Los abogados de la CGT trabajan contrarreloj para elaborar la impugnación ante la Justicia de la reforma laboral, pero se tomarán este fin de semana para definir, con la plana mayor cegetista, ante qué fuero harán la presentación: el laboral o el contencioso administrativo.
No es una decisión menor. A fines de 2023, el amparo de la CGT contra el capítulo laboral del DNU 70 fue presentado ante la justicia laboral y la jueza de feria del fuero nacional del Trabajo, Liliana Rodríguez Fernández, hizo lugar parcialmente al recurso y declaró la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del decreto.
Ese antecedente, sin embargo, no significa que los asesores legales de la CGR piensen en seguir el mismo camino: en este caso, el eje de la denuncia es una ley sancionada por ambas cámaras parlamentarias y no un decreto de necesidad y urgencia, por lo que no tiene peso, como interpretó la justicia laboral cuando falló contra el DNU 70, el argumento de que no había urgencias que justificaran al Poder Ejecutivo a tomar decisiones que le corresponden al Poder Legislativo.
En este caso, la CGT debe exponer fundamentos sólidos por los cuales hay diversos artículos de la reforma laboral que son contrarios a la Constitución Nacional, aunque fueron convertidos en ley por el Congreso (al menos, se espera que eso suceda este viernes en el Senado).
Para la elaboración del escrito de la CGT colaboraron expertos en Derecho Constitucional como Alberto García Lema, cercano al peronismo, y Ricardo Gil Lavedra, de origen radical, ambos de lazos con la central obrera.
En la Casa Rosada también tomaron sus recaudos: los abogados del Estado ya estudian de qué forma pueden neutralizar en la Justicia la impugnación de la CGT contra la reforma laboral. En uno y otro sector todos dan por hecho que el próximo round por los cambios en la legislación del trabajo tendrán como escenario los tribunales, pero no necesariamente los juzgados laborales nacionales, sospechados de ser afines al sindicalismo.
Es que uno de los motivos por los cuales la CGT eludiría la justicia del trabajo es que tienen la sensación de que allí hay revulsión interna por la decisión del gobierno nacional de acelerar el traspaso del fuero laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. “Hay un clima raro entre los jueces y no se sabe qué pueden hacer ante un recurso como el de la CGT”, deslizó un jefe cegetista.
Para este sindicalista, con décadas de rodaje en el poder en la Argentina, en el ánimo de algunos magistrados podría pesar el hecho de que el gobierno de Javier Milei hoy cuenta con un “volumen político y parlamentario que no tenía” en 2023, cuando dictó el DNU 70.
Los líderes cegetistas saben que se juegan a todo o nada contra la reforma laboral a través de lo que dictamine la Justicia. No alcanza, como afirmaban hasta hace pocas semanas, el hecho de que exista jurisprudencia legal contra la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, que formó parte del DNU 70 (y quedó frenado por la justicia laboral), también del decreto 340 (que invalidaron en el mismo fuero) y ahora del proyecto de reforma laboral que debate el Senado.
“Van a tener muchos líos; esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”, advirtió la semana pasada el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguro) al confirmar la impugnación que preparan.
Justamente uno de los artículos que formarán parte de la presentación de la CGT ante la Justicia es el que regula el derecho de huelga en el transporte, la educación, la salud y numerosas actividades. Para hacerlo se obliga a garantizar un servicio mínimo de funcionamiento en caso de medidas de fuerza: 75% en servicios considerados esenciales y 50% en servicios trascendentales.
Hay especialistas que no están vinculados con el sindicalismo que también objetan ese articulo: uno de ellos es Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo de Cambiemos, que dijo al diario La Voz del Interior: “La redacción actual me parece difusa y menos clara que los antecedentes existentes, lo cual podría generar una mayor judicialización posterior a la sanción de la ley”.
Quizás con la expectativa de no romper los canales de diálogo con el Gobierno para incidir en la reglamentación de la reforma laboral, la CGT desistió de realizar este viernes otro paro o una nueva movilización ante el Congreso y, en cambio, anunció una marcha este lunes al Palacio de Tribunales, sólo de dirigentes y delegados, para acompañar la impugnación judicial. Antes, de todas formas, deberá tomar una decisión clave de la que puede depender el futuro jurídico de la reforma laboral.