El juez Gustavo Hornos, a cargo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvió convalidar la competencia federal en la causa que investiga a tres comisarios de la Policía de la Ciudad por el delito de cohecho. El expediente, iniciado tras una denuncia presentada por personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), implica el ofrecimiento de sumas en dólares a cambio de información reservada sobre investigaciones vinculadas a casas de cambio sin habilitación que operan en el centro porteño.
El proceso judicial arrancó en la órbita de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, donde se dispuso la detención de los efectivos investigados, según consta en la resolución. Sin embargo, luego de una revisión de la materia y del objeto procesal, ese fuero se declaró incompetente y giró las actuaciones a la Justicia Federal. La decisión fue ratificada, tras un recurso presentado por la defensa de Andrea Elizabeth Tejedor y Marco Antonio Barbosa, quienes buscaban revertir la declinatoria y que el caso continuara bajo la órbita local.
La hipótesis delictiva abarca hechos ocurridos entre agosto de 2024 y marzo de 2025. De acuerdo a la investigación, los policías ofrecían entre 500 y 1.000 dólares al mes a miembros del Escuadrón de Investigaciones y Delitos Complejos de Gendarmería, a cambio de detalles sobre causas y procedimientos en curso contra agencias financieras no habilitadas. De acuerdo con la documentación oficial a la que accedió Infobae, los uniformados buscaban proteger a los responsables de estas casas de cambio, quienes recibían información anticipada sobre operativos a cambio de dinero.
En vez de aceptar la propuesta, los integrantes de Gendarmería Nacional formalizaron la denuncia y dieron inicio a una pesquisa interna, que incluyó la intervención de un “agente revelador” y la obtención de grabaciones que, según surge del expediente judicial, comprometen a los tres comisarios involucrados. El ofrecimiento incluía pagos mensuales y sumas adicionales de hasta 5.000 dólares por cada casa de cambio que evitara un allanamiento gracias a la filtración de información. Entre los imputados figuran el jefe de la División Fraudes Bancarios, el subcomisario y un inspector; todos quedaron en situación pasiva tras la apertura de un sumario administrativo y la colaboración de la Policía de la Ciudad con la investigación.
La defensa de Tejedor y Barbosa interpuso un recurso de casación contra la decisión de la Cámara Federal Criminal y Correccional, que había confirmado el rechazo a la inhibitoria del fuero penal, contravencional y de faltas, correspondiente al Juzgado N° 18. El recurso fue denegado, lo que motivó la presentación de una queja ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Según el fallo firmado por Gustavo M. Hornos, la resolución recurrida no impedía la prosecución normal de las actuaciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).
El magistrado citó antecedentes de la propia cámara y jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación, señalando que solo es posible habilitar la intervención de la Casación en casos de denegatoria del fuero federal, supuesto que no se verificó en este expediente. “En la resolución de la Cámara a quo se ha puesto de resalto que en atención al concreto estado actual de la causa (…) se decidió que este fuero debía ser el que interviniera en razón de la materia, precisamente tal como proponen Tejedor y Barbosa”, señala el texto oficial. El mismo fallo agrega que la declinatoria fue adoptada en el marco de la investigación y permitió la participación de todas las partes involucradas, no solo de quienes recurrieron por la vía de la inhibitoria.
De acuerdo con los fundamentos del fallo, “tampoco se observa en lo resuelto por el a quo la irrogación de un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior ni alguna cuestión federal que permita habilitar excepcionalmente la intervención de esta Cámara en los términos del fallo ‘Di Nunzio’”. Por estos motivos, el juez Hornos resolvió no hacer lugar a la queja presentada por la defensa de Tejedor y Barbosa, y tener presente la reserva del caso federal.
Las actuaciones se centran en el accionar de los tres comisarios de la Policía de la Ciudad, quienes según el expediente, además de solicitar información a cambio de dinero, habrían ofrecido la posibilidad de manipular resultados de procedimientos judiciales, según surge de las grabaciones incluidas en la causa.
En esa línea, la investigación ahonda sobre el posible funcionamiento de un sistema de protección y extorsión para cueveros en la Ciudad de Buenos Aires, y la articulación entre diferentes áreas policiales para obtener ventajas económicas ilícitas. Los tres policías permanecen apartados, mientras la causa sigue su curso en el fuero federal.
La causa sigue bajo investigación y se mantiene activa la reserva federal, sin definiciones sobre eventuales nuevas medidas procesales.
