La exención de ABL para jubilados, pensionados y personas con discapacidad que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará vigente durante 2026. Esta medida, de alto impacto para miles de porteños, respondió a la decisión de priorizar la atención de sectores vulnerables dentro de la política tributaria incluida en el Presupuesto 2026 aprobado por la Legislatura porteña el viernes 28 de noviembre.
El beneficio tiene condiciones específicas que deben cumplirse para acceder al no pago del impuesto ABL durante el período fiscal 2026. Según los datos oficiales, en 2025 el sistema alcanzó a 85.426 jubilados y pensionados, lo que mostró la magnitud de esta política social, enfocada en preservar la economía de quienes dependen de ingresos fijos y usualmente bajos.
La intención de quienes diseñan las normativas en la Ciudad de Buenos Aires es mantener la exención de ABL como un alivio ante la presión de los costos urbanos, en línea con los ejes estratégicos que definieron la administración local para los próximos meses. Desde el ámbito legislativo la discusión sobre el Presupuesto involucró directamente a las fuerzas políticas del recinto, que se abocaron a debatir partidas relacionadas con Salud, Seguridad, Educación e Infraestructura, así como el impacto de exenciones y escalas en tributos locales.
En el texto aprobado por la Legislatura se dejó en claro que los jubilados y pensionados que busquen el beneficio tendrán que cumplir tres criterios principales:
- La propiedad debe tener una Valuación Fiscal Homogénea igual o menor a $48,5 millones.
- El inmueble debe ser vivienda única y permanente, es decir, no se admite la exención sobre múltiples propiedades ni viviendas destinadas a otros fines.
- El beneficiario debe percibir un haber igual o menor a cuatro veces la jubilación mínima. Este requisito apunta a focalizar el alivio fiscal en quienes presentan mayor vulnerabilidad económica y no en quienes cuentan con ingresos altos dentro del universo de adultos mayores.
En el caso de las personas con discapacidad, la autoridad indicó que los dos primeros requisitos bastan para acceder al beneficio: la valuación fiscal del inmueble y el carácter de vivienda única y permanente.
La exención de ABL, definida dentro del esquema tributario para 2026, forma parte de una batería de medidas enfocadas en que la presión fiscal no recaiga con fuerza sobre los sectores con menores ingresos relativos. La medida sostiene una línea de continuidad con el sistema aplicado en 2025, que permitió extender el beneficio a más de 85 mil porteños, cifra que las fuentes oficiales consideran destacada por su alcance en términos sociales.
Según lo explicitado en los documentos oficiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la actualización de impuestos inmobiliarios y la tasa de ABL se ajustará periódicamente por inflación durante 2026. No obstante, quienes cumplan los requisitos de exención no tendrán que hacer frente a estos pagos durante todo el período. El mecanismo opera, además, de manera automática para quienes ya figuren reconocidos como beneficiarios, mientras que quienes aspiren a inscribirse deberán cumplir la acreditación anual según la normativa vigente.
El Presupuesto 2026 también integró otras líneas de apoyo ligadas a la política fiscal, aunque con atención particular en la exención de tributos para adultos mayores y personas con discapacidad. La Legislatura de la Ciudad sancionó estos lineamientos después de una sesión iniciada la madrugada del viernes, que culminó con 38 votos afirmativos y 21 negativos sin abstenciones, en un proceso en el que distintos bloques aportaron sugerencias de ajuste en materia impositiva.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, enfatizó el valor de las políticas de cuidado y la necesidad de generar acuerdos entre diferentes sectores políticos. “Logramos un presupuesto que tiene la capacidad de encontrar un equilibrio entre orden y seguridad, políticas de cuidado y obras en infraestructura para mejorar la movilidad. Además respeta el equilibrio fiscal y baja la presión impositiva. Esto demuestra el valor de encontrar acuerdos con otros sectores políticos”, manifestó Macri después de la aprobación del Presupuesto.
