Estados Unidos elevó la presión sobre los países caribeños que mantienen vínculos sanitarios con Cuba. Esta semana, Washington exigió a Santa Lucía que impida a sus ciudadanos estudiar medicina en La Habana, una medida que el primer ministro Philip J. Pierre calificó como un golpe directo a un sistema de salud que opera al límite de sus capacidades.
“Tengo un gran problema. Muchos de nuestros médicos se formaron en Cuba y ahora Estados Unidos ha dicho que ya no podemos hacerlo, lo que aumenta la presión sobre un sector sanitario ya de por sí sobrecargado”, dijo este lunes el primer ministro de la isla caribeña.
Pierre hizo las declaraciones durante el segundo Congreso Mundial sobre Disparidades Raciales y Étnicas en Salud, celebrado en Castries. La mayoría de los médicos que actualmente atienden en la isla pequeña se formaron en Cuba, y la restricción impuesta por Estados Unidos incrementa la presión sobre un sector sanitario ya sobrecargado.
“La mayoría de los médicos locales se han formado en Cuba. También tenemos cubanos que vienen a trabajar. Así que tengo un asunto importante entre manos”, se lamentó.
La exigencia no cae en el vacío. Se trata del último eslabón de una cadena de sanciones que la administración de Trump, a través del secretario de Estado Marco Rubio, ha aplicado contra los programas de cooperación médica cubanos durante el año pasado. Washington clasifica estas brigadas como esquemas de trabajo forzado, argumentando que el régimen cubano retiene entre el 75 y el 95 por ciento de los salarios que los países anfitrionos abonan a sus profesionales. La propia administración cubana admitió en octubre de 2025 la confiscación parcial de estos salarios.
La dependencia de varios estados caribeños de la medicina cubana tiene una historia que se extiende décadas atrás. En Santa Lucía, la presencia de profesionales cubanos data de al menos 1979. Durante la pandemia de COVID-19, estos profesionales jugaron un papel que las autoridades locales describieron como crucial. Pero la estructura que sostiene esa dependencia es exactamente la que Washington está empeñada en desmantelar.
A mediados de enero, Antigua y Barbuda anunció la incorporación de 120 enfermeros de Ghana para cubrir el hueco dejado por los profesionales cubanos. Bahamas suspendió en junio de 2025 sus contratos con la agencia de empleo cubana. En ambos casos, los gobiernos habían defendido las misiones médicas como ineludibles. En marzo, Pierre mismo afirmó que la estructura sanitaria de Santa Lucía colapsaría sin la presencia cubana.
Las misiones médicas son una de las principales fuentes de divisas de Cuba. El informe de 2024 sobre trata de personas del Departamento de Estado sitúa los ingresos de La Habana por estos servicios entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información cubana, estas exportaciones representaron entre 2018 y 2020 más del 40 por ciento de las ventas externas del país. La presión sobre los caribeños no es solo sanitaria: forma parte de una estrategia más amplia para estrangular las fuentes de divisas del régimen.
La presión sobre las brigadas médicas no es, sin embargo, el único frente de esta ofensiva. El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla, una medida dirigida principalmente contra México, que durante 2025 envió unos 12.000 barriles diarios a La Habana. El suministro venezolano, históricamente el principal de Cuba, quedó cortado tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
Trump afirmó que Cuba es una “nación fallida” y que no habrá más petróleo ni dinero desde Venezuela, aunque también señaló que Estados Unidos está en contacto con La Habana y que cree que se podrá alcanzar un acuerdo. Desde la isla, Díaz-Canel rechazó que existan negociaciones políticas, pero abrió la puerta a un diálogo que debe darse, según él, sin presiones y en condiciones de igualdad. Este mismo domingo, la Cancillería cubana reafirmó esa disposición a un diálogo “respetuoso y recíproco”.
Rubio anunció restricciones de visados contra funcionarios de Cuba y de varios países centroamericanos en febrero y junio de 2025; en agosto del mismo año, las sanciones alcanzaron a funcionarios africanos y granadinos. La dictadura de Cuba califica las medidas como una campaña de desprestigio. Sin embargo, uno tras otro, los Estados del Caricom están capitulando.