El presidente Javier Milei encabeza este sábado el acto oficial de entrega del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo en la ciudad santafesina de San Lorenzo, donde el 3 de febrero de 1813 las fuerzas independentistas rioplatenses (argentinas), al mando del Libertador, vencieron a las tropas realistas de la milicia urbana de Montevideo.
El sable de San Martín fue retirado durante la mañana de este sábado del Museo Histórico Nacional durante la mañana de este sábado. Horas después, llegó al histórico Convento de San Lorenzo, a la espera de la entrega al Regimiento de Granaderos.
El sable corvo, que volvió a San Lorenzo por primera vez desde aquella gesta, estará luego en exposición en el Regimiento en Ciudad de Buenos Aires bajo custodia del Estado.
Antes de las palabras del mandatario se realizó una ceremonia que consistió en la reconstrucción presica del combate de 1813. Hubo tropas uniformadas de época, movimientos coreografiados y formaciones que reprodujeron las maniobras originales.
Luego de la entrega y las palabras del Presidente, la ceremonia continuará con un desfile de granaderos, acompañados por la Fanfarria del Alto Perú, la única banda militar montada de la Argentina y una de las pocas en el mundo con ese formato.
Interpretarán marchas y piezas tradicionales mientras se despliega el dispositivo de desfile con tropas, formaciones a caballo y la participación de gauchos de agrupaciones tradicionalistas de distintas provincias.
El decreto que formalizó el traspaso establece que el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” asumirá la custodia exclusiva del sable. Según el texto oficial, la medida busca fortalecer la seguridad y protección de un símbolo nacional, garantizar su conservación y asegurar una administración responsable del patrimonio histórico.
En los fundamentos, el Ejecutivo recuerda que el sable fue objeto de dos “robos” (que en el peronismo consideran “secuestros”), en 1963 y 1965, protagonizados por integrantes de la Juventud Peronista y organizados para “recuperar el ánimo de la militancia”, como contó en más de una oportunidad uno de los ejecutores del “secuestro” de 1963, Osvaldo Agosto, en una época en la que el peronismo estaba proscripto.
Tras ser recuperado, fue restituido al Ejército en 1966 y, un año después, mediante el decreto 8756/1967, quedó en el Regimiento, donde permaneció hasta 2015. Recién ese año, por decisión de la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, regresó al Museo Histórico Nacional.
El Gobierno sostiene que durante esos 48 años bajo custodia militar no se registraron objeciones formales por parte de los herederos de la familia Rosas ni cuestionamientos judiciales relevantes. Para la Casa Rosada, ese antecedente refuerza la legitimidad de la decisión actual.
El decreto también invoca el artículo 99 de la Constitución Nacional, que faculta al Poder Ejecutivo a administrar los bienes del Estado, y subraya que la medida apunta a “honrar la historia” y “reafirmar la soberanía, la independencia y la libertad” como principios rectores.
En las semanas previas al acto, descendientes de Máximo Terrero y Manuela Rosas —familiares directos de Juan Manuel de Rosas— presentaron una acción judicial para frenar el traspaso, argumentando que se vulneraba el “destino del bien” establecido al momento de la donación al Estado.
El expediente recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez quien, pocos días antes del acto, desestimó la medida interina solicitada por los demandantes, que pretendía suspender el traslado de manera inmediata.
En su resolución, Marra Giménez sostuvo que, en esta etapa inicial, no se encontraba acreditada la existencia de un “cargo” jurídico vinculante que obligara al Estado a mantener el sable exclusivamente en el Museo Histórico Nacional. También indicó la falta de documentación suficiente para probar el vínculo directo de algunos demandantes con la familia Rosas.
“El estado inicial del proceso no reúne los requisitos legales aptos para hacer lugar a lo requerido”, afirmó el fallo, al rechazar la suspensión provisoria. No obstante, la jueza habilitó la investigación de fondo y dejó abierta la posibilidad de revisar la legalidad de la decisión en etapas posteriores.
Como parte de esa investigación, ordenó al Regimiento de Granaderos que, en un plazo de cinco días, informe el destino preciso del sable dentro del cuartel, las medidas de seguridad adoptadas para su conservación y los criterios de exposición pública.
La magistrada recordó que la donación original expresaba el deseo de que el sable estuviera depositado en el museo, pero no imponía una obligación formal que limitara al Poder Ejecutivo. Remarcó que los actos administrativos “se presumen legítimos” mientras no se demuestre lo contrario en sede judicial.
Los descendientes de Rosas sostienen que el traslado afecta el derecho colectivo de acceso al patrimonio cultural. Mercedes Terrero, una de las firmantes de la demanda, calificó públicamente la decisión presidencial como “completamente errada” y advirtió sobre el riesgo de restringir el acceso ciudadano a la pieza.
En paralelo al trámite judicial, el propio Regimiento de Granaderos difundió un comunicado en redes sociales anunciando que el sable podrá ser visitado por el público. “¡Vení a visitar el sable del Libertador! A partir de este domingo 8 de febrero, desde las 11 h, te esperamos en el histórico Cuartel de Palermo”, indicaron. También informaron que estará abierto de miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.