La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó un respaldo explícito al Proyecto de Ley de Modernización Laboral y presentó ante el Senado un documento con 20 puntos en los que fundamenta su acompañamiento a la iniciativa. En paralelo, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Legislación Laboral, la entidad sostuvo que el régimen laboral vigente no logró generar empleo formal ni reducir la informalidad, y que la reforma apunta a corregir distorsiones estructurales del sistema.
Según la UIA, el proyecto propone un nuevo marco para las relaciones laborales, orientado a reducir la litigiosidad, otorgar previsibilidad jurídica y adaptar la normativa a los cambios productivos, tecnológicos y organizacionales de las últimas décadas.
Los 20 puntos de la UIA
1. Estancamiento del empleo formal: La UIA señaló que el empleo privado registrado no mostró crecimiento significativo en los últimos 15 años, mientras que la informalidad se mantuvo cerca del 40%. Para la entidad, este desempeño evidencia que el marco laboral vigente no cumplió su objetivo central.
2. Litigiosidad como freno a la contratación: Según los industriales, la elevada litigiosidad laboral se transformó en un factor determinante al momento de contratar personal. El riesgo judicial asociado a cada empleo desalienta la formalización, especialmente en el caso de las PyMEs.
3. Caída de la siniestralidad laboral: La UIA destacó que en los últimos 15 años la siniestralidad laboral se redujo en más de un 70%, como resultado de inversiones empresarias en prevención, mejoras de procesos e incorporación de tecnología.
4. Aumento de los juicios laborales: Pese a la baja en los accidentes de trabajo, existen actualmente más de 300.000 juicios en curso vinculados al sistema de riesgos del trabajo. El stock total asciende a casi 640.000 causas.
5. Comparación regional de la judicialización: Argentina registra 114 juicios cada 10.000 trabajadores, mientras que Chile presenta 6 juicios cada 10.000, con niveles de siniestralidad similares. Para la UIA, esta diferencia refleja una distorsión del sistema.
6. Sobrecosto del sistema de ART: La entidad estimó que el sobrecosto del sistema de ART representa para la industria un gasto aproximado de USD 200 millones anuales, con mayor impacto en las PyMEs.
7. Riesgo para la continuidad de las PyMEs: La litigiosidad excesiva, según la UIA, genera situaciones en las que un solo juicio puede comprometer la continuidad de una PyME, provocar bloqueos operativos y frenar decisiones productivas.
8. Reforma del sistema de riesgos del trabajo: El proyecto apunta a corregir prácticas abusivas y fraudulentas que desvirtúan la finalidad preventiva y reparadora del sistema, alineando los incentivos con la reducción de accidentes.
9. Menor discrecionalidad judicial: Entre los cambios propuestos, se busca limitar la discrecionalidad en la apreciación de la prueba y eliminar el impulso de oficio, con el objetivo de lograr una justicia laboral más previsible.
10. Previsibilidad jurídica: La UIA sostuvo que un marco con reglas claras reduce la incertidumbre, permite planificar y facilita la creación de empleo formal, protegiendo tanto al trabajador como al empleador.
11. Organización interna del trabajo: El proyecto reconoce la necesidad de que las empresas puedan organizar internamente sus recursos humanos para sostener la productividad y adaptarse a cambios tecnológicos.
12. Actualización de modalidades contractuales: Se habilita la modernización de las condiciones de trabajo y contratación para adecuarlas a nuevas realidades productivas, tecnológicas y organizacionales.
13. Regímenes especiales de jornada: La posibilidad de acordar regímenes especiales de jornada permite, según la UIA, adaptar el trabajo a los procesos productivos reales y mejorar la eficiencia operativa.
14. Revisión de la ultraactividad: El proyecto propone revisar la ultraactividad de convenios colectivos que, en muchos casos, tienen más de 30 años y no reflejan la realidad productiva actual.
15. Actualización de convenios colectivos: Se promueve una negociación colectiva más actualizada, capaz de responder a las particularidades de cada sector y reducir conflictos estructurales.
16. Negociación a nivel de empresa: La habilitación de acuerdos a nivel de empresa, dentro de reglas claras, permitiría resolver necesidades específicas sin recurrir al conflicto permanente.
17. Ordenamiento de la tutela sindical: El texto establece límites a la tutela sindical para evitar excesos que afecten la organización productiva, sin debilitar la representación legítima de los trabajadores.
18. Reducción del costo no salarial: El proyecto avanza en la reducción del costo no salarial del empleo formal, un punto que la UIA considera clave para el sector transable, que enfrenta costos superiores a los de sus competidores.
