La jueza Loretta Preska, que condenó en primera instancia al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por expropiar mal a YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta, ordenó la semana pasada que, en el contexto de esa extensa causa, el Gobierno entregue chats, correos electrónicos y otros documentos de los dos últimos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa, que podrían estar vinculados con la demanda.
Es parte de lo que se considera “discovery” en uno de los capítulos de la causa: demostrar el “alter ego”, o que la empresa y el Estado “son lo mismo”, que no existe separación, que la empresa no es independiente. Detrás está el objetivo de Burford Capital, el principal beneficiario del fallo multimillonario –una causa “madre” que también está apelada en otra instancia– de poder embargar activos para cobrar la deuda.
La semana pasada, el Gobierno argumentó que la orden viola las leyes de Argentina y EEUU y, en ese contexto, hoy le solicitó formalmente a la magistrada que revea la orden de recolectar y entregar “comunicaciones y documentos almacenados en dispositivos, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería personales de ciertos funcionarios actuales y anteriores”.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el ente que comanda Santiago Castro Videla y desde donde se lleva adelante la defensa (junto a importantes estudios de abogados de EEUU) destacaron que se pidió una audiencia para presentar una moción de reconsideración.
“En su carta, la República argumenta que el tribunal pasó por alto una cuestión previa fundamental: bajo el derecho estadounidense, solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en ‘posesión, custodia o control’ del requerido, y la República Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios”, dijeron desde la PTN.
Y destacaron que “según el derecho argentino, dichos elementos son propiedad inviolable de sus titulares, y que ni siquiera el propio gobierno argentino tiene acceso a ellos. Por lo tanto, solicita que se reconsidere la orden, al no haberse demostrado el requisito de control exigido por la norma aplicable”.
“Los demandantes no demostraron que Argentina tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los actuales funcionarios del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de exfuncionarios. Por el contrario, la legislación argentina establece claramente que ‘son propiedad exclusiva de sus dueños’, no del gobierno como empleador. La Constitución Argentina (artículos 17-19) y su Corte Suprema declaran dicha propiedad privada ‘inviolable’ en ausencia de una sentencia contra un propietario individual”, detalló el escrito.
Hubo también otra presentación. Una segunda carta en la que se le solicitó a la jueza una audiencia preliminar para presentar una moción tendiente a aclarar o reconsiderar su orden que impide al Estado oponerse a pedidos de discovery posterior al dictado de sentencia con base en la irrelevancia de ciertos activos para la ejecución.
“La República Argentina sostiene que el tribunal ha pasado por alto que, conforme al precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente ejecutables, y que permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese criterio. La República argumenta que debería poder resistir pedidos que no pueden conducir a la identificación de activos ejecutables y solicita una aclaración urgente para encauzar las negociaciones entre las partes y evitar discovery abusivo”, se explicó.
ONG
Ayer, a última hora, se presentaron escritos en otro carril sobre los que transcurre esta causa: la presencia de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG), quien pidió que se revoque el fallo porque quieren que se investigue el caso desde antes, desde la nacionalización de la empresa.
Tanto la Argentina como Burford creen que la ONG puede terminar complicando y demorando todo. Argentina dice que no es procedente revisar el caso en los términos pedidos y Burford, claro, no quiere saber nada con que se analice la anulación de una condena de la que ya es beneficiario.
“Nos preocupa que demore el proceso y no creemos que puedan ayudar, la verdad. A veces por querer dar una mano, se puede terminar complejizando todo. Por el resto, no hay problemas que se investigue todo lo que se deba investigar en este caso, lo que no queremos son frenos ni demoras a la defensa que se está llevando adelante”, destacaron fuentes oficiales.
En marzo, la jueza ya le había denegado a RA4ARG el derecho a intervenir en la causa, como ésta apeló, ahora las partes volvieron a presentar argumentos en su contra.