Un Tribunal de Apelaciones de Uruguay confirmó la imputación con prisión preventiva de tres personas que manejaban prostíbulos en el país, en los que se explotaba sexualmente a trabajadores y se comercializaba droga. Dos de ellos eran una pareja que son dueños de los locales y que también están siendo investigados en Perú por trata de niños, informó el diario uruguayo El País. En los allanamientos había cuatro niños oriundos de ese país.
El caso –informado por Infobae hace un mes– se dio a conocer tras una investigación que se originó hace tres años y se retomó en junio, cuando se comenzaron con acciones que derivaron en cuatro allanamientos simultáneos y órdenes de detención. Durante estas tareas se arrestaron a cinco personas y luego a otras cuatro en diferentes lugares.
Finalmente, seis personas fueron imputadas por este caso y se le impusieron medidas cautelares a tres de ellas y medidas limitativas a otras dos. Se les atribuye, según el caso, la presunta comisión de un delito continuado de proxenetismo, en reiteración real, con un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a título oneroso.
Ahora un Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la Justicia de primera instancia, luego de la apelación de los implicados.
Fueron cinco mujeres y cuatro niños los rescatados de redes de proxenetismo, trata de personas y explotación sexual en Montevideo. Una investigación de la Policía e Interpol permitió identificar que en prostíbulos de la capital uruguaya se privaba de libertad a las trabajadoras, se les retenían los celulares y se las amenazaba. Dos de los prostíbulos operaban bajo la administración de quienes están indagados por esta operación y se detectaron más de 60 víctimas.
Las mujeres además tenían que absorber “multas abusivas”, coacción y maltrato. Los responsables de estos prostíbulos también suministraban drogas.
Según la sentencia del Tribunal de Apelaciones citada por El País, en los locales nocturnos se comercializaba droga, tanto a los clientes como a las trabajadoras con el objetivo de que “rindieran más”, es decir, aumentar su explotación. De hecho, una de ellas llegó a realizar tres turnos seguidos: trabajó durante 24 horas sin parar. Durante los allanamientos se encontraron 50 dosis de cocaína en la casa de los dueños de los prostíbulos. Además, en la sentencia también consta que poseían armas y un trato intimidatorio hacia las víctimas.
Durante la audiencia de formalización de la investigación, la Fiscalía expresó que la pareja dueña de estos locales solía viajar a Perú, algo que dejaron de hacer porque también son investigados por trata en ese país. En los operativos fueron encontrados cuatro menores oriundos de ese país. La defensa de la pareja señaló que tenía la “intención de adoptarlos” y también que son hijos biológicos que tuvo a través de una “subrogación de vientre”.
Al presentar la argumentación para apelar la medida de primera instancia, los abogados argumentaron que la mujer imputada se limitaba a la administración de la whiskería. Señaló que todas contaban con las habilitaciones correspondientes y que ella desconocía “la forma de trabajo interna”.
Inicialmente hubo nueve detenidos por este caso, pero tres personas fueron dejadas en libertad por falta de indicios. Las otras tres personas fueron enviadas a prisión preventiva por este caso, mientras que otras tres mujeres –encargadas de los locales– cumplen arresto domiciliario.
La pareja que está en la cárcel era la que definía los porcentajes a retener a las trabajadoras. El hombre era el que se encargaba de visitar a diario los locales para controlar el funcionamiento y era el que impartía directivas. También se encargaba de sancionar a las trabajadoras cuando había incumplimientos de las reglas.
Entre las condiciones que le ponía estaba no salir del local durante el turno, así como exigencias en cuanto a las vestimentas y multas.