El Gobierno de Panamá anunció un proceso de transición ordenada y garantizó la continuidad operativa y laboral en los puertos de Balboa y Cristóbal, tras el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión firmado en 1997 con Panama Ports Company (PPC).
En un mensaje dirigido al país, el presidente José Raúl Mulino señaló que la decisión judicial representa un hecho de alto impacto para la economía nacional, al tratarse de dos terminales consideradas pilares estratégicos para el comercio internacional y la cadena logística regional.
Mulino explicó que el Gobierno llevaba más de un año preparándose para distintos escenarios, ante las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el contrato.
Según indicó, desde antes de asumir la administración se tenía conocimiento de los procesos legales en curso, por lo que se activó un plan de contingencia para evitar improvisaciones.
“El reciente pronunciamiento de la Corte es una decisión de gran relevancia que requiere toda nuestra atención y trabajo, orientado a proteger este activo de todos los panameños”, afirmó el mandatario.
El presidente detalló que se contemplaron dos escenarios: la ratificación del contrato o su anulación por inconstitucionalidad. Ante esta última posibilidad, que finalmente se concretó, el Ejecutivo diseñó una hoja de ruta para garantizar la estabilidad de las operaciones portuarias y la confianza de los usuarios internacionales.
Mulino subrayó que, mientras el fallo no quede ejecutoriado, PPC continuará operando sin cambios. Posteriormente, se abrirá un periodo de transición que culminará con la adjudicación de una nueva concesión bajo términos más favorables para el Estado.
Para coordinar este proceso, el Gobierno designó al ingeniero Alberto Alemán Zubieta como líder de un equipo técnico especializado, encargado de articular las acciones entre las distintas instituciones vinculadas al sector portuario. Zubieta fue administrador del Canal de Panamá, una vez la vía acuática pasó a control panameño.
Además, instruyó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a reunirse de inmediato con PPC para coordinar los pasos operativos durante la transición.
El presidente también señaló que el Estado garantizará los derechos de la empresa concesionaria mientras cumple con su función fiscalizadora de las obligaciones contractuales. En paralelo, el Ministerio de Trabajo acompañará el proceso para asegurar transparencia y estabilidad en las relaciones laborales.
Uno de los puntos centrales del mensaje presidencial estuvo dirigido a los trabajadores portuarios. Mulino aseguró que no habrá despidos y que la continuidad laboral está garantizada. Indicó que la AMP y el Ministerio de Trabajo mantendrán un diálogo permanente con los colaboradores para proteger sus derechos.
“A los proveedores y clientes de los puertos, les garantizamos la continuidad de los contratos y una transición administrativa ordenada, sin variaciones”, afirmó el mandatario.
Como parte del plan, el Gobierno confirmó que ha sostenido conversaciones con empresas internacionales del sector portuario. Entre ellas, destacó a APM Terminals Panamá, subsidiaria del grupo A.P. Moller-Maersk, que ha manifestado disposición para asumir temporalmente la operación de las terminales una vez el fallo quede ejecutoriado, hasta que se adjudique una nueva concesión mediante un proceso abierto y participativo.
Hay que recordar que el año pasado una filial de Maersk tomó el control del ferrocarril, cuyo tráfico depende en gran medida de los contenedores movilizados por las terminales de PPC.
Mulino indicó que esta etapa será supervisada por distintas entidades del Estado, incluyendo el Ministerio de Seguridad, que junto con la AMP y el Ministerio de Trabajo ampliarán información en los próximos días.
“Panamá avanza. Sus puertos seguirán operando sin alteración y continuaremos sirviendo al mundo como centro logístico de excelencia”, concluyó Mulino.
Compañía reacciona
En paralelo, Panama Ports Company cuestionó la decisión judicial y advirtió sobre posibles acciones legales. La empresa señaló que, al momento de emitir su pronunciamiento, no había sido notificada formalmente del fallo, pero sostuvo que este es incompatible con el marco jurídico vigente y con la ley que aprobó el contrato en 1997.
PPC afirmó que el fallo forma parte de una campaña del Estado panameño que ha afectado a la empresa y a sus inversionistas durante más de un año. En ese contexto, reiteró que se reserva permanentemente todos sus derechos, incluyendo el recurso a mecanismos legales internacionales.
La compañía destacó que durante 28 años de operación ha invertido más de $1,800 millones en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, generando miles de empleos directos e indirectos y contribuyendo a posicionar a Panamá como un hub portuario regional.
Asimismo, defendió que la concesión fue producto de una licitación internacional transparente y que ha cumplido con sus obligaciones contractuales, incluyendo auditorías realizadas por el Estado. A su juicio, el fallo carece de sustento jurídico y pone en riesgo la seguridad jurídica del país.
PPC advirtió que la estabilidad institucional y el respeto a los contratos son elementos clave para mantener la confianza de los inversionistas internacionales.
El fallo, adoptado de forma unánime el 29 de enero de 2026, responde a demandas presentadas contra la Ley No. 5 de 1997, sus adendas y el acto de prórroga, relacionadas con la concesión de las terminales de Balboa y Cristóbal.
Venta de puertos
El fallo judicial en Panamá ocurre en medio de un proceso más amplio de reordenamiento de los activos portuarios de CK Hutchison a nivel global, marcado por presiones geopolíticas y tensiones con Estados Unidos.
Desde 2024, el conglomerado hongkonés ha venido evaluando la venta parcial o fragmentada de varios de sus puertos estratégicos, incluidos los ubicados en América Latina, Europa y Asia, como parte de una revisión de su portafolio internacional.
Entre los activos bajo análisis se encuentran las terminales de Balboa y Cristóbal, consideradas piezas clave en su red logística.
Este proceso se intensificó tras el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien retomó una postura crítica frente a la presencia de empresas vinculadas a China en infraestructuras consideradas estratégicas para el comercio y la seguridad nacional.
Durante su campaña y en sus primeros meses de gobierno, Trump señaló de forma reiterada que puertos, telecomunicaciones y sistemas logísticos operados por compañías con capital chino representaban un “riesgo geopolítico” para Occidente. En ese contexto, mencionó en varias ocasiones a CK Hutchison como parte de un entramado empresarial bajo influencia indirecta de Pekín.
Aunque Hutchison Holdings tiene su sede en Hong Kong y opera formalmente como una empresa privada, autoridades estadounidenses han sostenido que las compañías establecidas en ese territorio están sujetas a marcos regulatorios y presiones políticas del Gobierno chino.
En informes del Congreso estadounidense y pronunciamientos del Departamento de Estado, se ha advertido sobre la presencia de operadores chinos en puertos ubicados en rutas estratégicas del comercio global, incluyendo el entorno del Canal de Panamá.
Estas advertencias se tradujeron en gestiones diplomáticas y presiones indirectas sobre gobiernos aliados para revisar concesiones, contratos y esquemas de operación portuaria. Panamá, por su posición geográfica y su rol en el tránsito marítimo mundial, ha sido señalado como un punto especialmente sensible dentro de esa discusión.
En enero de 2026, la propia empresa confirmó que analizaba opciones para desprenderse de parte de su red portuaria, incluyendo una posible venta fragmentada, con el objetivo de reducir exposición política y regulatoria en determinados mercados.