Estados Unidos reavivó el debate sobre la presencia china en la vía interoceánica. En una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, la representante interina de Washington, Dorothy Shea, habló de una “influencia desmedida” de Beijing sobre infraestructura vinculada al canal y advirtió que ello supone “no solo un riesgo para Panamá y EEUU, sino además una amenaza a la seguridad y el comercio global”.
La funcionaria evitó esta vez retomar la vieja aspiración de “control” directo sobre la ruta, asociada a declaraciones anteriores del presidente Donald Trump, pero insistió en que la penetración china sería especialmente notable “en la infraestructura crítica y en las operaciones portuarias”, sin ofrecer detalles. Su intervención buscó anclar la discusión en la seguridad marítima y en las cadenas de suministro.
China respondió de inmediato. El embajador Fu Cong recordó que su país “reconoce la soberanía panameña” y la neutralidad del paso interoceánico, y calificó de “mentiras y manipulaciones” los señalamientos de Washington, a los que atribuyó el objetivo de “buscar el control del canal”. También afirmó que Beijing “se opone con firmeza a la coerción económica y las prácticas de acoso” atribuidas a EEUU, de acuerdo con la misma fuente.
El presidente José Raúl Mulino, anfitrión de la sesión por la presidencia rotatoria del Consejo, defendió el esquema vigente. Subrayó que la “neutralidad” de la vía es “la mejor y la única defensa… contra cualquier amenaza, específica o global”, y la ubicó como pilar del marco jurídico que rige desde finales del siglo XX.
Esa neutralidad emana de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, incluido el “Tratado sobre la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal”, que garantiza el tránsito pacífico “en condiciones de entera igualdad” para buques de todas las banderas. La obligación de mantener ese régimen recae tanto en la república centroamericana como en Estados Unidos.
La operación cotidiana permanece en manos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), un ente autónomo creado por la Constitución. La ACP fija calados, administra cupos y coordina con líneas navieras, aseguradoras y agentes portuarios, además de emitir avisos a la navegación cuando la disponibilidad de agua obliga a ajustar tránsitos.
La disputa actual se mueve en un terreno híbrido: derecho internacional, geopolítica y negocios logísticos. Washington concentra su preocupación en terminales de contenedores y servicios auxiliares que rodean la ruta; Beijing reivindica la legalidad de sus inversiones y niega injerencia en la administración del cauce.
El contexto reciente añade presión. La sequía de 2023–2024 redujo el número de cruces diarios y elevó costos de flete, un recordatorio de que el principal riesgo operativo del canal es el agua. La ACP introdujo restricciones temporales y luego inició una normalización gradual con la temporada de lluvias, paso a paso.
Aun con esas tensiones, la ruta sigue siendo un engranaje crítico del comercio mundial. Diversas estimaciones de organismos internacionales sitúan su participación en torno a un pequeño porcentaje del volumen marítimo global, con peso desproporcionado en energía, granos y contenedores que conectan Asia con la costa este de América del Norte y con Europa.
El reciente cruce en el Consejo de Seguridad de la ONU reeditó un patrón conocido: Estados Unidos advierte sobre “influencia estratégica” china en nodos críticos; China acusa “politización” y “coerción económica”. Entre ambos, el istmo procura exhibir autonomía, atraer capital y preservar la reputación de su corredor como espacio previsible y neutral.
Mulino buscó ese equilibrio en su discurso. Reivindicó la capacidad institucional del país para asegurar la neutralidad y recordó que las decisiones sobre la vía recaen en autoridades nacionales. El mensaje implícito: el canal no es un activo de negociación geopolítica, sino un servicio público global bajo reglas claras.
En los últimos meses, Washington pasó de las advertencias a acciones concretas: la embajada anunció el 11 de junio un programa de USD 8 millones para reemplazar equipos de Huawei en 13 puntos de Panamá; el 8 de abril el secretario de Defensa Pete Hegseth firmó en Ciudad de Panamá una declaración conjunta con José Raúl Mulino y la ACP para reforzar la cooperación en seguridad del canal; el 5 y 6 de febrero el Departamento de Estado aseguró que habría exenciones de peajes para buques del Gobierno de EEUU, afirmación que Mulino y la ACP desmintieron con vehemencia; y, en paralelo, creció el escrutinio sobre las terminales de Balboa y Cristóbal —operadas por Panama Ports Company, filial de CK Hutchison—, cuya renovación enfrenta impugnaciones judiciales, mientras la retirada del país de la Iniciativa de la Franja y la Ruta fue leída como un giro de alineamiento con Washington.
Beijing, por su parte, defiende que su presencia responde a una agenda de inversión y comercio sin condicionamientos políticos. Niega que sus empresas operen la vía o influyan en decisiones de la ACP, y encuadra sus proyectos en los marcos regulatorios locales.
Más allá de las acusaciones cruzadas, el punto duro para la comunidad marítima es la previsibilidad. Cada duda sobre la neutralidad o sobre la estabilidad de los servicios portuarios y auxiliares se traduce en primas de seguro, desvíos de itinerarios y decisiones de flota que impactan precios finales.
El canal ya comprobó cómo un shock hídrico altera la ecuación. A ese riesgo físico se suma otro de origen estratégico: la expansión de proveedores chinos en puntos sensibles —puertos, sistemas de comunicaciones, servicios auxiliares— que, de acuerdo con Washington y con parte del sector naviero, introduce vulnerabilidades y dependencia tecnológica. En ese contexto, los programas estadounidenses para depurar redes, fortalecer la cooperación de defensa y exigir estándares de transparencia apuntan a blindar el corredor y a sostener su competitividad frente a rutas alternativas.
En la ONU quedó claro que la estabilidad de la vía exige reglas estrictas y vigilancia sostenida. El canal es más que esclusas: es una pieza crítica cuya fortaleza descansa en decisiones técnicas y en un régimen de neutralidad que Estados Unidos se compromete a respaldar. Beijing rechaza las acusaciones, pero su huella a través de contratos y empresas afines al Estado mantiene encendidas las alarmas. Preservar la confianza global requiere limitar espacios para influencia opaca y reforzar, con apoyo de Washington, los controles que han hecho de esta ruta un servicio previsible.