19. Fondo de Asistencia Laboral (FAL): La creación del FAL permitiría administrar contingencias laborales, reducir riesgos de contratación y brindar previsibilidad, especialmente a las PyMEs industriales.
20. Incentivos a la inversión y marco tributario: El proyecto incorpora la reducción del impuesto a las ganancias de sociedades, el Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI) y ajustes en materia de quebrantos, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a empresas intensivas en capital.
En su exposición ante el Senado, la UIA sostuvo que el proyecto “responde a la necesidad de modernizar la normativa laboral” y de corregir incentivos que, según planteó, desalientan el empleo formal. La entidad remarcó que la iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia orientada a la producción, la inversión y la formalización del trabajo.
Las diez frases claves de Rappallini
Los 20 puntos destacados por la entidad reflejan con claridad la postura de los industriales, pero también resulta relevante repasar algunos pasajes del discurso de Martín Rappallini, presidente de la UIA, durante su exposición en el Senado.
En su presentación ante el plenario de comisiones, Rappallini planteó que “el sistema laboral argentino fracasó” y sostuvo que el régimen vigente “no logró generar empleo formal ni reducir la informalidad”. Según señaló, “en los últimos 15 años no se creó empleo privado registrado, y hoy casi el 45% de los trabajadores está en la informalidad”, un resultado que definió como “la consecuencia concreta de un sistema que no funciona y que dejó afuera a millones de personas”.
En ese marco, afirmó que la informalidad “no es una elección del trabajador ni del empleador”, sino “una consecuencia directa de un sistema que desalienta la formalidad”. De acuerdo con su diagnóstico, cuando contratar se vuelve “riesgoso, costoso e imprevisible”, el mercado de trabajo se fragmenta y se expande el empleo no registrado.
Rappallini ubicó a la litigiosidad laboral como el principal problema del esquema actual. “Hoy la litigiosidad laboral es el mayor freno a la creación de empleo formal”, afirmó, y advirtió que “un sistema que convierte el conflicto en regla destruye empleo en lugar de protegerlo”.
Al referirse al sistema de riesgos del trabajo, remarcó la contradicción entre la evolución de los accidentes y la cantidad de juicios. “En los últimos 15 años la siniestralidad laboral cayó más de un 70%, gracias a fuertes inversiones de las empresas en prevención, tecnología y procesos”, explicó. Sin embargo, señaló que “los juicios laborales crecieron de manera explosiva, debido a un mal sistema de incentivos”.
En esa línea, comparó la situación local con otros países de la región. “Hoy la Argentina tiene 114 juicios cada 10.000 trabajadores, mientras que Chile tiene apenas 6 cada 10.000, con niveles de siniestralidad similares”, indicó, y sostuvo que esa diferencia “se explica por un sistema que incentiva el litigio”.
El presidente de la UIA también puso el foco en el volumen de causas judiciales. “Actualmente existen más de 300.000 juicios en curso y un stock cercano a 640.000 juicios, lo que equivale a más del 10% del empleo registrado total”, afirmó, al considerar que se trata de “un volumen incompatible con cualquier sistema laboral sano”.
Según Rappallini, este escenario tiene un impacto directo sobre las pequeñas y medianas empresas. “Para una PyME, un solo juicio puede significar la quiebra”, advirtió, y agregó que “la litigiosidad excesiva genera bloqueos, paraliza decisiones, frena inversiones y destruye empleo formal”.
En otro tramo de su exposición, sostuvo que el contexto actual modificó la lógica de las decisiones empresarias. “Hoy, para muchas empresas, contratar un trabajador es asumir un riesgo ilimitado”, señaló, y concluyó que “cuando el empleo se percibe como una amenaza y no como una oportunidad, el resultado es menos empleo formal y más informalidad”.
Sobre el contenido del proyecto en debate, Rappallini afirmó que la iniciativa “busca ordenar el sistema, reducir la litigiosidad, dar previsibilidad y equilibrar la organización interna de las empresas con los derechos de los trabajadores”, con el objetivo de “adaptar las relaciones laborales al siglo XXI”.
Finalmente, dejó un mensaje de cierre sobre el vínculo entre normativa laboral y empleo. “Si la Argentina quiere volver a generar empleo formal, no alcanza con crecimiento económico”, sostuvo, y remarcó que “necesita un marco laboral moderno, previsible y equilibrado”. En ese sentido, concluyó: “sin ordenar el sistema laboral, el empleo formal no va a volver”.