La Corte de Apelaciones de Nueva York ordenó que transiten por apelaciones paralelas las dos sentencias dictadas la semana pasada por la jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan Loretta Preska por el caso YPF: la que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera en manos del Estado a los beneficiarios del fallo por la expropiación y a los bonistas de la deuda en default que no ingresaron a la reestructuración del 2016. Así lo informó este viernes Sebastián Maril, especialista en el caso y CEO de Latam Advisors.
Es por esa orden que el país enfrenta cuatro apelaciones paralelas por el caso YPF en la Corte de Apelaciones. En paralelo, el Gobierno argentino advirtió que está dispuesto a llevar el reclamo a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
“La operación primaria es la apelación que hizo el gobierno de Alberto Fernández en 2023 contra el fallo que obliga a pagar USD 16.000 millones y la secundaria es la presentada por la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) que busca que se desestime el caso por corrupción en el proceso de nacionalización. Las otras dos son las sentencias de la semana pasada que obligan al país a entregar las acciones de la empresa”, detalló Maril.
El Gobierno argentino ya fue condenado en septiembre de 2023 a pagar más de USD 16.000 millones en el juicio principal iniciado por Burford Capital, que compró los derechos de los demandantes originales. La sentencia de Preska determinó que Argentina incumplió con la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) a todos los accionistas minoritarios luego de nacionalizar el 51% de la compañía.
En octubre de ese año, la gestión de Alberto Fernández presentó la llamada operación primaria, que buscó frenar la ejecución de ese fallo millonario que acumula más de USD 1.000 millones en intereses. Esa maniobra intentó postergar los pagos y ganar tiempo mientras se negociaba una salida menos costosa para el Estado argentino. En paralelo, surgió la operación secundaria, impulsada por la ONG estadounidense Republican Action for Argentina. Esta organización planteó que el caso debía desestimarse por supuestas irregularidades y hechos de corrupción vinculados al proceso de expropiación de la petrolera.
A estos dos expedientes se sumaron la semana pasada dos nuevos fallos de Preska. Uno de ellos beneficia a los mismos acreedores del juicio original liderado por Burford Capital, reforzando su posición legal y las posibilidades de ejecución de la condena monetaria. El otro fallo favoreció al fondo Bainbridge Fund, un demandante diferente pero con un reclamo que involucra a las acciones de YPF. Bainbridge Fund se presentó en los tribunales estadounidenses como parte de un grupo de acreedores conocidos como holdouts y reclama la cesión de activos específicos de la petrolera para saldar deudas impagas del Estado argentino.
El fallo de Preska también complica los planes del Gobierno argentino en el plano internacional. La gestión de Javier Milei busca mostrar señales de previsibilidad y respeto por la ley para restablecer la confianza de los mercados. Las sentencias adversas en Nueva York impactan negativamente en esa estrategia y elevan la presión sobre las reservas internacionales, que siguen siendo un punto sensible de la política económica.
En paralelo, la República Argentina presentó este jueves por la tarde dos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, en los que menciona la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si no suspende, antes del 14 de julio, el fallo de primera instancia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación del 2012.
Así consta en los escritos presentados por los abogados del país en la Corte de Apelaciones a los que accedió Infobae en exclusiva. “El gobierno continuará defendiendo la soberanía nacional en todas las instancias posibles”, dijeron fuentes oficiales.
“Tener cuatro operaciones paralelas en la misma corte, por el mismo caso, es un papelón. Estamos utilizando los recursos de los contribuyentes nuestros y de los norteamericanos. Todo esto demanda tiempo, tiempo, horas, papeles, documentos, fotocopias, traducciones, abogados, de los mejores abogados y más caros, es decir, esto está costando muchísima plata a ambos países”, sostuvo Maril.
Sin embargo, el camino hacia la Corte Suprema resulta largo e incierto, ya que el máximo tribunal suele elegir solo un número muy limitado de casos por año y podría desestimar la solicitud de revisión.
El requerimiento se hizo en la Corte de Apelaciones sin esperar la definición de Preska sobre el pedido de “stay”, una solicitud realizada días atrás por el equipo legal del Gobierno para suspender la ejecución del fallo mientras avanza la revisión del caso. El documento, registrado en los expedientes iniciados porBurford CapitalyEton Park, fue firmado por el estudioCleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa al país.