La Cámara de Minería del Ecuador (CME) denunció que el Gobierno incumplió un compromiso previo de instalar mesas técnicas de diálogo para revisar la aplicación de la nueva Tasa de Supervisión y Control que rige desde junio de 2025 para las concesiones mineras formales.
A través de un comunicado emitido el 17 de junio, el gremio expresó su “preocupación” por las declaraciones de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, quien descartó la posibilidad de diálogo y confirmó que la tasa será aplicada sin modificaciones ni suspensiones. La CME considera que esta postura contradice lo acordado con el Viceministerio de Minas y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) en una reunión sostenida el 12 de junio.
Durante ese encuentro, según la Cámara, se estableció el compromiso formal de instalar mesas técnicas para revisar la medida de manera conjunta, técnica y proporcional. El gremio indicó que ese compromiso se dio en coherencia con las señales previas de apertura al diálogo mostradas por el equipo de la Presidencia de la República. Por eso, la sorpresa fue mayor al conocer que la ministra de Energía anunció públicamente la aplicación inmediata de la tasa sin espacio para revisión. “Yo no estoy ni para negociar ni para dilatar un proceso que es necesario”, declaró Manzano en entrevistas recogidas por la prensa nacional.
La Tasa de Supervisión y Control fue instaurada oficialmente a través de una resolución publicada a inicios de junio de 2025. Según el Ministerio de Energía, esta medida busca financiar los procesos de fiscalización minera y reforzar la capacidad del Estado para combatir la minería ilegal. El monto se calcula con base en un porcentaje del Salario Básico Unificado (USD 470) por hectárea concesionada, aplicable a la minería grande, mediana y pequeña, aunque exime a la minería artesanal. Los valores deben ser pagados semestralmente. Para los concesionarios de mediana y gran minería, la primera cuota vence el 31 de julio; para la pequeña minería, el 31 de enero de 2026.
La Cámara ha señalado que no se opone al fortalecimiento de los procesos de control, pero advierte que la medida impuesta sin análisis técnico compromete la viabilidad económica de numerosos proyectos en fase de exploración, los cuales aún no generan ingresos para enfrentar nuevos costos. La organización advirtió que la implementación de esta tasa, sin discusión técnica y proporcional, “pone en riesgo la viabilidad de los proyectos formales y compromete la seguridad jurídica del país”. Además, sostuvo que genera incertidumbre para los inversionistas y debilita los esfuerzos orientados a construir una política pública sostenible y responsable en materia minera.
En su pronunciamiento, la CME reiteró su “compromiso con el diálogo, la legalidad y el desarrollo responsable del sector minero” y afirmó que mantiene la expectativa de que se instalen las mesas técnicas acordadas. En su criterio, dichas mesas son un espacio indispensable para evaluar la tasa bajo criterios de proporcionalidad, viabilidad y responsabilidad social. La Cámara también ha solicitado públicamente que se suspenda temporalmente la aplicación de la tasa hasta que se cumpla con el análisis técnico acordado.
La controversia en torno a esta tasa se produce en un momento clave para el sector. El Gobierno ha prometido reabrir el Catastro Minero Nacional, cerrado desde 2018, lo que ha generado expectativas de nuevas inversiones y expansión de la actividad extractiva legal. Sin embargo, el gremio sostiene que esa reapertura debe venir acompañada de certidumbre normativa, respeto a los compromisos adquiridos y coherencia institucional.
Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial desde la Presidencia o el Ministerio de Energía a la solicitud de suspensión planteada por el gremio. Tampoco se ha hecho pública la fecha de instalación de las mesas técnicas anunciadas por el Viceministerio de Minas, ni se conocen detalles sobre la participación de actores, metodología o criterios de evaluación de la medida.
El pronunciamiento de la Cámara de Minería busca ejercer presión pública para que se retome el proceso de diálogo acordado y se revise técnicamente la medida antes de su plena implementación.