Lo que comenzó como un proyecto de desarrollo para pueblos indígenas que históricamente habían sido postergados terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas en Bolivia.
El programa Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino, conocido comúnmente como Fondo Indígena o Fondioc, empezó a operar en un momento de bonanza económica, pero en seis años estalló con acusaciones de corrupción, desembolsos en cuentas personales y obras fantasma.
El programa fue creado en diciembre de 2005, bajo el gobierno interino de Eduardo Rodríguez Veltzé, pero comenzó a operar en 2009 durante el mandato del expresidente Evo Morales (2006-2019). Nació con el objetivo de destinar el 5% de las recaudaciones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a proyectos de desarrollo productivo en poblados indígenas y campesinos.
Según un informe del Ministerio de Economía presentado en una interpelación legislativa, el fondo manejó un total de Bs 3.197 millones (equivalentes a 460 millones de dólares) entre 2006 y 2014.
El directorio del Fondo Indígena estaba compuesto por representantes del Órgano Ejecutivo y de al menos ocho organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). De parte del Gobierno estuvieron los ministros de Desarrollo Rural, Planificación, Desarrollo Productivo, Presidencia y Economía, que entonces estaba encabezado por Luis Arce, que integró el directorio.
Los primeros indicios de corrupción surgieron en 2015, cuando se denunció un manejo irregular de los recursos que incluían transferencias bancarias a cuentas personales y obras que no habían sido ejecutadas o habían quedado inconclusas.
Uno de los denunciantes fue Marco Antonio Aramayo, director del Fondo Indígena entre 2013 y 2015, quien señaló algunas irregularidades detectadas durante su gestión y presentó un informe a la Contraloría General del Estado. Paradójicamente, Aramayo pasó de denunciante a denunciado: enfrentó más de 200 procesos penales y estuvo detenido durante siete años hasta su fallecimiento en abril de 2022.
En paralelo a las denuncias del exdirector del Fondioc, investigaciones periodísticas del extinto periódico Página Siete documentaron que hubo financiamiento para obras “fantasma” que no se habían realizado, además de una serie de proyectos intangibles, alejados del objetivo del fondo, como cursos de formación de líderes sindicales.
Las investigaciones expusieron casos insólitos de corrupción como el de un exsenador del MAS, Jorge Choque, que recibió 800.000 dólares del fondo para hacer obras en un pueblo que no existe: inventó una comunidad a la que denominó Curuxa y recibió desembolsos para desarrollar proyectos. Según reportes de periódicos, el exsenador estuvo 15 días preso y luego recibió arresto domiciliario.
Aunque no existe una única cifra oficial consensuada sobre el daño económico al Estado que provocó el manejo del fondo, que varía según el tipo de análisis y el periodo observado, recientemente el Ministerio Público estimó un daño de 925 millones de bolivianos (132 millones de dólares) en desembolsos para al menos 3.500 proyectos, de los cuales ni la mitad habría sido concluido.
Tras los primeros indicios de corrupción en 2015, el Ministerio Público recibió múltiples denuncias y se iniciaron procesos por delitos como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y favorecimiento del enriquecimiento ilícito contra exautoridades y dirigentes vinculados al manejo del Fondo.
La aprehensión de la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, en 2016 —quien había estado vinculada a la dirección política del Fondo—por presuntas irregularidades en la gestión de los recursos marcó un antes y un después en la manera en la que el escándalo era percibido públicamente.
A pesar de los indicios, en 2017 la exministra recibió medidas sustitutivas tras pasar un año detenida preventivamente en una cárcel de La Paz, y en 2020 un juez dispuso su libertad. En julio de este año, volvió a ser acusada formalmente dentro del caso.
Durante los últimos años, el Fondo Indígena generó varios procesos penales, investigaciones administrativas y exigencias de reparación del daño económico. Sin embargo, diversos actores señalaron dificultades en la trazabilidad de fondos y en la culminación efectiva de proyectos. También se documentó una dispersión de causas y prolongación de tramitaciones judiciales en medio de denuncias de impunidad.
Con los cambios políticos en Bolivia, se reactivaron las investigaciones y el caso volvió a tener protagonismo público. La semana pasada se aprehendió a una aliada de Morales, la exdiputada Lidia Patty, a quien se acusa de haber recibido dinero en su cuenta personal para el desarrollo de proyectos comunitarios.
La investigación también llevó a la detención preventiva del expresidente Luis Arce por cinco meses en el penal de San Pedro, en La Paz, mientras se desarrollan las investigaciones. La decisión fue asumida por el juez anticorrupción Elmer Laura, quien respaldó los argumentos de la Fiscalía sobre riesgo de fuga y posible obstrucción del proceso.
La Fiscalía acusa al exmandatario de cinco delitos relacionados con las transferencias presuntamente ilegales de recursos del fondo. Según el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, Arce es responsable de un desfalco de 360 millones de bolivianos (unos 51,7 millones de dólares), pero hay otros “casos conexos” que podrían casi duplicar esa cifra.
“Soy absolutamente inocente de las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos, por la coyuntura política que se está atravesando. El Gobierno busca chivos expiatorios, busca encubrir lo que está pasando”, manifestó el expresidente Arce durante su intervención en la audiencia cautelar.
Las investigaciones del Fondo Indígena se reactivan en un contexto político de reconfiguración del poder tras el derrumbe del MAS en las elecciones y la victoria de Rodrigo Paz. Las nuevas aprehensiones buscan retomar causas que por años quedaron estancadas, mientras las defensas denuncian un uso selectivo de la justicia.
En medio de las acusaciones cruzadas, el caso expone debilidades estructurales del sistema judicial que en una década no ha podido esclarecer responsabilidades ni reparar el daño económico al Estado: se abren y cierran expedientes, pero no se hace justicia.