Más de 640 homicidios se han registrado en Perú en lo que va del año 2025, según los datos más recientes del Sistema de Información de Defunciones con Datos Abiertos (Sinadef). La cifra refleja un alarmante aumento de casos violentos en comparación con años anteriores, lo que ha encendido las alarmas sobre la eficacia de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno. A pesar de la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao, la violencia sigue al alza, evidenciando que las medidas adoptadas hasta ahora no parecen ser suficientes para frenar la delincuencia.
Desde el inicio del 2025, el país ha experimentado una notable escalada en la violencia, alcanzando cientos de homicidios hasta mediados de abril. Esta cifra supera el registro del mismo periodo en 2024 en un 19 %, una diferencia que genera preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. La alarmante tendencia, reflejada en las estadísticas de Sinadef, confirma que el aumento de homicidios no solo es un fenómeno aislado, sino una realidad preocupante que afecta a diversas regiones del país.
¿Confusión de cifras?
El analista de datos Juan Carbajal ha sido uno de los principales observadores de la situación, alertando sobre posibles inconsistencias en los datos reportados por Sinadef. Este destacó que, aunque el número de homicidios ha crecido considerablemente, existen dudas sobre la exactitud de las cifras debido a problemas en la actualización de los registros. A través de su cuenta X (ex Twitter), el experto señaló que los datos podrían estar siendo alterados o mal interpretados, lo que complica la evaluación real de la situación.
En un tuit publicado, Carbajal expresó su preocupación tras notar que, aunque el número de homicidios registrados por Sinadef había alcanzado los 643 para el 15 de abril, las cifras del día posterior mostraban fluctuaciones inesperadas. Además, alertó sobre la posible eliminación de registros correspondientes a febrero, lo que podría haber alterado las comparaciones interanuales y dificultado un análisis certero sobre la evolución de la criminalidad.
“El estado de emergencia, en realidad, sirve, pero de manera temporal y no resuelve el problema de fondo”, aseguró José Elice, exministro del Interior, al referirse a la estrategia de seguridad implementada por el gobierno. A su juicio, la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de Lima y Callao, aunque útil en situaciones críticas, no ataca las causas estructurales de la violencia. Según Elice, los delincuentes, en especial los sicarios, no se sienten intimidados por el régimen de excepción, lo que pone en duda la efectividad de la medida a largo plazo.
¿Medida ineficaz?
El estado de emergencia, vigente en Lima y Callao desde hace algunas semanas, ha sido objeto de críticas no solo por parte de expertos en seguridad, sino también de autoridades locales. En particular, los alcaldes de distritos como San Martín de Porres y Ventanilla que manifestaron su desacuerdo con los resultados que ha generado esta medida.
Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, uno de los distritos más afectados por la violencia, ha sido claro en su rechazo al estado de emergencia. En su opinión, este tipo de medidas no ofrece una solución a largo plazo y no contribuye a resolver los problemas estructurales que alimentan la delincuencia. “Está demostrado que el estado de emergencia no ha resuelto ni va a resolver el problema de fondo. No hay una estrategia y un plan integral para combatir la delincuencia”, manifestó Sifuentes en declaraciones recientes.
El alcalde ha sido un firme defensor de la necesidad de invertir en inteligencia policial y en mejorar la coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad para enfrentar de manera más efectiva el creciente fenómeno criminal. Para Sifuentes, las políticas de seguridad deben estar acompañadas de un enfoque integral que ataque las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades y la debilidad institucional.
Por otro lado, el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, aunque no descarta la utilidad del estado de emergencia, ha insistido en que la clave para reducir los índices de criminalidad radica en la implementación de estrategias claras y sostenibles. En su distrito, por ejemplo, ha reconocido que durante períodos anteriores de estado de emergencia, los índices de delincuencia común disminuyeron hasta en un 22%. Sin embargo, también advirtió que cuando se levantó la norma, la situación empeoró nuevamente, lo que subraya la necesidad de adoptar soluciones permanentes y no solo medidas temporales.
Persistente preocupación
Los recientes informes sobre el aumento de homicidios en 2025 ponen en evidencia que, a pesar de las políticas adoptadas por el gobierno, la violencia sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Si bien el uso de los militares en las calles puede generar una respuesta visible a corto plazo, las autoridades y expertos coinciden en que la solución definitiva requiere una estrategia más profunda y sostenida en el tiempo.
A medida que el número de homicidios sigue creciendo, la pregunta que persiste es si las medidas adoptadas, como el estado de emergencia, realmente están abordando las raíces del problema o si, por el contrario, están contribuyendo a una respuesta ineficaz que solo enmascara la gravedad de la situación. El análisis de las cifras, y las posibles inconsistencias en los datos presentados por Sinadef, subraya la complejidad del fenómeno y la necesidad urgente de encontrar respuestas más allá de las soluciones temporales.