La fabricante de golosinas santafesina Marengo, que tomó notoriedad por lanzar los caramelos “No hay plata” -inspirados en la frase que popularizó el presidente Javier Milei-, atraviesa una situación crítica por la caída del consumo y decidió suspender a cerca de 60 trabajadores sin goce de haberes entre el 14 y el 27 de julio.
La medida generó nuevas tensiones gremiales y reavivó un conflicto laboral que se arrastra desde principios de año, según trascendió de medios periodísticos locales y pudo confirmar Infobae de fuentes empresarias provinciales.
El área legal de la compañía comunicó la decisión por escrito a los empleados, justificándola en “fuerza mayor y falta de trabajo no imputable al empleador”, con respaldo en los artículos 218 a 221 de la Ley de Contrato de Trabajo. La empresa detalló que sufría una situación económico-financiera adversa, agravada por la fuerte caída en las ventas y por un siniestro en sus depósitos derivado de una tormenta ocurrida a principios de año, que destruyó mercadería almacenada.
Además de notificar las recientes suspensiones, Marengo informó que reunía la documentación para iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo. Este mecanismo legal permite a las empresas alegar fuerza mayor o falta de trabajo para justificar ceses temporales o despidos, bajo supervisión de la autoridad laboral.
El sindicato rechazó la justificación de la empresa, calificó la medida de “arbitraria y sin sustento formal” y denunció que los trabajadores recibieron la comunicación por WhatsApp, sin que el gremio fuera notificado de manera oficial. Por ese motivo, se convocó a una audiencia en el Ministerio de Trabajo, prevista para el martes siguiente al inicio de la suspensión, para evaluar la legalidad de la medida y la situación laboral del personal.
El conflicto no sorprendió al Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA), que desde enero venía denunciando incumplimientos reiterados de la firma. A principios de 2024, el gremio convocó a sindicatos de distintos sectores a manifestarse frente a la planta de Rafaela para visibilizar la situación. En esa protesta participaron referentes de la CGT local, la UOM, el Sindicato de la Carne, Luz y Fuerza, SMATA, mercantiles y otros gremios que respaldaron el reclamo.
El secretario general del STIA, Nicolás González, explicó en conferencia de prensa que la crisis de Marengo no era nueva y que la organización sindical había mantenido numerosas negociaciones con la patronal para sostener la producción y el empleo. Según relató, el gremio aceptó pagos desdoblados, reducción de jornadas laborales y recortes de salarios, pero denunció que la empresa incumplió con los acuerdos alcanzados.
González afirmó que los trabajadores no cobraron las vacaciones en tiempo y forma y recibieron sólo parte del aguinaldo, mientras la incertidumbre sobre las fechas de pago del salario de diciembre crecía. Martín Franco, delegado de los trabajadores de Marengo, acompañó a González en aquella conferencia y coincidió en los cuestionamientos a la conducción de la empresa. Franco subrayó la incertidumbre permanente que enfrentaba el personal y la falta de información clara sobre las fechas de cobro.
Caramelos “No hay plata”
El caso Marengo tomó repercusión nacional a comienzos del año cuando la firma lanzó al mercado sus caramelos “No hay plata”, que aludían directamente a la frase popularizada por el presidente Javier Milei durante su discurso en la Asamblea Legislativa. La campaña publicitaria presentó el producto como “La bomba del verano” e invitó a “sacar una sonrisa y endulzar el día” con un toque de humor ácido en medio de un escenario económico complejo.
Los caramelos “No hay plata” se ofrecieron como caramelos duros, libres de gluten, surtidos, con sabor frutal y un toque ácido, destinados al mercado mayorista en cajas de 24 bolsas con cien unidades cada una. La estrategia de marketing generó amplia repercusión en redes sociales y medios, consolidando la imagen de la marca con un mensaje provocador que imitaba el lenguaje político del oficialismo.
En contraste, representantes sindicales destacaron la incongruencia de una empresa que invertía en campañas publicitarias virales mientras acumulaba deudas salariales y aplicaba recortes al personal. El sindicato remarcó que la crisis de Marengo excedía la coyuntura macroeconómica general y respondía a problemas de gestión de larga data.
En las protestas de enero, González insistió en que la empresa había cambiado de dueños hacía algunos años pero no conseguía estabilizarse. Relató que el gremio fue flexible para sostener el empleo, pero la respuesta de la firma siempre derivaba en excusas y falta de cumplimiento.
Mientras la tensión con los trabajadores aumentaba, la compañía continuó con la venta de sus productos y reforzó la distribución de los caramelos “No hay plata”, convirtiéndolos en un símbolo del contraste entre el humor de la publicidad y la gravedad de su situación interna.
En un contexto más amplio, la actividad comercial e industrial enfrentó un escenario de caída del consumo en el país. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en junio las ventas minoristas de las pymes cayeron 0,5% interanual a precios constantes y se contrajeron 6,7% en comparación con mayo. Aunque el primer semestre del año cerró con un incremento interanual del 9,1%, este repunte no logró compensar el descenso del 17,2% registrado en el mismo período del año anterior.
Para las pequeñas y medianas empresas del rubro alimenticio, el contexto combinó caída de la demanda interna con ajustes de costos, tensiones en la cadena de pagos y dificultades para sostener la producción. En el caso específico de Marengo, la combinación de la baja en el consumo, los problemas estructurales de gestión y las pérdidas derivadas del siniestro en sus depósitos fueron los argumentos que la compañía expuso para fundamentar las suspensiones sin goce de haberes.
El sindicato, en cambio, mantuvo la denuncia de incumplimientos salariales, reclamó diálogo formal y apuntó a la audiencia en el Ministerio de Trabajo como la instancia para revisar la legalidad de la medida y proteger los derechos de los empleados afectados.