Una reunión del ejecutivo nacional con los gobernadores provinciales

El impuesto a los Ingresos Brutos, el caballito de batalla de las administraciones provinciales, un impuesto “en cascada” que pesa sobre los costos de producción mucho más de lo que insinúan sus diferentes alícuotas, sigue siendo el tributo que más impacta a las empresas argentinas, según surge de la undécima “Encuesta Anual” de impuestos de la consultora KPMG, que relevó a más de 80 especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de diversos sectores productivos y de servicios del país sobre temas como la presión fiscal, su impacto en los precios y en los planes de inversión.

La encuesta busca medir el impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas. En esta edición, el foco está puesto sobre lo ocurrido en 2025 y la perspectiva sobre inversiones, financiamiento y actividad para 2026, sobre lo que respondieron empresas medianos y grandes, de diversos sectores productivos y de servicios en tres bloques temáticos: 1) presión fiscal, y su incidencia sobre precios y planes de inversión, 2) rol de organismos administrativos y judiciales, y 3) Perspectivas 2026.

“Una vez más Ingresos Brutos lidera la lista de los que encarecen de manera determinante los precios de productos y servicios. La brecha que saca este gravamen por sobre los demás es muy elocuente. Este año superó el 60% contra un 54% del año pasado. Es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda, que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”, explica Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la encuesta.

Los principales resultados fueron los siguientes:

  • 60,81% dice que Ingresos Brutos sigue siendo el impuesto que más impacta en los productos y servicios que se venden.
  • 35,14% afirma que el marco fiscal obligó a desinvertir y el 60,81 que fue neutro.
  • La provincia de Buenos Aires sigue siendo la de mayor presión fiscal del país.
  • 83,78% posee saldos favor de diversa magnitud del impuesto sobre los ingresos brutos por impuesto pagado en exceso producto de la proliferación de regímenes de retención.
  • La Corte Suprema continúa obteniendo el más alto puntaje (6,24) en objetividad en materia fiscal.
  • El Ministerio de Economía es percibido como el mejor interlocutor a la hora de interesarse por problemáticas impositivas que afectan la actividad económica.
  • 57,97 % cree que la presión fiscal seguirá igual en 2026.
  • 81,16 % sostuvo que mantendrá sus inversiones.
  • 88,41% dijo que no advierten interés de las provincias en ofrecer incentivos impositivos para fomentar inversiones.
  • El replanteo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos es la iniciativa fiscal más votada para facilitar decisiones de inversión en Argentina. Le sigue la búsqueda de simplificación tributaria.
  • 88,41% no ve predisposición de las provincias en avanzar en reformas de leyes de coparticipación y gravámenes provinciales.

Aumento bruto

El rechazo empresario y profesional a de Ingresos Brutos, el tributo que más “recaudación propia” aporta a los fiscos provinciales, sigue aumentando: hace un año encabezaba, con un 54% de respuestas, la lista de tributos rechazados, proporción que este año creció el 61 por ciento. Más revelador aún que el rechazo al tributo provincial es cinco veces mayor al que cosechó el IVA, un impuesto nacional que lo escoltó muy lejos, con 12,16 por ciento.

Axel Kicillof y Verónica Magario, gobernador y vice del distrito fiscal más voraz del país

Peor aún, además de calificar a Ingresos Brutos como un impuesto distorsivo, que encarece “de manera determinante” los precios y servicios de las empresas, un 30% de los encuestados advirtió que el año pasado hubo aumentos de alícuotas. Por orden las jurisdicciones que más incurrieron en ese desaliento a la producción fueron, por orden, CABA, la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. “Aun siendo Ingresos Brutos el tributo mayormente identificado como nocivo para la actividad económica en los últimos años las autoridades fiscales siguen fijando nuevos aumentos”, destacó KPMG.

Prueba elocuente del “funcionamiento anómalo” de Ingresos Brutos es que solo un 16% de los contribuyentes consultados dijo tener saldos, mientras 84% de los consultados (2% más que el año pasado y 4% más que en 2023) sí tiene saldos a favor de impuestos provinciales de magnitudes diversas, lo que también significa un perjuicio financiero.

En cuanto al efecto de los impuestos sobre la inversión, una amplia mayoría de los encuestados (96%) dijo que el marco fiscal “los obligó a desinvertir o, en el mejor de los casos les permitió “mantener” las inversiones ya efectuadas”. Ergo, solo un 4% dijo haber desarrollado en 2025 algún plan de expansión de inversión, tres puntos porcentuales menos que hace un año.

Por provincias

Por jurisdicciones, ya no por el aumento de alícuotas de IIBB, sino por la presión impositiva total, el mayor desaliento tributario a la producción lo encabezó la provincia que encabezó el ranking de voracidad fiscal, considerada “la jurisdicción más gravosa” del país, con Misiones en segundo lugar y CABA completando el podio. Córdoba y Tucumán completan el Top 5.de angurria impositiva como confirman sucesivas encuestas. A su vez, Misiones y Tucumán son las provincias que, por su accionar fiscal, más restringen la oferta de bienes y servicios a sus residentes, como se reitera año a año.

Caputo, en una exposición ante ejecutivos de finanzas. Su Ministerio es reconocido como el más receptivo a los planteos empresarios
REUTERS/Agustin Marcarian

La opinión de empresarios, CEOs y tributaristas sobre la “objetividad” de organismos fiscales, sean del Poder Ejecutivo o del Judicial, se expresa en calificaciones del 1 al 10, como en una vieja libreta escolar. La Corte Suprema es la mejor calificada, pero tampoco descolla: su “nota” es 6,24, no mucho mejor que el 6,15 de ARCA. AGIP, la agencia fiscal porteña, se sacó un 5,55 y ARBA, la bonaerense, un 3,93, un claro bochazo, aunque menos vergonzoso que el de 3,56 de 2024.

Las empresas perciben una mejor disposición en el Ministerio de Economía y las agencias fiscales de nivel nacional que en las provinciales, al punto que al calificar de 1 a 10 la expectativa de futuras reducciones impositivas, el ámbito nacional obtiene un 7 y la mejor calificación subnacional es la de CABA, con 5. De todos modos, esas expectativas no son para este año, pese a lo cual el 81,2% de los encuestas sostuvo que mantendrá los planes de inversión y un 8,7% incluso las aumentará. Para mejorar la inversión, la opción más votada fueron la reducción de Ingresos Brutos, esperanza sin eco en los planes provinciales. Del mismo modo, casi un 90% de los encuestados no advierte ni predisposición ni viabilidad en el ámbito provincial para avanzar en reformar leyes de coparticipación y de gravámenes provinciales, en paralelo con una discusión de reforma tributaria nacional.