En medio de la disputa judicial internacional vinculada al juicio por la compra de YPF, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante la Justicia de Estados Unidos un pedido formal para suspender el proceso de discovery que había iniciado el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y la moción de desacato presentada por Burford Capital.
Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la solicitud ante el juzgado que preside la jueza estadounidense Loretta Preska se realizó durante la madrugada de este miércoles. De esta manera, las autoridades nacionales buscarían frenar el “hostigamiento sistemático” impulsado por la firma de abogados, que fue beneficiada en la primera instancia del proceso. “Hasta acá llegaron”, indicaron a este medio.
“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, consideraron sobre las estrategias de litigio impulsadas por Burford Capital para cobrar los USD 16.000 millones de dólares establecidos en el fallo que la mala expropiación de la empresa petrolera.
En las últimas semanas, la controversia escaló cuando la empresa litigante solicitó no solo la moción de desacato sino también información detallada sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Horas antes de que se enviara el pedido de suspensión, la Procuración del Tesoro de la Nación había respondido a la Justicia estadounidense que estas reservas “son propiedad del Banco Central” y “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.
Aunque desde el Gobierno enviaron una solicitud para poder acceder a la información requerida, advirtieron que la decisión quedaría sujeta al BCRA. Asimismo, reiteraron que “la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa”.
Según el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, también se hizo expreso el rechazo al pedido de los beneficiarios, para que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar sobre la ubicación y uso de las reservas de oro nacionales.
Según la Procuraduría del Tesoro de la Nación, “el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”. A pesar de esto, desde Buford Capital sostuvieron que habría faltantes informativos, tras no haberse adjuntado las conversaciones privadas de los funcionarios actuales y de la anterior gestión.
Fue así que la empresa británica utilizó ese detalle como un argumento, para pedir que el país fuera declarado en desacato. Frente a esto, las autoridades nacionales denunciaron que los demandantes intensificaron sus reclamos con pedidos “cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.
Por este motivo, los representantes legales de la Argentina acusaron a la firma de abogados de transformar el discovery en una herramienta de presión política y judicial. “El discovery impulsado se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”, afirmaron.
En línea con esto, desde la Procuración del Tesoro de la Nación acusaron públicamente a la contraparte de haber manifestado “de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”. Por esto, definieron esta actitud como “inaceptable jurídica y moralmente”, tras indicar que el único fin sería adelantar el pago de la cifra millonaria, pese a que el proceso todavía estaría bajo revisión.
Por último, la Procuración del Tesoro reafirmó su compromiso de “continuar ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional”.
Mañana, ambas partes se presentarán en una audiencia, que había sido pactada previo al pedido de desacato de Burford Capital. Desde la Procuración aseguraron que la postura argentina será más firme que nunca y que buscarán convencer a Preska, para evitar que siga dando lugar a las solicitudes de la firma británica.
Respecto al margen de actuación de los beneficiados con el primer fallo, se confirmó que tendrán la posibilidad de hacer un nuevo descargo en respuesta el 19 de febrero. Así, las fuentes oficiales evaluaron la posibilidad de que se creen nuevas aristas en el caso, que podrían ser tratadas hacia finales de marzo.