El Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, puso en marcha esta semana la ejecución del Plan de Recupero de las ampollas de fentanilo adulterado de los lotes 31202 y 31244, cuyo retiro definitivo quedó ahora bajo control del Estado.
El procedimiento —informado oficialmente por el tribunal— está siendo ejecutado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y personal especializado de la División Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina (PFA), con intervención de las DUOF jurisdiccionales.
Las DUOF son las Delegaciones de la Unidad Operativa Federal de la PFA. Son las bases territoriales de la fuerza en cada provincia o zona del país y actúan como apoyo operativo, investigativo y logístico en causas federales: allanamientos, secuestros, notificaciones, custodias, traslados y trabajo de campo.
En este operativo por el fentanilo adulterado, las DUOF intervienen porque están desplegadas en todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pueden ejecutar rápidamente órdenes del juzgado dentro de sus jurisdicciones. Todo el despliegue se realiza en coordinación permanente con el juzgado.
El cronograma operativo establece:
Martes 25/11: retiro en hospitales y centros de salud de CABA y provincia de Buenos Aires.
Miércoles 26/11: despliegue en Córdoba, Santa Fe y Formosa.
Jueves 27/11: acopio en Córdoba, Rosario y Formosa, y traslado hacia CABA.
Viernes 28/11: entrega final del material y almacenamiento seguro.
Según datos judiciales, ya se localizaron 45.000 ampollas del lote 31202 en hospitales públicos y 30.000 del lote 31244 en una droguería de Córdoba.
Según recordó el magistrado la tarea del “recall”, esto es retirar del mercado un medicamento porque representa un riesgo para la salud o incumple normas sanitarias “está a cargo del titular del certificado de especialidad medicinal por normativa, es decir, HLB Pharma Group SA (pero, debido a su incumplimiento) debió ser suplida por este juzgado, mediante el libramiento de oficios a los Ministerios de salud de todo el país y a la totalidad de los efectores de salud que habían adquirido el producto”.
En la resolución de 401 fojas, el juez Kreplak aclaró: “Una cantidad muy significativa de las ampollas contaminadas fueron interceptadas al llevarse a cabo los procedimientos judiciales ordenados desde este tribunal los días 15 y 26 de mayo”.
Y que “luego, frente al incumplimiento de HLB, marcado por una notoria inactividad en la ejecución del recall ordenado, el miércoles 21 de mayo de 2025 la ANMAT reiteró la solicitud”. Para el magistrado “todo ello representó en muchos casos su falta de trazabilidad o las respuestas incompletas de los oficiados”.
El fallo también apunta con firmeza a la ANMAT, a la que responsabiliza por una respuesta lenta, fragmentada y sin capacidad operativa para liderar el retiro nacional del fentanilo contaminado. El juzgado remarca que el organismo tardó días en acusar recibo de la primera alerta, no fiscalizó con rigor el recall obligatorio y aportó información incompleta, con fallas de trazabilidad y escaso seguimiento territorial. Esa combinación —según Kreplak— obligó a la Justicia a suplir funciones administrativas y a desplegar un operativo propio para localizar y recuperar las ampollas adulteradas.
“De no haber sido por la intensa labor desplegada por este juzgado, una cantidad de casos -de fallecidos-todavía incierta no habría encontrado reconocimiento oficial. Al mismo tiempo, una importante cantidad de ampollas contaminadas no aplicadas habría permanecido en las sombras”.
Los avances de la causa
A casi siete meses de la primera advertencia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre la prohibición del uso del fentanilo contaminado fabricado por HLB Pharma Group SA y producido por Laboratorios Ramallo SA, un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense -publicado por este medio- aportado al expediente confirmó la magnitud del daño. El estudio —ordenado por el juez Kreplak— analizó 40 historias clínicas de pacientes fallecidos, pertenecientes a un universo total de 173 muertes bajo investigación. El resultado fue concluyente:
38 de los 40 casos correspondieron a decesos por infecciones bacterianas asociadas al uso del anestésico adulterado. El informe respondió de manera directa la pregunta central del juzgado: si las muertes de pacientes internados en hospitales y clínicas —principalmente de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba— estaban relacionadas con las mismas bacterias detectadas en las ampollas: Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica. La respuesta fue afirmativa en la enorme mayoría de los casos.
Entre las conclusiones periciales se destacan tres textuales contundentes:
– “La causa de muerte se vincula con la bacteriemia asociada a los gérmenes mencionados”.
-“La infección asociada a los microorganismos mencionados implicó un incremento del riesgo de muerte”.
–“La falla multiorgánica provocada por la infección fue un factor determinante en el desenlace fatal”.
En los dos casos restantes, los especialistas no pudieron establecer relación porque no se realizaron hemocultivos, lo que impidió documentar la presencia bacteriana.
Los peritos también advirtieron que estas bacterias multirresistentes pueden causar la muerte en menos de 30 días y recomendaron revisar la información clínica de receptores de órganos provenientes de donantes infectados.
Los procesados y sus roles
La causa tiene 14 procesados, entre ellos directivos y responsables de la producción y control de calidad del medicamento. Cuatro están detenidos en el Penal de Marcos Paz:
• Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
• Diego García, su hermano y directivo de ambas compañías.
• Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA.
• José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.
La madre de los hermanos García, Nilda Furfaro, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo SA, fueron beneficiadas con prisión domiciliaria.
Otros ocho procesados —responsables de las cadenas de producción y control de calidad— fueron imputados sin prisión preventiva: Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio.
Los procesados enfrentan cargos por:
–Adulteración y distribución de sustancias medicinales destinadas al uso sanitario, agravada por muerte.
-Comercialización de medicamentos adulterados.
– Incumplimiento deliberado del recupero obligatorio.
-Violación de normas de Buenas Prácticas de Fabricación y control de calidad.
-Coautoría funcional, administración fraudulenta y responsabilidad penal empresarial.
Según pudo saber Infobae, el juzgado documentó que:
–El lote 31202 contenía 154.530 ampollas
–El lote 31244 estaba compuesto por 151.430 unidades.
Tras operativos judiciales, allanamientos y órdenes de presentación, se lograron recuperar 64.003 ampollas del primero y 121.233 del segundo.
El expediente FLP 17371/2025, que ya registra 173 muertes bajo análisis, involucra hospitales públicos, clínicas privadas, laboratorios farmacéuticos, organismos de control y fallas estructurales del sistema sanitario.
Por su alcance federal, letalidad, negligencias acumuladas y la evidencia científica que la sostiene, la justicia considera el caso como la mayor tragedia sanitaria registrada en el país.