Más de dos semanas pasaron desde el conflicto que dejó a la abogada argentina Agostina Páez retenida en Brasil por hacerle gestos racistas a los empleados de un bar en Río de Janeiro. El episodio, que quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar, le trajo graves problemas con la Justicia local: la acusaron de “injuria racial”, le prohibieron salir del país hasta que se resuelva su causa y hasta le colocaron una tobillera electrónica para controlar que cumpla con la medida.
“Está preocupada y angustiada por la situación”, cuenta a Infobae su abogado Sebastián Robles, quien definió el caso como “complicado” y reveló que todavía no hay resoluciones favorables para su defendida.
Agostina tuvo que haber vuelto de sus vacaciones en Río hace más de 10 días. Al menos así lo había organizado cuando salió de viaje con su grupo de amigas, con quienes había alquilado un departamento hasta mediados de enero para su corta estadía.
Sin embargo, cuando la denuncia en su contra escaló y le negaron la vuelta a Argentina, la abogada de 29 años tuvo que conseguir otro alojamiento por tiempo indeterminado, donde ahora espera las novedades de su caso junto a su hermana y unas amigas que viajaron para acompañarla.
“Ahora está en un lugar más seguro. El departamento lo paga ella y todo corre por su cuenta; esa es la situación grave. No sabemos hasta cuándo va a poder soportar el tema económico porque no es una chica pudiente como pintan. Estamos lidiando con eso para que sea lo más rápido posible, pero evidentemente viene para rato”, relató su defensor a este medio.
Agostina tiene puesta una tobillera electrónica ordenada por la Justicia de Brasil para controlar si se acerca a las fronteras. No obstante, no tiene ninguna prohibición para circular libremente por la ciudad de Río de Janeiro. Tampoco está indocumentada: su DNI, que en primera instancia había sido retenido, ya fue devuelto.
En el marco de su causa, el abogado Robles presentó este miércoles un habeas corpus para pedir que autoricen a Páez a volver a Argentina y continuar los trámites correspondientes desde su país.
“No tenemos garantía de nada. Hay que ver el tema de la intervención jurídica ante la violación flagrante de los derechos humanos que están haciendo y del principio de inocencia”, denuncia el letrado, que espera tener una respuesta a su petición la semana que viene a más tardar.
La imputación por “injuria racial”
La semana pasada, la Policía Civil de Río de Janeiro —que fue la fuerza que intervino en el caso e hizo las primeras investigaciones— comunicó que habían imputado a Páez por “injuria racial”. En este sentido, el defensor de Agostina explicó a Infobae cuál es la situación de la causa que tramita en Brasil.
Robles explica que “imputación para ellos no es la misma imputación que tenemos nosotros acá en Argentina».
“Ellos elevaron el caso informando que se encuadra dentro de un delito de injuria racial. Pero eso tiene que pasar a un juez de garantía y el juez de garantía analizar la situación. Si así lo considera, notifica al Ministerio Público Fiscal y a la defensa para que se realice el contradictorio”, enumeró el abogado argentino.
Y siguió sobre el avance que debería tener la causa: “El Ministerio Público Fiscal puede o no realizar una acusación formal, es decir, lo que nosotros le llamamos acá una declaración de imputado en Argentina o una indagatoria. Ahí el proceso continúa o se abre una nueva etapa investigativa ya judicial, que es donde se recaban la mayor cantidad de las pruebas y ahí recién la fiscalía en su momento puede tener la posibilidad de ofrecernos algún tipo de salida alternativa a la pena o mandar la causa a juicio”.
Finalmente concluyó: “Es un proceso largo que viola, para mí, todas las garantías, un proceso muy inquisitivo. Pero bueno, es el proceso que tienen ellos. Y este tipo de delito agrava la situación”.