El rechazo a la actuación de funcionarios de la Contraloría General de la República escaló en las últimas horas, luego de que gremios como el Colegio Nacional de Abogados de Panamá y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana cuestionaran la intervención de auditores en diligencias del Ministerio Público, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado vinculada a un exvicepresidente de la República.
El Colegio Nacional de Abogados calificó los hechos como una grave afectación al principio de separación de poderes, al considerar que la irrupción de funcionarios de la Contraloría en una diligencia penal constituye una intromisión en funciones exclusivas del Ministerio Público.
El gremio advirtió que este tipo de acciones no solo comprometen la legalidad del proceso, sino que también pueden debilitar la confianza en el sistema de justicia.
En la misma línea, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, sostuvo que la actuación de los auditores representa una obstrucción a la justicia y una señal preocupante para la institucionalidad democrática.
La organización señaló que interrumpir diligencias judiciales y limitar el trabajo de los fiscales afecta directamente la capacidad del Estado para investigar casos de corrupción de alto perfil.
Los hechos se originaron en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, donde funcionarios de la Contraloría habrían ingresado en medio de una diligencia en la que se realizaban entrevistas a auditores de la propia institución, vinculados a una investigación por enriquecimiento injustificado. Según lo informado, esta intervención habría impedido la culminación del acto investigativo.
Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación confirmó el inicio de una investigación penal para esclarecer lo ocurrido. En su comunicado, la entidad indicó que la actuación de los funcionarios de la Contraloría interrumpió una diligencia clave dentro de una causa en curso, lo que motivó la apertura de un proceso para determinar posibles responsabilidades.
La Procuraduría explicó que los auditores involucrados estaban siendo requeridos por autoridad competente en el marco de una investigación relacionada con el presunto enriquecimiento injustificado de un exvicepresidente, identificado como José Gabriel “Gaby” Carrizo.
Estos funcionarios habrían participado en auditorías vinculadas al caso, lo que los convierte en piezas relevantes dentro del proceso.
En este contexto, se ha mencionado la presencia del contralor general, Anel Flores, en las instalaciones del Ministerio Público durante los hechos. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que haya tenido participación directa en la decisión de retirar a los funcionarios ni en la interrupción de la diligencia, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre el alcance de su involucramiento.
Los gremios han insistido en que más allá de la participación individual de funcionarios, lo ocurrido refleja un problema institucional de mayor alcance. Tanto el Colegio de Abogados como la Fundación señalaron que cualquier intento de interferir en investigaciones penales socava la independencia del sistema judicial y debilita los mecanismos de control contra la corrupción.
Además, recordaron que los auditores, en su condición de peritos dentro de procesos judiciales, tienen el deber de colaborar con las autoridades, responder a requerimientos legales y facilitar el esclarecimiento de los hechos, independientemente de la institución a la que pertenezcan.
Cualquier acción que limite esa colaboración puede interpretarse como un incumplimiento de sus obligaciones legales.
Aunque la entidad tiene funciones de control y fiscalización del uso de los recursos públicos, su intervención en diligencias judiciales debe respetar el marco legal y la competencia exclusiva del Ministerio Público en la persecución penal.
La Procuraduría, por su parte, reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones de forma objetiva, independiente y respetando el debido proceso, al tiempo que rechazó cualquier tipo de presión externa.
La entidad enfatizó que garantizar la integridad de las investigaciones es fundamental para proteger el interés público y la confianza ciudadana en las instituciones.
Mientras avanzan las indagaciones, el caso se perfila como un nuevo punto de tensión entre instituciones del Estado, en un momento en el que la lucha contra la corrupción y la defensa de la institucionalidad se mantienen como temas centrales en la agenda pública panameña.
Este nuevo episodio se suma a una serie de diferencias previas entre el contralor general, Anel Flores, y el procurador general, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, quienes en el pasado han mantenido posturas encontradas sobre el alcance y uso de las auditorías realizadas por la Contraloría.
Las discrepancias han girado en torno a la validez, oportunidad y manejo de estos informes dentro de procesos penales, lo que ha evidenciado tensiones institucionales sobre los límites de cada entidad en la lucha contra la corrupción.
