El régimen iraní admitió este miércoles que al menos 3.117 personas murieron durante las protestas que estallaron a finales de diciembre, pero activistas y organizaciones de derechos humanos advierten que la cifra real podría ser considerablemente más alta.
El anuncio, realizado por la Fundación de Veteranos y Mártires y transmitido por la televisión estatal, representa el primer reconocimiento oficial de la magnitud de la violencia, aunque los datos han sido rápidamente puestos en duda por observadores independientes.
El movimiento de protestas, impulsado inicialmente por el descontento económico, derivó en una ola nacional de huelgas y manifestaciones que desafió abiertamente a la teocracia instaurada tras la revolución de 1979.
Según el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Akbar Pourjamshidian, 2.427 de los fallecidos son considerados “mártires”, tanto civiles como miembros de las fuerzas de seguridad. Otros 690, según la versión oficial, fueron catalogados como “terroristas, alborotadores y atacantes de instalaciones militares”.
Sin embargo, fuentes independientes insisten en que el régimen iraní tiene un largo historial de subestimar el impacto de la represión estatal. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, advirtió que “todas las pruebas disponibles apuntan a que el verdadero número de muertos durante las protestas es mucho más alto”.
Según Amiry-Moghaddam, si se aplica el mismo patrón de ocultamiento que el régimen ha seguido en otros contextos, como las ejecuciones, el balance podría alcanzar o incluso superar las 25.000 víctimas fatales.
“Las evidencias que tenemos señalan de forma consistente la responsabilidad del Estado: los manifestantes fueron atacados con fuego real por parte de las fuerzas de seguridad y sus aliados, incluyendo el uso de ametralladoras pesadas”, declaró Amiry-Moghaddam.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, elevó el número de muertos verificados a 4.560, aunque reconoció que la cifra podría ser mucho mayor dada la dificultad para recopilar información en un país bajo un estricto apagón de internet.
El régimen iraní ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad, insistiendo en que los disturbios fueron provocados por “elementos terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel. Pero organizaciones como Amnistía Internacional han documentado el uso deliberado de munición real y disparos a los ojos de los manifestantes desde tejados y posiciones elevadas, así como la represión contra mujeres y menores. El grupo Hengaw, también con sede en Noruega, confirmó la muerte de al menos 42 mujeres a manos de las fuerzas estatales.
La falta de acceso a información independiente sigue siendo uno de los principales obstáculos para saber el alcance real de la represión. El grupo monitor Netblocks ha documentado más de 300 horas de apagón total de internet y telefonía desde el 8 de enero, lo que dificulta la comunicación tanto dentro como fuera del país. Videos que han logrado salir de Irán muestran morgues saturadas, cuerpos con heridas de bala y familiares intentando identificar a los muertos en condiciones caóticas.
Las protestas, que comenzaron por el alza del costo de vida y la crisis económica agravada por las sanciones internacionales, pronto se transformaron en un desafío frontal al liderazgo clerical. La respuesta del régimen fue desplegar fuerzas policiales y militares en las principales ciudades, cortar las comunicaciones y lanzar ataques directos contra los manifestantes.
“El mundo está observando”, advirtió Mahmood Amiry-Moghaddam, quien pidió a la comunidad internacional mecanismos para proteger a los civiles iraníes y sancionar a los responsables de la represión.
En paralelo, las tensiones con Estados Unidos han escalado. El canciller iraní Abbas Araqchi advirtió en un artículo en The Wall Street Journal que “si Irán es atacado, responderá con toda su fuerza”, mientras el presidente Donald Trump reiteró que cualquier agresión iraní recibirá una respuesta “fulminante”.
Mientras las autoridades iraníes intentan cerrar el capítulo de las protestas y responsabilizan a “enemigos externos”, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos insisten en que la violencia estatal no puede quedar impune. El verdadero costo humano de la represión podría tardar semanas o meses en conocerse, pero ya supera cualquier episodio similar en las últimas décadas del país.
(Con información de AFP y EFE)