El tribunal del Segundo Circuito de Nueva York abordó nuevamente el reclamo en la causa paralela vinculada al juicio por la expropiación de YPF, donde Burford Capital, el fondo demandante y principal beneficiario del fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, intenta establecer si empresas como la petrolera, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación operan como “alter ego” del gobierno argentino. En caso de que el Estado nacional no entregue la información requerida en los próximos días, podría caer en desacato.
La audiencia del 4 de noviembre de 2025, presidida por Preska, giró en torno a la falta de entrega de chats y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios. El procedimiento discurre en paralelo a la causa principal, que ya atravesó la resolución de primera instancia y se encuentra pendiente de apelación.
La magistrada Preska exigió que la Argentina informe antes del 10 de noviembre de 2025 cuáles funcionarios participarán en la remisión de sus comunicaciones, tanto actuales como exintegrantes del Estado, incluyendo a Luis Caputo y Sergio Massa. Extendió el plazo para la presentación de los documentos hasta el 21 de noviembre, y resaltó que el requerimiento cubre mensajería por canales no oficiales como WhatsApp, Signal y redes sociales.
En la sesión judicial, los representantes de los demandantes argumentaron que la República Argentina incumplió por completo la orden previa de recopilación y entrega de comunicaciones digitales. Según expusieron, ningún custodio aportó documentos ni colaboró en la preservación de evidencia. Por su parte, la defensa reconoció que hasta ese momento no había contactado a los posibles custodios, y que sólo ahora inició gestiones para obtener su cooperación. La jueza tomó nota de ese retraso y advirtió sobre un “discovery sobre el discovery” en caso de persistir la falta de resultados, método destinado a investigar si se cumple de forma adecuada con la producción de evidencia.
De acuerdo a la versión consignada por la propia corte y validada por la transcripción de la audiencia, la defensa argentina se comprometió: “Antes del 10 de noviembre enviaremos el listado de quienes van a colaborar. Si logramos acceso a los dispositivos, la producción de documentos empezará antes del 21 de noviembre”. Esta promesa llevó a la magistrada a recalcar que la producción de material debía ser sustancial, bajo la amenaza de habilitar una nueva fase de inspección, como solicitaron los demandantes.
El debate incluyó la preservación de evidencia digital. Los demandantes plantearon su preocupación porque las notificaciones remitidas a los custodios argentinos no mencionaron expresamente servicios de mensajería instantánea ni redes sociales. “Las notificaciones deben ser actualizadas y contemplar específicamente WhatsApp, Signal y otras plataformas”, requirió Preska, fijando como tope el fin de semana posterior a la audiencia para que la defensa emitiera una nueva comunicación dirigida a todos los involucrados.
Durante el proceso, la defensa admitió que no podía garantizar que los custodios conservaron los mensajes. El propio equipo legal del país precisó ante la jueza que dependía “de la voluntad de colaboración” de cada uno de los 35 funcionarios y exfuncionarios contactados. Explicaron que se limitaban a solicitar que entregaran dispositivos y preservaran sus conversaciones privadas, pero sin certeza sobre la existencia o integridad de los registros exigidos por los demandantes.
El riesgo de sanciones sobrevoló la audiencia. Los demandantes solicitaron a la jueza que, si el Estado argentino no logra entregar la documentación en la fecha prevista, se convoque una audiencia por desacato. La jueza Loretta Preska no ordenó la medida de modo inmediato, pero manifestó que esa posibilidad permanece abierta si no percibe avances sustanciales. Una frase textual de la jueza quedó plasmada en la audiencia: “Si no hay producción sustancial, quedará habilitado el discovery sobre el discovery para investigar el cumplimiento efectivo”.
El contexto de este proceso recobra relevancia por la sentencia originada en septiembre de 2023, cuando Preska condenó a la República Argentina a pagar 16.000 millones de dólares a los demandantes, a causa de la expropiación de YPF. También en julio de 2025, la jueza requirió que una parte del fallo se cumpliera a través de la entrega de acciones de la petrolera. La batalla legal se tornó más compleja al abrirse este caso alternativo o “paralelo”, que explora la figura del “alter ego”, clave para identificar activos argentinos susceptibles de embargo.
El proceso de discovery en esa causa busca elementos que permitan certificar si YPF, el BCRA, Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación tienen estructuras jurídicas y financieras tan entrelazadas al Estado argentino que permitan tratarlas como una sola persona jurídica a efectos de responsabilización y eventuales ejecuciones de sentencia.
La defensa argentina formalizó su apelación ante la orden de entregar material digital y presentó los plazos procesales que extienden la disputa al menos hasta enero de 2026, plazo en que la Cámara definirá si confirma o revoca las órdenes de primera instancia. Mientras tanto, la presión para la obtención de documentos funciona como una herramienta a favor de los demandantes en la búsqueda de activos para embargar.
Además de los plazos y nuevas obligaciones procesales, la audiencia abordó el modo en que la Argentina propuso cumplir con el interrogatorio judicial a través de declaraciones 30(b)(6), figura que obliga a presentar testigos institucionales en representación del Estado. Los demandantes criticaron que el gobierno sólo propuso una abogada para abordar siete ejes complejos. La jueza Preska observó que ese enfoque no respetaba el espíritu de su orden, aunque dejó pendiente la discusión sobre sus posibles consecuencias, como consta en la transcripción.
El fondo Burford Capital reclama que la Argentina evadió la entrega de información relevante y sostiene que parte de la estrategia oficial es demorar los plazos y así demorar o impedir el cobro de la sentencia millonaria. “Si la Argentina no cumple con la entrega para el 21 de noviembre, pediremos que se declare el desacato”, anticiparon fuentes cercanas al caso, conforme figura en el material judicial disponible.
La solicitud para ampliar la preservación de evidencia digital refuerza el intento de los demandantes de incorporar todo canal electrónico posible, ampliando la frontera probatoria. La jueza explicitó: “Deben enviarse nuevas notificaciones de preservación que abarquen WhatsApp, Signal y todas las redes sociales”, según palabras recogidas en la transcripción de la audiencia judicial.
El foco de la investigación sigue puesto en si YPF y organismos como el BCRA actúan de hecho bajo la directiva exclusiva del gobierno argentino, elemento central para fundamentar el “alter ego”. La obtención de mensajes, correos y registros digitales adquirió un valor relevante porque puede demostrar la permeabilidad entre la administración estatal y las decisiones de las entidades involucradas.
Mientras tanto, la causa principal sigue en fase de apelación, a la espera de que la Cámara de Nueva York resuelva los recursos interpuestos, según se describió en la última nota publicada antes de la reciente audiencia, con detalles sobre los argumentos presentados por la Argentina y las exigencias del fondo reclamante.