Haití enfrenta simultáneamente una crisis de seguridad, un colapso institucional y una emergencia humanitaria. En medio de este escenario, el gobierno transitorio cerró un acuerdo de diez años con la empresa de seguridad privada Vectus Global, dirigida por Erik Prince, fundador de Blackwater, para desplegar cientos de combatientes procedentes de Estados Unidos, Europa y El Salvador. Las fuerzas contratadas buscarán recuperar carreteras y territorios estratégicos actualmente bajo control de bandas armadas y, según el contrato, también asumirá funciones en la recaudación fiscal en la frontera con República Dominicana, una de las principales fuentes de ingresos del Estado.
Vectus, que comenzó operaciones en el país en marzo, ya utiliza drones y trabaja coordinadamente con una fuerza dirigida por el primer ministro haitiano. En las próximas semanas reforzará su presencia con francotiradores, especialistas en inteligencia y comunicaciones, helicópteros y embarcaciones, con la meta de restablecer la circulación en rutas clave, entre ellas el corredor que une Puerto Príncipe con la ciudad norteña de Cap-Haïtien.
“Una medida de éxito será que se pueda conducir de Puerto Príncipe a Cap-Haïtien en un vehículo no blindado sin ser detenido por las bandas armadas”, declaró Prince a Reuters.
Desde febrero de 2024, Haití vive una ofensiva sin precedentes de coaliciones de bandas armadas que provocaron la caída del primer ministro y aislaron la capital del resto del país. Según cifras de la ONU, entre abril y julio de 2025 más de 1.500 personas murieron —la mayoría durante operaciones de las fuerzas de seguridad— y alrededor de un tercio en ataques con drones que el gobierno empezó a emplear contra grupos armados.
La situación de la capital refleja el colapso de la autoridad estatal: la ONU calcula que cerca del 90% de Puerto Príncipe está controlado por bandas armadas. Los servicios públicos se encuentran gravemente deteriorados, menos de una cuarta parte de los hospitales funciona, y alrededor de dos millones de personas padecen inseguridad alimentaria severa. El desplazamiento interno forzado supera ya el millón de personas.
En zonas rurales como Artibonite y el Centro, la violencia ha interrumpido la producción agrícola y obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. El gobierno declaró un estado de emergencia de tres meses en los departamentos más afectados para intentar contener la expansión de las bandas.
La Policía Nacional Haitiana opera con recursos limitados y enfrenta un déficit de personal significativo para un país de casi 12 millones de habitantes. A comienzos de agosto, el gobierno designó a Vladimir Paraison, ex jefe de seguridad del palacio nacional, como nuevo director de la institución. Sin embargo, los ataques contra agentes continúan: recientemente, dos policías de una unidad élite murieron en Kenscoff, al sur de la capital, después de que su vehículo blindado quedara atrapado en una zanja excavada por las bandas.
El despliegue de Vectus Global en Haití
Vectus Global es una empresa creada por Erik Prince para ofrecer servicios de seguridad privada con enfoque operativo directo. Desde su llegada a Haití en marzo de 2025, ha trabajado junto a una fuerza encabezada por el primer ministro, incorporando el uso de drones para apoyar operaciones contra las bandas. El nuevo despliegue anunciado incluirá combatientes entrenados como francotiradores y especialistas en inteligencia y comunicaciones, así como medios aéreos y fluviales para acceder a áreas de difícil control.
El contrato firmado con el gobierno prevé que Vectus colabore también en la recaudación de impuestos en la frontera con República Dominicana. Esta zona es crucial para la economía haitiana: antes de la ofensiva de las bandas, aproximadamente la mitad de los ingresos fiscales del país provenía de gravámenes sobre las importaciones a través de esa frontera. La violencia y los bloqueos han reducido drásticamente esa recaudación, afectando la capacidad del Estado para financiar servicios básicos.
Autoridades como Laurent Saint-Cyr, presidente del consejo de transición, han pedido públicamente más apoyo internacional, aunque no han confirmado ni desmentido el alcance del acuerdo con Vectus. El Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, negó cualquier implicación, financiamiento o supervisión de la operación.
Expertos expresaron a Reuters preocupación por el impacto que podría tener la contratación de una empresa privada de seguridad. Romain Le Cour, de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional, advirtió a que este modelo puede aislar aún más a la policía haitiana y debilitar la misión internacional liderada por Kenia, que opera desde 2024 con el objetivo de restaurar el orden. Gedeon Jean, del Centro para el Análisis y la Investigación de Derechos Humanos, señaló que recurrir a empresas privadas sin fortalecer a las fuerzas nacionales conlleva riesgos de abusos y de pérdida de legitimidad estatal.
Erik Prince y Blackwater
Erik Dean Prince es un empresario estadounidense y ex miembro de los Navy SEALs que en 1997 fundó Blackwater, una compañía que se convirtió en uno de los contratistas militares más importantes para el gobierno estadounidense. La firma operó en zonas de conflicto como Irak y Afganistán, proporcionando servicios de escolta, protección de instalaciones y apoyo logístico a agencias estadounidenses y gobiernos aliados.
Su reputación se vio afectada por una serie de incidentes documentados. En Irak, antes de 2007, contratistas de Blackwater fueron señalados en investigaciones del Congreso y de medios como The Washington Post y The New York Times por su implicación en tiroteos en Bagdad y otras ciudades que dejaron víctimas civiles. En 2004, durante combates en Najaf contra milicias chiíes, fueron acusados de abrir fuego indiscriminadamente, causando muertes de no combatientes.
El caso más grave ocurrió en la plaza Nisour, en Bagdad, el 16 de septiembre de 2007, cuando un equipo de Blackwater abrió fuego contra civiles, matando a 17 personas e hiriendo a más de 20. El hecho provocó la retirada temporal de la licencia de la empresa en Irak y procesos judiciales en Estados Unidos contra varios de sus empleados. Cuatro de ellos fueron condenados a largas penas de prisión, pero en diciembre de 2020 recibieron indultos presidenciales de Donald Trump.
En Afganistán, Blackwater también fue objeto de investigaciones por el uso de fuerza letal en operaciones de escolta que provocaron muertes de civiles. Además, en 2010 la compañía fue multada por el Departamento de Estado por exportar armas ilegalmente a Irak y Afganistán, así como por violaciones a regulaciones de control de exportaciones.
Tras vender la compañía en 2010, Prince impulsó otros proyectos en el sector, entre ellos Frontier Services Group, con sede en Hong Kong, especializada en logística y seguridad en África. Recientemente, presentó planes para ofrecer servicios de seguridad privada en Ecuador y la República Democrática del Congo, y en 2020 propuso un plan para establecer una fuerza privada en Ucrania, iniciativa que no prosperó.
La contratación de Vectus Global refleja el dilema de un país donde las instituciones estatales han colapsado casi por completo. Con la Policía Nacional operando con recursos limitados y las bandas armadas controlando el 90% de la capital, el gobierno transitorio ha optado por una empresa dirigida por una figura cuyo pasado está marcado por controversias y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de esta decisión, pero las autoridades haitianas enfrentan pocas alternativas mientras la violencia continúa escalando y más de un millón de personas permanecen desplazadas.