Un grave caso de trata de personas con fines de explotación laboral fue detectado en las últimas horas en Añatuya, Santiago del Estero. Allí, la Dirección General Impositiva (DGI), de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), denunció que diez trabajadores del carbón, entre ellos dos menores, dormían sobre pallets, en carpas improvisadas, sin acceso a un baño y por 150 mil pesos, con solo un día de descanso semanal.
Durante un operativo de fiscalización en tres predios rurales dedicados a la producción de carbón vegetal, personal de ARCA detectó y denunció que ocho personas mayores de edad y dos adolescentes de 15 y 16 años eran explotados.
Los inspectores constataron allí que los peones rurales se encontraban en pésimas condiciones de seguridad e higiene. Entre otras cosas, no contaban con baños, agua potable ni energía eléctrica.
Tanto los mayores de edad como los menores dormían en carpas improvisadas con troncos y lonas, sobre pallets de madera ubicados sobre la tierra. Consultados sobre sus jornadas laborales y salarios, manifestaron que sus horarios de trabajo eran extensos, que tras veinte días de labores descansaban cuatro y que cobraban entre 150 mil y 200 mil pesos, montos a los que se les descontaban los alimentos que les proveía su empleador.
Participaron del operativo agentes de la Dirección Regional Tucumán, dependiente de la DGI, la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Santiago del Estero y el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores).
Tras lo observado y una vez recabados los testimonios de las víctimas, se realizó la denuncia penal ante el Juzgado Federal Nro. 1 de Santiago del Estero, Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del juez Guillermo Daniel Molinari, y el secretario Dr. Roberto Figueroa Bothamley, a efectos de que se active el Protocolo Único de Articulación (PUA) desarrollado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de personas, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
La ARCA cuenta con varios canales de comunicación para recibir denuncias anónimas sobre trata de personas, explotación infantil y servidumbre que funcionan las 25 horas del día, los 365 días del año.
Telefónicamente, se puede denunciar llamando al 0800-999-DENU (3368), opción 3. Por correo electrónico, se puede escribir a tratalaboral@arca.gob.ar. También se pueden realizar las acusaciones de manera presencial en cualquier dependencia del organismo.
Condenaron a un productor agrícola por trata de personas y explotación laboral en Neuquén
En un expediente que tramitó, según el juez de la causa, “un problema eminentemente cultural”, un productor agrario de nacionalidad boliviana fue condenado en marzo de este año a indemnizar a siete víctimas de explotación laboral, a quienes sometió a trabajo esclavo durante más de un año en una chacra de la provincia de Neuquén.
La resolución la adoptó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, a cargo del juez Alejandro Cabral, encargado de analizar el acuerdo de “reparación integral” alcanzado entre la Defensoría Pública de las Víctimas, la fiscalía y el propio imputado Fidel Quispe Condori, de 59 años.
De acuerdo a las actuaciones, Quispe Condori fue acusado de haber captado, acogido y explotado mediante “engaño” y “aprovechamiento” de la vulnerabilidad de las víctimas, a un grupo familiar oriundo de la ciudad de Villazón, Bolivia, compuesto por tres adultos y tres adolescentes, y a una ciudadana argentina madre de una menor de dos años.
El acta de acuerdo homologado por el juez reseñó que Fidel Quispe Condori les realizó una oferta de alojamiento y trabajo a los damnificados para realizar “tareas rurales” dentro de la “Chacra Vannicola”, dedicada a la producción de hortalizas y ubicada sobre la calle 8 de la ciudad neuquina de Centenario, a unos 1,5 km de distancia desde la ruta provincial 7.
Como las siete víctimas residían en Villazón, el imputado les prometió costear sus pasajes desde San Salvador de Jujuy hasta la chacra en cuestión. Sin embargo, cuando llegaron a la capital jujeña el hombre dejó de contestarles los llamados. Así fue que decidieron pagarse un ómnibus hasta Buenos Aires, donde Quispe Condori retomó contacto y les cubrió el viaje hasta Cinco Saltos, en Río Negro, donde el 8 de agosto de 2019 recogió a todos en una camioneta Hilux roja.
Desde entonces, y hasta el 25 de febrero de 2021, el acusado los albergó en la chacra de horticultura con “fines de explotación laboral” y para “beneficio propio”.
Según precisó el fallo, la explotación laboral “se configuró a partir de las condiciones de habitación, vida y trabajo de todo el grupo familiar (trabajo no registrado, encuadrado fraudulentamente bajo la figura engañosa y abusiva de ‘mediero’, sin provisión de ropa y herramientas, sin beneficios sociales y de asistencia, etc.), sumado al escaso salario abonado, muy por debajo del salario mínimo vital y móvil, y de lo regulado por el convenio colectivo de trabajo para la actividad que desarrollaban”.
Al productor rural, además, se le endilgó el hecho de “haber facilitado la permanencia ilegal” de los ciudadanos bolivianos “en el territorio de la República Argentina”.
La investigación se inició a partir de un llamado telefónico realizado el 23 de febrero de 2021 a la Fiscalía Federal N° 2. En esa oportunidad, un representante del Sindicato de Trabajadores Rurales manifestó que se encontraba en una oficina de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores con dos de las víctimas, quienes le contaron que se encontraban “en situación de explotación” junto “con otras 8 o 10 personas, entre los que también habría niños menores de edad”, señaló la resolución del juez.