La Contraloría General de la República de Panamá presentó este miércoles dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de anular el contrato de concesión que permite a la empresa Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, operar dos de los principales puertos del país. Las acciones legales surgen en medio de un proceso de venta global de activos portuarios de la firma china y de crecientes tensiones entre Washington y Beijing sobre el control estratégico de infraestructura en América Latina.
Una de las demandas busca que la Corte declare inconstitucional el contrato original, firmado en 1997, que otorgó a PPC la concesión para operar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. La segunda impugna la renovación automática por 25 años aprobada en 2021, alegando que no se siguieron los procedimientos legales establecidos.
“El deber de esta Contraloría es defender los dineros de los panameños y siempre estar a la defensa de los mejores intereses nacionales”, afirmó el contralor Anel Flores en conferencia de prensa. Añadió que el contrato fue “leonino y abusivo contra los intereses del país”.
Según el informe de auditoría que sustenta las demandas, entregado por la Contraloría en abril, la empresa habría incumplido obligaciones de inversión, generado perjuicios económicos al Estado y retenido fondos que legalmente correspondían al Tesoro panameño. “Más de 1.300 millones no entraron a las arcas nacionales”, sostuvo Flores. “Esa gente vio para otro lado y no puso atención a lo que tenían que hacer, que era cuidar los bienes de todos los panameños”.
El informe también detectó irregularidades en la adenda que extendió la concesión en 2021. Esa prórroga fue concedida sin pasar por los trámites legales que la normativa exige, según la Contraloría.
El proceso judicial se produce mientras CK Hutchison Holdings, matriz de Panama Ports, negocia la venta de 43 de sus puertos globales —incluidos los de Panamá— al consorcio liderado por la estadounidense BlackRock, en una operación valorada en 23.000 millones de dólares. Sin embargo, la operación generó objeciones del régimen chino, que anunció una revisión del acuerdo comercial. En respuesta, el conglomerado hongkonés manifestó su disposición a incluir a un inversionista estratégico chino en el consorcio, en un intento por facilitar la aprobación de la transacción por parte de Beijing.
Según información publicada por Bloomberg, el gigante estatal chino Cosco evalúa incorporarse al consorcio comprador con derecho a veto. Este posible ingreso ha generado nuevas inquietudes sobre el futuro control de los puertos de Balboa y Cristóbal y ha reactivado el debate sobre la presencia estratégica de China en el canal de Panamá.
“Creo que estamos muy claros que ahí están hablando de transacciones multimillonarias en diferentes latitudes que no incluyen a la República de Panamá, que es la real dueña de los puertos panameños, por ello hemos tomado las acciones que hemos tomado”, declaró Flores.
La situación ha sido señalada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien acusó a China de interferir en el canal mediante su control sobre operadores portuarios. Trump calificó la venta a BlackRock como una forma de “recuperación” de la influencia estadounidense sobre una infraestructura considerada clave para el comercio global.
La respuesta de Beijing no se hizo esperar. El gobierno chino, a través de sus medios oficiales, describió la operación como “entregar un cuchillo al rival” y advirtió que la venta de activos estratégicos debe ser evaluada por sus reguladores. La revisión amenaza con bloquear la operación si no se incorporan intereses chinos al paquete de control.
El contrato original de 1997 otorgó a Panama Ports Company el control de los puertos por 25 años, con una participación accionaria estatal del 10 %. En ese entonces, la entrega de activos generó controversia debido a las condiciones del contrato, que fueron consideradas desventajosas para Panamá. La renovación automática en 2021 intensificó esas críticas, con señalamientos de presunta corrupción y falta de transparencia.
“Vimos muchísimas irregularidades. Además, encontramos que no solamente era un contrato malo, sino que era, además, leonino, era abusivo contra los intereses del país”, reiteró Flores.
El Ministerio Público de Panamá mantiene abierta una investigación penal sobre las operaciones de PPC, a partir de la auditoría entregada por la Contraloría. “Esperamos que el procurador de la Nación haga su trabajo, como lo estamos haciendo nosotros”, indicó el contralor.
El caso se inserta en un contexto regional de preocupación por la expansión económica de China en América Latina, especialmente en sectores vinculados a infraestructura crítica y comercio marítimo. Las decisiones judiciales y políticas que surjan en Panamá podrían marcar un precedente sobre los límites de la influencia china en el hemisferio occidental.
(Con información de EFE y AFP)