El Parlamento de Italia aprobó este martes una ley histórica que introduce el delito de femicidio en el Código Penal, imponiendo la prisión perpetua como castigo máximo para quienes asesinen a una mujer por “odio, discriminación o por actos de control, posesión o dominio por razón de género”, o como represalia por una negativa a mantener o proseguir una relación afectiva. La decisión, respaldada con 237 votos por la mayoría de centroderecha y la oposición de centroizquierda en la Cámara de Diputados, coincidió con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, efeméride proclamada por la Asamblea General de la ONU.
La normativa, promovida por el gobierno conservador de Giorgia Meloni, responde a una ola de homicidios y crímenes de violencia dirigida contra mujeres en Italia, entre ellos el asesinato de la universitaria Giulia Cecchettin en 2023, hecho que provocó una amplia reacción social y encendió el debate sobre la raíz cultural patriarcal de la violencia de género. El Instituto Nacional de Estadísticas (ISTAT) contabilizó 106 feminicidios en 2024, 62 de ellos cometidos por parejas o exparejas.
“La aprobación de esta ley es una señal importante de unidad en la política contra la barbarie de la violencia contra las mujeres”, afirmó Meloni el martes. Según sus declaraciones, “hemos duplicado los fondos para centros y refugios de atención contra la violencia, promovido una línea de emergencia e implementado iniciativas educativas y de concientización innovadoras. Estos son pasos concretos, pero no nos detendremos aquí. Hay que hacer mucho más, todos los días”.
El texto modifica el artículo 577 del Código Penal para definir el feminicidio como una modalidad específica de homicidio y contempla agravantes asociadas al odio, la discriminación y los actos de dominio. Entre las medidas añadidas, la ley destina mayores fondos a casas refugio, extiende la protección legal para huérfanos de feminicidio y amplía los criterios de acceso a indemnizaciones. Además, obliga al ministro de Justicia a comparecer anualmente ante el Parlamento para analizar la situación de la violencia contra las mujeres en el país.
Aunque la oposición de centroizquierda dio su voto favorable, llamó la atención sobre la naturaleza penal de la ley. Según la líder del Partido Democrático, Elly Schlein, “la represión no es suficiente sin prevención, que solo puede comenzar en las aulas”. Schlein subrayó que “Italia es uno de solo siete países de Europa donde la educación sexual y de relaciones no es aún obligatoria en las escuelas, y estamos pidiendo que sea obligatoria en todos los ciclos escolares”.
La coalición gobernante, por su parte, ha presentado una propuesta para prohibir la educación sexual y afectiva en primaria y exigir consentimiento explícito de los padres en secundaria, argumentando que pretende así preservar a los menores de “activismo ideológico”. Este enfoque ha sido cuestionado por partidos opositores y activistas, quienes tildan la medida de “medieval”.
(Con información de AP/EFE)