La Corte Suprema de Justicia dejó firme una decisión que obliga a actualizar el monto de embargos dictados contra la empresa Odebrecht en la causa que investiga el proceso de licitación de las obras de dos plantas potabilizadoras en Buenos Aires.
El máximo tribunal desestimó el recurso por cuestiones formales, ya que la queja no respetaba los lineamientos fijados en la acordada 4/2007.
La causa analiza presuntas irregularidades en el proceso de licitación elaborado para el desarrollo de dos proyectos de infraestructura promovidos por AySA en 2007.
Se trata, por un lado, de la planta de potabilización “Paraná de las Palmas”, adjudicada al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Y por el otro, la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en cabeza de la Unión Transitoria de Empresas constituida por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.
Se investiga el supuesto direccionamiento ilícito por parte de las autoridades de AySA en los procesos licitatorios de los proyectos de infraestructura vinculada a su competencia.
A su vez, la pesquisa indaga también sobre el presunto pago de coimas por parte de los representantes de todas las firmas involucradas con el objetivo de imponer distintas condiciones de ejecución de las obras, afines a sus intereses particulares.
Entre los acusados figuran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el exsecretario de Obras Públicas José López, y los exdirectivos de AySA Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, entre otros, por cohecho pasivo (recibir coimas). Por pagar esos sobornos, fueron confirmados los procesamientos de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini.
Con el caso que instruyó el juez Sebastián Casanello elevado a juicio, la fiscal Fabiana León solicitó que se actualizara el monto del embargo, para asegurar la eficacia práctica de la sentencia y teniendo en cuenta la depreciación de la moneda.
Sostuvo que los $405.200.000 fijados, que entonces representaban US$6.642.622,95, al momento de su solicitud -a menos de tres años de la determinación de esa cuantía-representaban en esa misma divisa US$1.796.895,78 oficiales o unos US$1.012.190,24, en su variable MEP.
El Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, hizo lugar a la pretensión fiscal y actualizó los importes, tomando como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) labrado por el INDEC -esto último por mayoría-.
En consecuencia, la suma actualizada arrojó un total de $3.175.374.000. En agosto del 2023, la Sala III de la Cámara Federal de Casación por unanimidad rechazó la apelación de la firma Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A., que pretendía dejar sin efecto la actualización del embargo a la mencionada compañía. A fines de ese año se rechazó la queja. La Corte Suprema desestimó ahora el planteo de la firma.