En la transmisión exclusiva de Infobae en vivo, la atención se centró en el impacto de la reforma laboral sobre el impuesto a las ganancias, una variable que, según explicó el equipo, define el futuro de las finanzas provinciales y la viabilidad del nuevo esquema propuesto por el Gobierno nacional. La llave que define el futuro de la reforma laboral es el debate sobre el impuesto a las ganancias, planteó el análisis inicial.
En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería, se desmenuzó la arquitectura actual del impuesto y su proyección bajo la nueva ley. Aziz introdujo el debate con una placa ilustrativa: “Hoy el esquema de impuesto a las ganancias tiene básicamente para sociedades tres tramos: los que ganan hasta 100 palos por año en materia neta, que están pagando el 25 % en concepto de impuesto a las ganancias. El tramo dos, que agrupa a los que facturan neto por año entre cien millones y mil millones de pesos, están pagando un fijo de 25 millones de pesos por año, más un 35 % sobre el excedente. Y por último, un tramo tres, que son los que facturan más de mil millones de pesos netos por año, que pagan un fijo de 300 millones de pesos más un 35 % sobre el excedente”.
El recorte propuesto por el Gobierno y la reacción de los gobernadores
Según el artículo 191 del proyecto oficial, la modificación en los tramos recae de lleno sobre las empresas de mayor facturación. “El tramo uno queda fuera. ¿Quién gana cien palos neto por mes? Bueno, un laburante no lo gana. Por eso estamos hablando de sociedades que tienen un rango de ganancia muy importante. La ley va directo a los que están en el tramo dos”, detalló Aziz en su explicación. De acuerdo al esquema, el tramo dos pasaría a pagar un veintisiete por ciento sobre el excedente, en vez del treinta por ciento actual, y el tramo tres, del treinta y cinco al treinta y uno por ciento.
La discusión no solo es técnica, sino eminentemente política. El staff de Infobae al Regreso explicó: “El proyecto está poniendo de un lado al presidente y a su gobierno y del otro a un cúmulo de gobernadores que entienden que con el proyecto así como está, habrá una merma recaudatoria en su provincia que va a dificultar la gestión como mínimo para los próximos dos años, eventualmente gobernando Milei”.
El peso real de cada tramo en la recaudación
El análisis sobre cómo se distribuye la recaudación por tramos reveló la raíz del conflicto. “Hoy tramo uno, que son los que no están contemplados en la ley, los que facturan menos de 100 millones por año, son 146 mil empresas. Es un total de 89 % de la torta completa de sociedades registradas. Pero miren lo que aportan. Aportan apenas un siete coma nueve por ciento de la torta recaudatoria”, precisó Aziz.
La situación cambia drásticamente en los tramos superiores: “El tramo dos, que acá es donde la ley empieza a aplicar un efecto concreto, son 15.474 sociedades inscriptas. Es apenas el 9 % nueve por ciento del total de las sociedades inscriptas, pero empiezan a ocupar un rango más importante en la torta recaudatoria. Aportan el quince coma nueve por ciento”.
El verdadero núcleo del debate, sin embargo, está en el tramo tres: “Acá vamos a la cosa más jugosa, que es el tramo tres, los que facturan más de mil palos netos por año. Son 1.856 sociedades inscriptas. Repoquito, es el uno por ciento del total de las sociedades registradas, pero atenti con esto: aportan a la torta recaudatoria el setenta y seis por ciento de la recaudación”.
El impacto sobre las provincias: una pérdida millonaria
La principal preocupación de los mandatarios provinciales radica en la coparticipación. “Cuando estamos hablando de un impuesto que es coparticipable, inmediatamente esto toca las finanzas provinciales”, subrayó el análisis. La proyección de pérdida fue aportada por un gobernador, según relató Aziz: “Las provincias vamos a perder por año un total de uno punto siete billones, con B larga, de recaudación por impuesto a las ganancias con la propuesta que hace el Gobierno al Congreso de la Nación”.
La tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores se cristaliza en este punto: el nuevo esquema fiscal amenaza con reducir de manera sustancial los recursos coparticipables que sostienen a los distritos en un contexto de ajuste y recesión. Así, la reforma laboral aparece atada de manera ineludible al debate por la distribución del impuesto a las ganancias y su impacto federal.
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