“Se hizo todo conforme a derecho. No importa mucho lo que opine Ritondo o lo que opine Olmos”, afirmó Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación. El dirigente encabezó este lunes la asunción de los nuevos auditores generales, votados la semana pasada en el Congreso en medio de una polémica con el PRO.
Con esta toma de posesión de sus cargos, el Colegio de Auditores Generales alcanza el quórum necesario para funcionar y ejercer la tarea de control externo del Sector Público Nacional, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional y las leyes que regulan el sistema de control público.
El funcionario remarcó que el acto realizado “cumplió con la formalidad de toma de posesión de los cargos” y que los auditores “juraron ante la Cámara que los designó, la Cámara de Diputados, en la sesión del 17 de diciembre”. Según Olmos, “ya está constituido el Colegio de Auditores y ya se puede empezar a funcionar”, lo que consideró “una buena noticia para el sistema institucional, porque se pone en funcionamiento algo que es fundamental en la República, que es el control de los actos de gobierno”.
Las declaraciones se produjeron en medio de la polémica desatada tras la presentación del bloque de diputados del PRO, cuyo presidente Cristian Ritondo impugnó la designación de los nuevos auditores. El PRO acudió a la justicia con un recurso de amparo en el que denunció que el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti “fue abiertamente inconstitucional”. El partido alegó que la designación se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias según el artículo 63 de la Constitución Nacional y subrayó que el decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema.
Consultado sobre las objeciones de Ritondo y la judicialización de la designación, Olmos fue tajante: “Lo que diga un particular, en este caso el diputado Ritondo, que peticiona ante la justicia… pide la inconstitucionalidad de una resolución de la Cámara de Diputados. Si todos los diputados, cuando pierden una votación, van a la justicia, se judicializaría todo lo que produce la Cámara de Diputados o el Congreso”. Y precisó que “el control de constitucionalidad en la República Argentina lo hacen los jueces”.
El auditor explicó además las diferencias entre actos legislativos y actos propios del Congreso: “El Congreso sesiona en sesiones ordinarias del 1.º de marzo al 1.º de diciembre y después funciona con sesiones extraordinarias que fija el Poder Ejecutivo para tratar leyes. En este caso, no es una ley lo que se votó, es una resolución del cuerpo, que no puede ser vetada, que no forma parte del proceso de formación y sanción de las leyes, sino que es un acto propio de la Cámara de Diputados, porque la Auditoría General de la Nación es un órgano técnico del Congreso”.
Añadió: “El Congreso dispone sus actos propios y no necesita habilitación del Poder Ejecutivo para cuestiones como la jura de un diputado o la constitución del Colegio de Auditores”.
Sobre el funcionamiento de la AGN, Olmos aclaró: “El Colegio de Auditores está conformado por siete miembros. Tres representantes de la Cámara de Diputados, tres de la Cámara de Senadores y el presidente, que es designado a propuesta del partido político opositor”. Señaló que, aunque aún falta la designación de los tres auditores por parte del Senado, “se puede sesionar porque hace falta un quórum de la mitad más uno y habiendo tres representantes de la Cámara de Diputados y el presidente, somos cuatro los auditores. Podemos empezar a trabajar”.
Al referirse al retraso en la aprobación de informes, sostuvo: “Más que atrasado, lo que estuvo es sin funcionar el Colegio de Auditores, que es el que aprueba los informes de auditoría. La auditoría siguió funcionando solo con el presidente todo este año. Se produjeron informes, pero no se podían aprobar. Ahora que tenemos el Colegio de Auditores constituido, podemos empezar a aprobar los informes”.
Olmos recordó que las auditorías “se hacen año vencido, es decir, se auditan ejercicios presupuestarios anteriores”. Y advirtió: “El sistema de control estaba debilitado porque no estaba constituida la auditoría, pero además porque llevamos dos años, 2024 y 2025, sin ley de presupuesto”.
El auditor concluyó que, aunque espera que el Congreso de la Nación apruebe el presupuesto 2026 “para poder trabajar”, recién “se va a auditar en 2027”. Además, remarcó que “todavía tenemos auditorías del Gobierno anterior, del periodo 2019 al 2023, y las auditorías que comenzaron del periodo del Gobierno de Javier Milei, 2024 y 2025”.