia AFP. Añadieron que el ex presidente “no tiene control sobre terceros que puedan difundir contenido sin su participación directa o indirecta”.
Bolsonaro, de 70 años y ex capitán del Ejército, enfrenta cargos por conspiración para mantenerse en el poder tras ser derrotado por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022. Está obligado desde julio a usar una tobillera electrónica y se le prohíbe expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de intermediarios.
Nuevas medidas adoptadas esta semana incluyen la prohibición del uso de teléfonos móviles y la limitación de visitas, restringidas únicamente a sus abogados. El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, autorizó el miércoles que los hijos y familiares cercanos del ex presidente puedan visitarlo sin autorización judicial previa.
En caso de que Moraes no revoque la prisión domiciliaria, la defensa pidió que la decisión sea sometida a votación presencial por los otros cuatro magistrados que integran el pleno que juzga el caso, cuya conclusión está prevista para las próximas semanas.
La situación judicial de Bolsonaro ha generado protestas en el Congreso brasileño, donde parlamentarios bolsonaristas interrumpieron las sesiones del martes y miércoles en la Cámara de Diputados y el Senado. Exigieron que se incluya en la agenda una moción de impeachment contra el juez Moraes y un proyecto de amnistía general, iniciativa que, según críticos, podría favorecer al ex presidente.
La presión para votar ambas propuestas ha sido rechazada por los presidentes de ambas cámaras legislativas.
Desde el inicio del juicio, Jair Bolsonaro ha sido inhabilitado políticamente hasta 2030, pero enfrenta un escenario más grave si es declarado culpable de los cargos por intento de golpe: según estimaciones judiciales, podría recibir una pena de hasta 40 años de prisión.
En el plano internacional, el presidente estadounidense Donald Trump ha manifestado su apoyo a Bolsonaro. Hace unos dias, anunció la imposición de aranceles del 50% a importaciones brasileñas y sanciones económicas contra el juez Moraes, en una muestra de respaldo político a su aliado en América del Sur.
(Con información de AFP)