Un esquema de corrupción que involucra sobornos millonarios y presuntas irregularidades en la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional ha salido a la luz.
La información, basada en declaraciones de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, y en conversaciones de WhatsApp obtenidas en exclusiva, apunta a qué recursos provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) habrían sido utilizados para asegurar la llegada de Fernández al alto tribunal, según lo dio a conocer Semana.
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Este caso no solo pone en entredicho la legitimidad de su elección, también golpea la credibilidad de una de las instituciones más importantes de Colombia.
De acuerdo con Semana, el 13 de octubre de 2023, cuatro días antes de la votación en el Senado que definiría el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, se llevó a cabo un desayuno clave en la oficina del entonces presidente del Senado, Iván Name.
A este encuentro asistieron, además de Name, Vladimir Fernández, Sandra Ortiz y el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González.
Según Ortiz, este desayuno fue precedido por un pago de 1.500 millones de pesos colombianos (aproximadamente 375.000 dólares estadounidenses) que ella misma habría entregado a Name el 12 de octubre del 2023 en las Residencias Tequendama, en Bogotá.
Este soborno, según su testimonio, tenía dos objetivos: garantizar el apoyo de Name a las reformas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso y asegurar que la elección de Fernández fuera incluida en el orden del día del Senado.
Las conversaciones de WhatsApp obtenidas por Semana revelan detalles comprometedores sobre la coordinación entre los involucrados.
El 3 de octubre de 2023, Vladimir Fernández envió varios mensajes a Sandra Ortiz solicitando su apoyo en el Senado para la votación. “No se me pierda. La necesito en el Senado. Plissss”, escribió Fernández, según los registros.
Días después, el 9 de octubre, Ortiz se reunió con Iván Name en su oficina en la Presidencia del Senado, donde también estuvo presente Carlos Ramón González.
Según Ortiz, Name expresó en esa reunión que no quería recibir únicamente a Fernández, quien necesitaba con urgencia que se programara la elección de la vacante en la Corte Constitucional.
El 12 de octubre, tras recibir el primer pago de 1.500 millones de pesos, Name envió un mensaje a Ortiz confirmando el desayuno del día siguiente: “Dios te bendiga, querida Sandra”. Según Ortiz, esta frase significaba que Name estaba de acuerdo con reunirse para agilizar la elección de Fernández.
El 13 de octubre, poco antes del desayuno, Name ajustó la hora del encuentro, lo que fue comunicado por Ortiz a Fernández y González. Durante el desayuno, según Ortiz, se acordó que Name incluiría la elección de Fernández en el orden del día del Senado a cambio de recibir los 1.500 millones de pesos restantes esa misma noche.
El compromiso asumido en el desayuno se cumplió. Según Semana, a las 1:39 p. m. del 13 de octubre, Iván Name envió a Sandra Ortiz un documento en Word titulado “Orden del día 17 de octubre de 2023”, en el que se incluyó la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Ortiz, al recibir el documento, lo compartió con Vladimir Fernández, quien respondió agradecido: “Gracias, mi reina”.
Esa misma noche, Ortiz entregó el segundo pago de 1.500 millones de pesos a Name, según su testimonio ante la Fiscalía.
El 17 de octubre, Vladimir Fernández fue elegido magistrado de la Corte Constitucional con una aplastante mayoría de 88 votos en el Senado, superando ampliamente a los otros candidatos de la terna enviada por el presidente Petro: Cielo Rusinque y Gerardo Vega, quienes obtuvieron dos y un voto, respectivamente.
Tras su elección, Vladimir Fernández agradeció a Sandra Ortiz por su apoyo. En un mensaje enviado la noche del 17 de octubre, Fernández expresó: “Sandrita hermosa. Gracias por todo tu apoyo de verdad. Te la debo”.
Ortiz respondió con un tono amistoso, sugiriendo que aún podía reconsiderar su decisión de asumir el cargo en la Corte Constitucional.
El escándalo estalló públicamente cuando Semana publicó el 9 de abril de 2024 que Sandra Ortiz había implicado a Vladimir Fernández, Iván Name y Carlos Ramón González en la trama de corrupción.