Panamá puso en marcha el proceso formal de integración de los servicios de salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), una reorganización estructural que busca cambiar la forma en que se presta la atención médica pública en el país.
La instalación de una comisión técnica marca el inicio de una etapa que, según las autoridades, no parte de cero, sino de meses de trabajo previo orientado a unificar servicios, redistribuir funciones y aprovechar la infraestructura existente.
“El acto de hoy es simbólico, pero este equipo ha estado trabajando duro desde hace buen tiempo”, afirmó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, al explicar que la integración implica una modificación profunda del modelo de atención.
“No es fácil porque es una transformación completa de cómo se atiende a nuestro pueblo”, sostuvo.
El proceso apunta a corregir una ineficiencia histórica: durante décadas, Panamá ha operado con dos redes públicas paralelas que, en muchos casos, duplican servicios a escasa distancia.
Mientras una instalación cuenta con especialistas o equipos disponibles, otra debe iniciar procesos de contratación, compra y adecuación para ofrecer exactamente lo mismo, con el consiguiente aumento de costos y tiempos de espera.
La implementación del proceso de integración comenzará en la región de Azuero, conformada por las provincias de Herrera y Los Santos.
En esta zona se pondrá en marcha el modelo de coordinación entre el Minsa y la CSS, con el objetivo de evaluar su funcionamiento a nivel regional antes de avanzar hacia otras áreas del país.
La integración no supone la desaparición del Minsa ni de la CSS, ni una fusión administrativa. Se trata de una coordinación funcional que permitirá compartir servicios, especialistas e instalaciones, independientemente de si el paciente es asegurado o no.
“De eso se trata”, explicó Boyd Galindo. “Que se puedan utilizar todas las instalaciones, no importa dónde esté el paciente, si es asegurado o no”.
Uno de los puntos que las autoridades han subrayado es el manejo financiero. El ministro insistió en que las compensaciones entre ambos sistemas serán claras. “Los costos nadie va a cargar a nadie. Cada uno tiene su gestión de cobros y cada uno paga lo que tiene que pagar”, afirmó, en referencia a los temores sobre posibles cruces de recursos.
La comisión técnica está integrada por equipos especializados que trabajan unidad por unidad y región por región, adecuando las estructuras de atención para responder a la demanda real de la población.
Este rediseño incluye la atención primaria como eje central del modelo, con el objetivo de acercar los servicios de salud a las comunidades y reducir la necesidad de que los pacientes recorran largas distancias para recibir atención básica.
Actualmente, la CSS atiende exclusivamente a pacientes cotizantes y a sus beneficiarios, mientras que el Minsa asume la atención de la población no asegurada.
Las autoridades han insistido en que la integración busca romper esa barrera operativa, permitiendo que un paciente sea atendido en la instalación pública más cercana o con mayor capacidad resolutiva, sin que su condición de asegurado determine el acceso inmediato al servicio.
Dudas
Sin embargo, el proceso ha generado resistencia y críticas. El principal cuestionamiento proviene de sectores sindicales, asociaciones de profesionales y exdirectivos vinculados a la CSS, que advierten que la integración podría abrir la puerta al uso de los fondos de la seguridad social para compensar déficits presupuestarios del Minsa.
Estos sectores sostienen que, aunque se hable de compensaciones claras, existe el riesgo de que los recursos provenientes de las cuotas de los trabajadores terminen financiando la atención de pacientes no asegurados, lo que consideran una desviación del propósito original de la CSS.
También señalan que la institución enfrenta ya presiones financieras propias, como el pago de pensiones, la mora quirúrgica y el costo creciente de medicamentos y tratamientos especializados.
Desde el punto de vista legal, algunos críticos recuerdan que la CSS goza de autonomía constitucional y que cualquier esquema de integración debe respetar estrictamente ese marco. A su juicio, una coordinación mal definida podría derivar en conflictos legales si se percibe una afectación al patrimonio de los asegurados.
Otro foco de inquietud está en el personal de salud. Médicos, enfermeras y administrativos han expresado preocupación por posibles cambios en las condiciones laborales, traslados entre instalaciones y redefiniciones de funciones.
Aunque las autoridades han reiterado que no se contemplan despidos ni pérdida de derechos adquiridos, la magnitud del cambio genera incertidumbre.
El Ejecutivo defiende la integración como una necesidad impostergable para mejorar la eficiencia del sistema, reducir la duplicidad de gastos y ampliar la cobertura efectiva. La apuesta es avanzar hacia un modelo en el que la atención se centre en el paciente y no en la institución que lo afilia, sin comprometer la sostenibilidad financiera de la CSS.
La instalación de la comisión marca apenas el inicio de un proceso complejo, que deberá demostrar en la práctica que es posible integrar servicios sin diluir responsabilidades ni generar tensiones financieras.
El desafío será convertir la coordinación técnica en mejoras tangibles para los pacientes, mientras se despejan las dudas sobre el uso de los recursos y se preserva la confianza en el sistema público de salud.