Las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusando a Perú de ocupar territorio en violación del Tratado de Río de Janeiro, carecen de sustento jurídico y responden a objetivos políticos internos, afirmó el constitucionalista peruano Aníbal Quiroga.
A través de sus redes sociales, Petro manifestó que Perú habría ocupado parte del territorio colombiano, lo que generó una inmediata reacción por parte del Gobierno peruano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú rechazó las afirmaciones del mandatario colombiano y sostuvo que el país ejerce sus derechos soberanos de manera legítima y conforme al derecho internacional, en particular sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, creado mediante la Ley N.° 32403.
Motivaciones políticas y sustento legal
Según Aníbal Quiroga, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad César Vallejo, la controversia planteada por Petro no tiene base legal ni territorial. “Es una controversia artificial porque los límites entre Perú y Colombia han sido fijados por el Tratado Salomón-Lozano a principios del siglo pasado”, señaló.
El experto recordó que dicho tratado fue incluso desfavorable para Perú, al entregar a Colombia la franja entre los ríos Putumayo y Caquetá, así como el trapecio amazónico. “La ciudad peruana de Leticia, de un día para otro, se convirtió en ciudad colombiana”, expresó Quiroga.
El constitucionalista sostuvo que el trasfondo de las declaraciones de Petro obedece a la situación política interna en Colombia. “Actualmente, el presidente Gustavo Petro tiene un gran descrédito y una baja en su legitimidad en su país. No se le ha ocurrido mejor idea que crear un conflicto internacional con un país vecino —como el Perú— para alejar de su política doméstica las críticas a su gestión y crear un contencioso que es absolutamente artificial”, afirmó.
La Cancillería peruana, por su parte, subrayó en un comunicado que Santa Rosa está ubicada en la isla de Chinería, reconocida como territorio peruano por la Comisión Mixta Demarcadora de Límites desde 1929. Esta precisión desestima cualquier alegato sobre ocupación indebida y refuerza la legitimidad de las acciones del Estado peruano en la zona.