El Ministerio Público de Panamá anunció la apertura de una investigación formal tras la presentación de una denuncia penal por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de funciones públicas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, un albergue bajo la administración de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).
La acción legal fue interpuesta por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, quien detalló anomalías en la atención de los niños y adolescentes bajo resguardo estatal.
La denuncia, presentada el 6 de febrero, señala múltiples irregularidades: deterioro evidente de la infraestructura, falta de personal capacitado para atender a esta población vulnerable y la convivencia de menores con adultos en un mismo espacio, una práctica que contravendría estándares básicos de protección y cuidado infantil.
Brenes sostuvo que estos hallazgos están respaldados por informes y comunicaciones internas enviados dentro de la institución, aunque no recibieron atención oportuna.
Además de la directora del SENNIAF, Ana Fábrega, otros funcionarios fueron incluidos en la denuncia por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de deberes.
La diputada estuvo acompañada por César Augusto Pérez, exdirector de Prevención del SENNIAF, quien aseguró haber sido desvinculado tras alertar sobre estas situaciones. Perez declaró que remitió reportes regularmente y que otros coordinadores regionales también enfrentaron represalias luego de señalar problemas similares.
Pérez sostuvo que su intención no era desacreditar a la entidad, sino empujar correcciones para garantizar mejores condiciones a los menores bajo tutela estatal.
La SENNIAF, en tanto, ha señalado que el recorrido de la comisión legislativa por el CAI se llevó a cabo sin incidentes y bajo los protocolos aplicables a la atención y resguardo de niños, niñas y adolescentes.
La institución agregó que estas verificaciones se vienen ejecutando desde diciembre e incluyen evaluaciones en albergues privados de Santiago, Coclé y Chiriquí.
En el caso de Tocumen, indicó que la delegación de diputados estuvo acompañada por la directora general, Ana Fábrega, junto con equipos técnicos y administrativos.
Además, reiteró que los albergues operan bajo normas específicas y que las visitas deben planificarse con antelación, con un registro de asistentes (nombre, cargo e identificación), para realizar las validaciones correspondientes, proteger la confidencialidad de los casos y evitar cualquier exposición de los menores.
La respuesta institucional y el contexto de las alertas internas muestran que la denuncia no surgió de un hecho aislado sino de una serie de advertencias que, según documentos presentados al Ministerio Público, incluían correos, informes técnicos y fotografías que describen riesgos graves para los menores.
Estos riesgos incluyen relatos de presunto abuso sexual, tuberculosis sin capacidad de aislamiento apropiado y episodios de autolesiones que llevaron a hospitalizaciones, según fuentes vinculadas al expediente.
En medio de esta situación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió un pronunciamiento en el que expresó su profunda preocupación por las denuncias de maltrato, abuso y negligencia hacia niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado panameño en albergues como el CAI de Tocumen.
En su comunicado, el organismo subrayó que los entornos de albergues no constituyen espacios idóneos para el desarrollo integral y la protección de la infancia, basándose en evidencia internacional sobre los efectos negativos de la institucionalización prolongada.
UNICEF urgió a las autoridades panameñas —ejecutivo, legislativo y judicial— a actuar con celeridad, equidad y justicia para garantizar el derecho al cuidado, la seguridad y el interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo custodia estatal.
El organismo también abogó por el fortalecimiento de medidas alternativas basadas en la familia, como programas de acogimiento familiar, y destacó la importancia de asignar recursos suficientes a la SENNIAF para ampliar estos modelos a nivel nacional.
La respuesta de UNICEF cobra mayor relevancia en un contexto donde se han identificado vacíos en la supervisión de albergues, espacios que, según sus propias publicaciones sobre protección infantil en Panamá, no deberían ser la principal forma de cuidado para niños sin entorno familiar.
La institución señala que la mejor opción para estos menores —si deben ser separados de sus familias por razones de protección— es ubicarlos en un entorno familiar o de acogida temporal con apoyo adecuado.
Las declaraciones de la diputada Brenes han puesto nuevamente bajo escrutinio a la SENNIAF, la entidad estatal encargada de velar por los derechos de la niñez y la adolescencia en Panamá.
La responsabilidad de esta institución incluye investigar denuncias de abuso infantil y garantizar que los menores sean retirados de situaciones de riesgo cuando sea necesario. Su papel ha sido cuestionado por organizaciones civiles y legisladores, que exigen mayor transparencia y acciones concretas para prevenir negligencias.
Organizaciones de la sociedad civil han señalado que alertas previas sobre condiciones deficientes en albergues no recibieron respuesta efectiva de las autoridades competentes, lo que podría haber contribuido a la acumulación de situaciones críticas dentro de estos centros de protección.