El costo fiscal de esta política encuentra respaldo en una estructura de prioridades que destina más del 61% del presupuesto a áreas sensibles como Educación, Salud y Seguridad, además de la Promoción Social. En el interior de estas áreas, la decisión de dejar exentos del ABL a ciertos grupos se consolidó como un eje de mantenimiento del bienestar social y protección de quienes más lo requieren.
En cuanto a la operatividad, el trámite para acceder a la exención del impuesto puede realizarse presentando la documentación que acredite ingresos, titularidad y condiciones de la propiedad ante las autoridades de la Ciudad. La validación se realiza por única vivienda y para personas humanas, excluyéndose registraciones asociadas a personas jurídicas o titulares simultáneos de varios inmuebles.
La política de exención de ABL para 2026, contenida en el presupuesto recientemente aprobado, no funciona de manera aislada. Se relaciona con otras herramientas fiscales, como la exención de patentes para personas con discapacidad y un esquema de alivio impositivo para autos eléctricos e híbridos. Igualmente, contempla bonificaciones y descuentos por pago anticipado o buen cumplimiento, aunque estos se destinan a quienes tributan fuera del régimen de exención.
Otro aspecto relevante dentro del Presupuesto aprobado es la cuadruplicación de la inversión en transporte y movilidad y el incremento del gasto en obra pública, aunque las medidas sociales respecto al ABL sobresalen por su urgencia en el contexto de la situación económica de jubilados y personas con discapacidad. La ciudad mantendrá para 2026 la exclusión del pago para quienes lograron exención en 2025, siempre que acrediten los requisitos cada año.
La normativa, además, especificó que para el caso de jubilados y pensionados, el haber máximo admisible para acceder es el equivalene a cuatro veces la jubilación mínima vigente. Este criterio se calculó en base a los parámetros sociales definidos por la administración porteña y busca focalizar el impacto del beneficio.
La documentación necesaria para la exención incluye acreditación de ingresos, constancia de jubilación o pensión, certificación de discapacidad en su caso y la documentación probatoria respecto a la titularidad y destino del inmueble. Solo se concede exención para viviendas de ocupación permanente, descartando aquellas afectadas al comercio, alquiler u otros fines.
Respecto de los inmuebles, la normativa técnica utiliza la Valuación Fiscal Homogénea como referencia objetiva para determinar el umbral. Solo las propiedades igual o menor a $48,5 millones pueden ingresar en el programa, una cifra que se actualiza periódicamente conforme la evolución del mercado y las políticas tributarias de la ciudad.
En cuanto a los plazos operativos, la administración precisó que los descuentos y exenciones comenzarán a regir con la liquidación del impuesto a partir del mes de enero de 2026. Las personas interesadas deberán iniciar la solicitud en los plazos que establezca la autoridad de la Ciudad, con los formularios y canales oficiales disponibles.
La base jurídica de estas medidas emerge de la sanción del Presupuesto en la Legislatura, evento que ratificó el enfoque de protección social sostenido por los distintos bloques. Durante la sesión, la oposición expresó objeciones sobre algunos artículos, aunque la mayoría legislativa generó los consensos mínimos para sancionar la exención asociada a los sectores más vulnerados.
En paralelo, la gestión porteña procura mantener la equidad fiscal mediante la actualización de tarifas y tributos para el resto de los contribuyentes, incluyendo la actualización del Impuesto Inmobiliario y la tasa de ABL en función de la inflación y escalas fiscales diferenciadas según el valor fiscal de la propiedad. Para quienes no califican, la actualización para 2026 será automática y alineada a los indicadores oficiales del costo de vida.
La continuidad de la exención representa un componente esencial dentro del entramado social y presupuestario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo es asegurar que el pago de tributos no implique una barrera para la permanencia ni la calidad de vida de los beneficiarios directos, en un contexto donde los precios y los ingresos reales presentan tensiones y desafíos.
La política impositiva local confirma la apuesta por medidas de alivio específicas y focalizadas, seleccionando beneficiarios en función de criterios objetivos y documentación verificable. Este enfoque pretende reforzar la red de contención social, articulando lo impositivo con lo social dentro de los límites presupuestarios definidos para el ejercicio fiscal.