El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli, fue convocado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para ser interpelado por el conflicto con la gasolina, luego de que se denunciaran falta de controles sobre su calidad y cuestionamientos sobre el proceso de adquisición por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La convocatoria genera posiciones encontradas. Diputados de la fuerza opositora Libre y algunos miembros del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) buscan sumar fuerzas para pedir su censura por lo que consideran una falta de “capacidad” para resolver la crisis de los combustibles, mientras que otros lo interpretan como un acto político para desestabilizar al Gobierno.
Este encuentro está previsto en horas de la mañana y es la segunda convocatoria que se hace a Medinaceli, quien no asistió a una petición de informe oral en febrero. “Vamos a confiar en su buena fe; caso contrario, vamos a exigir su inmediata destitución”, advirtió la diputada Patricia Patiño, en una conferencia de prensa sobre la comparecencia de Medinaceli.
En paralelo, el Senado conformó una comisión especial para investigar la contaminación del combustible, el recorrido que sigue desde su importación hasta la distribución y establecer responsabilidades. La comisión fijó un plazo de tres meses para presentar un informe final.
El conflicto inició hace más de dos meses cuando surgieron denuncias por la presunta mala calidad de la gasolina, que estaba generando daños mecánicos en los vehículos. En febrero, YPFB admitió que se había distribuido combustible contaminado con residuos de goma y manganeso y anunció que se inyectarían detergentes y aditivos especiales para mejorar su calidad.
Adicionalmente, se creó un seguro de resarcimiento de daños que, según la estatal petrolera, benefició a cerca de 3.000 usuarios hasta el 31 de marzo.
Las explicaciones del Ejecutivo han sido diversas. Inicialmente informaron que se había contaminado el combustible por residuos en los tanques heredados de la gestión anterior y luego revelaron la existencia de una red de “sabotaje” interna que nunca se explicó técnicamente, pero que llevó al presidente Rodrigo Paz a ordenar la militarización de las plantas de refinamiento para custodiar toda la cadena de procesamiento y distribución.
La semana pasada, el presidente informó que se había identificado una red internacional de robo y adulteración del combustible, que mezclaba diésel y gasolina con agua y aceite antes de ingresar al país desde Chile, a donde llega el carburante importado.
La denuncia señala que algunas cisternas de la estatal YPFB sustraían de forma ilegal más de 1.000 litros de los casi 33.000 que eran abastecidos en Chile, y que luego los rellenaban con agua y aceite. Entre octubre de 2025 y marzo de este año, 5.000 camiones habrían realizado ese proceso.
Entre medio surgieron cuestionamientos sobre los contratos de importación de combustible y se despidió al presidente de la estatal petrolera, Yussef Akly, que fue sustituido por Claudia Cronnebold, una exfuncionaria de Petrobras.
A pesar de la inyección de aditivos, el resarcimiento de daños, las revelaciones sobre adulteración del combustible y los cambios en las cabezas del sector, el conflicto parece estar lejos de culminar. En las últimas semanas, el país ha registrado bloqueos y medidas de protesta en demanda de soluciones estructurales luego de que se registraran más de 10.000 denuncias formales por daños provocados por la “gasolina desestabilizada” ante YPFB.
Varios sectores sociales, como la Central Obrera Boliviana (COB), mineros y transportistas, han advertido al Gobierno con masificar las medidas de presión en caso de que la administración de Rodrigo Paz no cumpla con sus requerimientos.
