La CGT reaccionó en silencio ante los cambios en la reforma laboral anunciados por Patricia Bullrich. No hubo elogios, obviamente, pero tampoco críticas a ese combo de modificaciones que deja a salvo (pero no tanto) las arcas sindicales a través del mantenimiento limitado de las cuotas solidarias y la eliminación de la rebaja a las contribuciones patronales para las obras sociales.
“Los cambios no nos conforman y seguimos negociando”, admitió un jefe cegetista a Infobae pocas horas antes de una suerte de “supermiércoles” en el que todo indica que se aprobaría la reforma laboral en el Senado y que la zona del Congreso será un termómetro del malestar sindical por el proyecto de Javier Milei.
¿Lo que anunció Bullrich fue fruto de acuerdos con la CGT o un gesto unilateral del Gobierno hacia el poder sindical? El hermetismo de los gremialistas es muy sugestivo. El oficialismo hizo concesiones ante algunos reclamos cegetistas, sobre todo al mantener intactos los fondos para las obras sociales y sostener las cuotas solidarias, aunque seguirán igual que ahora hasta 2028 (luego dejarán de ser obligatorias y no podrán cobrarse sin el consentimiento de los trabajadores) y el descuento no podrá superar el tope del 2% de los salarios.
Otro alivio para la CGT es la eliminación del artículo que quitaba la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical. El nuevo texto, de todas formas, no contempla lo que prevé la ley actual: la recaudación también de “otros aportes”, que abarca a las cuotas solidarias.
Pese a sus reclamos, la CGT no logró quitar del proyecto ni suavizar la estricta reglamentación del derecho de huelga, la obligación de pedir autorización para realizar asambleas sindicales en los lugares de trabajo ni el tope de 10 horas mensuales pagas a los delegados para realizar actividades gremiales, entre otros puntos.
Los planteos de la CGT, además, tampoco se reflejaron en los anuncios de Bullrich sobre la ultraactividad de los convenios (se buscaba que no se cayeran al vencimiento, sino que existiera un período para renegociarlos) y la prelación de los convenios por empresa (aspiraba a que que esos acuerdos no rompieran el piso convencional establecido por los sindicatos con personería).
Toda la civilizada oposición que mostraron los líderes cegetistas ante el avance de la reforma laboral contrastó con la violencia verbal de algunos dirigentes ultraopositores como Rodolfo Aguiar, líder de ATE (“los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte”) y Daniel Yofra, titular de Aceiteros (“vamos a prender fuego el país a través de una huelga por tiempo indeterminado”).
Las repudiables amenazas de ambos dirigentes le darán un contexto inquietante a la movilización de esta tarde ante el Congreso, convocada por la CGT para descomprimir el malestar interno, pero que mostrará en la calle un abanico de posturas radicalizadas que hacen temer una postal semejante a la que soportó Mauricio Macri en 2017 con el debate legislativo sobre la reforma previsional.
¿Funcionará a pleno el aparato sindical para llenar la calle de manifestantes? La anterior concentración contra la reforma laboral, que se hizo el 18 de diciembre en la Plaza de Mayo, mostró una convocatoria poco contundente. Ahora, el clima adverso contra el proyecto oficial es mucho mayor en las filas sindicales, aunque también creció en la CGT el temor a hechos de violencia y a los reclamos de un “paro general ya” de los sectores duros que incomodaría a los dialoguistas de la central obrera que hablan (y seguirán hablando) con el Gobierno.
La actitud de la CGT ante la administración Milei causa debates internos sugestivos. En la última reunión del Consejo Directivo, un líder dialoguista propuso una movilización contra la reforma laboral y descartó un paro general: “El último que hicimos, en mayo, no fue tan bueno”. Y despotricó contra algunos colegas que “hacen un acting de combativos, se graban proponiendo paros de 24 o 48 horas y después no hacen las huelgas”.
El dilema de la CGT es qué hacer para que la crisis profunda que atraviesa el sindicalismo no ponga en evidencia una pérdida de poder sin precedentes. Aun está abierta la herida en el orgullo sindical que dejaron algunos gobernadores que no les contestaron los llamados a los líderes cegetistas o cancelaron sus audiencias con ellos, como sucedió hace una semana.
Algunos gestos del sindicalismo dejan al desnudo la impotencia por no haber podido sumar apoyos políticos suficientes a su rechazo a la reforma laboral del Gobierno. Por eso los irresponsables dichos de Aguiar y Yofra o los inexplicables paros que los sindicatos aeronáuticos harán este miércoles, de 15 a 18, en Aeroparque y Ezeiza, y los metrodelegados concretarán en los subtes de 21 a 23.30: ¿perjudicar a los pasajeros influirá de alguna forma en la votación de la reforma laboral en el Senado?
Es quizás la mejor publicidad favorable que podrían hacerle a la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales que promueve el Gobierno.
Cambios en la reforma laboral que no alcanzan, una movilización callejera llena de riesgos y dirigentes que generan un clima violento o castigan a la gente común son algunas de las piezas de este rompecabezas del sindicalismo que parece imposible de armarse.