El Gobierno de El Salvador ha lanzado una ofensiva frontal contra el contrabando después del asesinato de un miembro de la Fuerza Armada durante un operativo en el distrito de Metapán, departamento de Santa Ana. El hecho, que tuvo lugar el 6 de febrero, fue confirmado por el Ministerio de Seguridad y Justicia y ha desatado una serie de operativos policiales para capturar a los responsables y desmantelar estructuras delictivas dedicadas a este delito.
De acuerdo con información oficial, el soldado fue abatido por un grupo de contrabandistas cuando participaba en un procedimiento para interceptar mercancía ilegal. El caso fue señalado como detonante de las nuevas acciones gubernamentales. En la entrevista AM de Canal 10, el académico y escritor Rafael Francis Góchez advirtió que este episodio podría indicar una mutación de remanentes de las pandillas hacia actividades de contrabando. “No es común que simples contrabandistas reaccionen con tal grado de violencia. Esto sugiere que algunos exintegrantes de estructuras pandilleriles, tras la desarticulación de sus redes, buscan otras formas de delincuencia”, dijo Góchez durante la entrevista matutina.
La respuesta estatal, de acuerdo con datos proporcionados ayer por el Gabinete de Seguridad Ampliado, incluye la coordinación de operativos en zonas fronterizas y el fortalecimiento de la cooperación con las autoridades de Guatemala. Las autoridades manifestaron en conferencia de prensa la importancia de cerrar los espacios que históricamente han sido utilizados por redes criminales para el tráfico de productos. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que “el objetivo es proteger la economía formal y evitar que organizaciones ilegales encuentren nuevas fuentes de financiamiento”.
El fenómeno del contrabando ha sido abordado como una problemática que trasciende lo fiscal. Góchez insistió en el espacio televisivo que el contrabando no solo afecta los ingresos tributarios del Estado, sino que también representa un riesgo para la salud pública. “Ya se han registrado muertes por consumo de alcohol adulterado ingresado por vías irregulares. No es una hipótesis, ya ha sucedido”, puntualizó el académico.
En el contexto de este operativo, Canal 10 mostró imágenes de las primeras capturas relacionadas con el asesinato del militar, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta integral. Góchez subrayó que el combate al contrabando debe ir acompañado de un proceso de formalización de la economía. Según las cifras mencionadas por el académico, alrededor de dos terceras partes de la economía salvadoreña permanece en la informalidad y muchos productos que se comercializan provienen de actividades ilícitas.
Desde la perspectiva empresarial, el endurecimiento de las acciones contra el contrabando busca equilibrar las condiciones del mercado y fortalecer la seguridad jurídica. Góchez explicó que “el empresario que cumple con la ley espera que el Estado persiga a quienes operan al margen. Si esto no ocurre, se genera un desbalance que afecta a quienes sí cumplen con las normas”.
La frontera con Guatemala ha sido identificada como uno de los principales puntos de riesgo para la infiltración de estructuras criminales. Góchez destacó la existencia de numerosos “puntos ciegos” en la línea limítrofe y la necesidad de una colaboración efectiva con las autoridades guatemaltecas para cerrar rutas utilizadas por los contrabandistas y evitar que remanentes de organizaciones criminales consoliden nuevas formas de operación.
El asesinato del soldado en Metapán ha sido interpretado como un punto de quiebre en la estrategia de seguridad pública del país. Las autoridades han reiterado su compromiso de reforzar los controles fronterizos y perseguir penalmente a quienes participen en el tráfico ilegal de productos. El despliegue de operativos y la revisión de protocolos de seguridad forman parte de la respuesta gubernamental ante el riesgo de que las estructuras criminales adopten nuevas modalidades delictivas en el territorio salvadoreño.