Durante décadas, la infraestructura tecnológica desde los chips hasta los centros de datos fue un tema relegado a los márgenes de la discusión económica y política. Hoy, esa infraestructura es protagonista central. Es allí donde convergen la energía y los datos para impulsar la inteligencia artificial (IA), y donde se define buena parte de la competitividad futura de los países. En este nuevo mapa, América Latina y el Caribe tienen una ventana de oportunidad concreta: consolidarse como una región atractiva para el desarrollo de centros de datos verdes (green data centers), alimentados por energías renovables y articulados a una red regional que impulse la industrialización de servicios basados en IA.
La ventaja comparativa de la región es sólida y múltiple. Esta se basa en su matriz energética, su geografía y su capital humano. Según datos del Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía (AIE), más del 60% de la generación eléctrica en América Latina proviene de fuentes renovables, superando a regiones como Europa Occidental (40%) o Norteamérica (30%). Países como Uruguay, Paraguay y Costa Rica ya operan con matrices energéticas 100% limpias prácticamente, mientras que Brasil supera el 80% con una mezcla de hidroeléctrica, solar y eólica. Esta condición no es trivial. Para modelos de IA de gran escala, el costo energético puede representar hasta el 60% del costo total operativo de un centro de datos. Según datos de la UIT, el consumo de electricidad de Alphabet, Amazon y Microsoft alcanzó los 100 TWh en 2023, prácticamente lo que consumen juntos Colombia y República Dominicana en un año.
Sumado a lo anterior, la geografía y el clima juegan a favor de la región. Las zonas de altiplano, con temperaturas medias estables y buena conectividad, permiten reducir el gasto en enfriamiento uno de los mayores costos energéticos en operación de servidores. Bogotá, Quito, Montevideo o partes del sur de Brasil ofrecen condiciones ideales para alojar infraestructura de cómputo intensivo.
La estructura demográfica también representa un activo con una población de más de 400 millones de personas en edad laboral y un creciente número de profesionales en ciencia de datos, ingeniería de software, así como en redes. Las plataformas de formación como Platzi, Henry o Digital House están nutriendo un ecosistema de talento regional. Paulatinamente, universidades en Brasil, Chile, Colombia o México han avanzado en currículos orientados a IA y computación de alto rendimiento.
En el ámbito internacional, la oportunidad para captar inversión extranjera directa es clara. Europa, bajo el marco del Pacto Verde y la taxonomía de finanzas sostenibles, exigirá cada vez más una trazabilidad clara de la huella de carbono en las cadenas de valor digitales. Una empresa europea que entrena sus modelos en un green datacenter certificado en América Latina puede reducir sus emisiones reportadas y cumplir así sus compromisos climáticos. Asimismo, los avances tecnológicos están impulsando que las energías renovables sean incluso más asequibles que las tradicionales. Todo ello configura argumentos de pesos de atracción de capital europeo, asiático o norteamericano.
Ahora bien, la oportunidad no radica solamente en hospedar servidores, ni en hacerlo individualmente país a país. El valor agregado está en que estos centros de datos se conviertan en motores de desarrollo tecnológico local, con lógica de integración regional. Esto exige políticas de encadenamiento productivo que prioricen proveedores locales de infraestructura, servicios de nube, software y ciberseguridad; acceso preferencial a pymes tecnológicas; y condiciones para que universidades y centros de investigación accedan a capacidad computacional como bien público. Y articulación de una red federada de centros de datos interconectados, con redundancia, interoperabilidad y gobernanza compartida, que permita: el entrenamiento distribuido de modelos de IA; el almacenamiento de grandes volúmenes de datos públicos y privados; la provisión de servicios a gobiernos, empresas y universidades. Esta red también puede convertirse en un activo geopolítico, al reducir la dependencia tecnológica con respecto a infraestructuras extrarregionales.
¿Como materializar esta oportunidad? Proponemos seis medidas:
- Establecer marcos regulatorios nacionales y regionales (o al menos entre algunos países impulsores) para green datacenters, con criterios técnicos de certificación.
- Establecer incentivos tributarios y requisitos de eficiencia energética.
- Crear un fondo regional de infraestructura digital verde, con apoyo de los bancos regionales (BID, CAF, Banco Mundial) y bancos de desarrollo nacionales, que cofinancie proyectos con alto impacto en empleo, transición energética y digitalización.
- Incentivar consorcios público-privados para el desarrollo de modelos de IA sectoriales, en salud, educación, movilidad, energía o agroindustria, utilizando la capacidad de cómputo regional como palanca de innovación.
- Incorporar cláusulas de sostenibilidad digital en los acuerdos comerciales, incluyendo interoperabilidad de datos, transferencia tecnológica y estándares abiertos para plataformas de IA.
- Establecer un observatorio latinoamericano de huella digital y climática, que mida el impacto ambiental de la infraestructura tecnológica y también promueva prácticas responsables.
La buena noticia, además, es que en algunos países las políticas públicas están – esta vez sí – , acelerando el paso al ritmo de la oportunidad. Brasil ha aprobado incentivos fiscales para infraestructura digital con eficiencia energética. Chile presentó en 2022 su Hoja de Ruta de Centros de Datos al 2030 con metas de sostenibilidad. En México, estados como Querétaro han consolidado clústeres tecnológicos donde operan Oracle, Microsoft y AWS. A ellos esperamos que se unan Uruguay y Argentina, si avanzan con marcos regulatorios nacionales impulsados desde sus presidencias.
La región no necesita copiar Silicon Valley o Shenzhen. Puede crear su propio Green Valley: un ecosistema donde la infraestructura digital, y en particular los centros de datos verdes, estén al servicio de la sostenibilidad, la soberanía tecnológica y el desarrollo humano. El momento de actuar es ahora. La inteligencia artificial será el motor económico de las próximas décadas. América Latina puede ser no solo consumidora, sino productora y exportadora de soluciones si logra construir la infraestructura inteligente y verde que el siglo XXI exige.