El Gobierno Nacional de Ecuador emitió un pronunciamiento oficial respecto al proyecto minero Loma Larga, ubicado en el Azuay y a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals. El Ejecutivo, encabezado por el presidente Daniel Noboa, solicitó de manera formal al Municipio de Cuenca y a la Prefectura del Azuay que, con la celeridad que la situación requiere, presenten informes técnicos y resoluciones administrativas motivadas sobre los posibles riesgos de afectación al agua en la zona.
La medida responde a la creciente preocupación ciudadana sobre los impactos ambientales que podría generar la operación minera, especialmente en los sistemas hídricos que abastecen a la ciudad de Cuenca y a comunidades rurales del sur del país. Según el comunicado, las autoridades locales deberán asumir plena responsabilidad por sus decisiones, las cuales tendrán que estar debidamente respaldadas en criterios técnicos y jurídicos. El Gobierno Nacional, por su parte, señaló que actuará en consecuencia dentro del marco normativo, procurando coherencia con las necesidades de la población y en base a información sustentada.
El debate sobre Loma Larga se enmarca en una larga disputa entre las promesas de inversión extranjera y las advertencias sobre riesgos ambientales. La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, dispuso la suspensión temporal de las actividades de difusión del proyecto tras denuncias de irregularidades en los procesos de socialización, en agosto. En paralelo, algunos asambleístas también han cuestionado la adquisición de terrenos vinculados a la concesión minera, lo que ha sumado presión política al caso.
El yacimiento de Loma Larga se encuentra a unos 30 kilómetros al suroeste de Cuenca, en la provincia del Azuay. La compañía canadiense Dundee Precious Metals ha proyectado una inversión de entre USD 400 y 500 millones para levantar la infraestructura minera, cuya construcción podría arrancar hacia finales de este año siempre que se otorguen los permisos necesarios.
Pese a esas garantías, las organizaciones sociales y ambientales han rechazado el emprendimiento. La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), con Yaku Pérez como uno de sus voceros más visibles, sostiene que la explotación minera amenaza directamente al sistema lacustre de Quimsacocha, considerado estratégico para el suministro de agua de aproximadamente el 40 % de los habitantes de Cuenca, la tercera urbe más poblada del Ecuador.
En agosto, Pérez recordó que los colectivos locales llevan tres décadas defendiendo esas fuentes hídricas y advirtió que, si la licencia ambiental a la compañía no se revoca, se iniciará un levantamiento en el sur del país a partir del 23 de septiembre.
Sin embargo, según la empresa, el efecto sobre los caudales hídricos sería marginal, limitado a una reducción del 0,1 % en un río de la zona durante la etapa inicial de obras.
Para el Gobierno de Noboa, la decisión de trasladar la responsabilidad a las autoridades locales parece buscar un equilibrio entre las demandas sociales y las garantías a la inversión. Desde Carondelet se ha enfatizado que cualquier resolución deberá estar sustentada en evidencia técnica y jurídica, de modo que las consecuencias, tanto en materia ambiental como legal, recaigan en quienes emitan los informes. Este enfoque podría interpretarse como un intento de descentralizar el conflicto, obligando a los gobiernos locales a tomar una postura clara frente a la ciudadanía y frente a la compañía minera.
La tensión en torno a Loma Larga se intensifica en un contexto político marcado por debates sobre la consulta popular, la seguridad ciudadana y la presión social en varias provincias. El desenlace de este proceso será un punto clave no solo para el futuro del proyecto minero, sino también para la relación del Gobierno central con los movimientos indígenas y con la provincia del Azuay, históricamente activa en la defensa de los recursos naturales.