El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió garantías y la anulación de procesos judiciales en su contra para asistir este sábado al acto de investidura del mandatario electo, Rodrigo Paz.
“Pido garantías para poder concurrir a dicho evento levantando el proceso judicial en mi contra y anulando las medidas ilegales que buscan mi detención por un caso inventado”, escribió Morales en X desde su confinamiento en la región cocalera de Cochabamba.
Sobre el ex presidente pesa una orden de captura emitida en enero por una investigación de oficio que lo acusa del delito de trata agravada de personas. Según la investigación de la Fiscalía, Morales embarazó a una menor de edad en 2016, cuando ejercía el cargo de presidente. Ambos habrían concebido a una niña cuyo certificado de nacimiento constituiría la prueba del delito: Morales tenía 58 años y la víctima 16 cuando ocurrió el embarazo.
El ex presidente nunca ha negado la comisión del delito y en su defensa ha manifestado en varias oportunidades que el proceso responde a intereses políticos y que “sin víctima no hay delito”. Sin embargo, el caso motivó que, desde finales de septiembre del año pasado, el líder cocalero se mantenga refugiado en el Trópico de Cochabamba bajo el resguardo de sus leales.
El 17 de enero, el Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Tarija (sur), lo declaró en rebeldía por no presentarse a dos convocatorias de la Justicia y dictó su arraigo, el congelamiento de sus cuentas, la anotación de sus bienes y emitió una nueva orden de aprehensión, tras haber quedado sin efecto una anterior.
No obstante, a casi diez meses de haberse emitido la nueva orden de captura, la Policía todavía no la ha hecho efectiva. El Gobierno argumentó que la custodia sindical que protege a Morales en su bastión impide que el operativo se realice sin generar enfrentamientos con sus seguidores y que se priorizó mantener la paz social para el desarrollo de las elecciones.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó a finales de octubre que la orden judicial continúa vigente y que se hacen evaluaciones constantes “a fin de reducir posibilidad de pérdida de vidas humanas o mayor conflictividad”.
En un contacto con el canal PAT, Ríos añadió que se priorizó “el desarrollo normal de las elecciones, porque una posible aprehensión de Morales conllevaba no solo el derramamiento de sangre sino una incidencia directa negativa sobre el proceso electoral”.
El inminente cambio de Gobierno coincide con la liberación de tres iconos de la oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS): los ex líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, y la ex presidenta interina Jeanine Añez, cuya excarcelación fue dictada este miércoles.
En ese contexto, Morales escribió: “por principios de justicia y legalidad, el Tribunal Supremo de Justicia -tal como benefició a los autores del golpe de 2019- debe ordenar, de inmediato, el cierre de los procesos que me abrieron por razones de persecución y proscripción”.
Ninguna autoridad judicial se ha manifestado sobre el pedido de Morales hasta la publicación de esta nota. Sin embargo, el ministro Ríos indicó que la orden de aprehensión continúa vigente.
Los gobernantes electos, Rodrigo Paz y Edmand Lara, recibieron este miércoles su credencial por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el sábado se realizará el acto de toma de posesión en La Paz, evento para el cual confirmaron su presencia otros ex mandatarios, cinco presidentes de la región y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, además de otras delegaciones internacionales.