Mientras Estados Unidos intensifica su campaña militar contra los narcotraficantes cerca de aguas venezolanas, destruyendo una embarcación que, según las autoridades, transportaba drogas, el gobierno de Donald Trump analiza simultáneamente si debería recortar la ayuda al principal productor de cocaína del mundo: Colombia.
Durante más de cuatro décadas, Colombia ha sido la piedra angular de la estrategia antidroga estadounidense en el extranjero, recibiendo miles de millones en ayuda y, al mismo tiempo, proporcionando información sobre rutas, redes y envíos.
Ahora esa asociación está amenazada.
Se trata de un proceso denominado certificación, una revisión anual cuyos resultados se espera que se anuncien el 15 de septiembre y que se centran en determinar si Colombia está haciendo lo suficiente para combatir las drogas.
Aunque se desconoce lo que hará el gobierno de Trump, si la certificación no es aprobada podría tener enormes consecuencias como la suspensión de cientos de millones de dólares en ayuda, además de provocar sanciones y restricciones de visados a funcionarios del gobierno colombiano y dañar una de las alianzas más estrechas de Washington en América Latina.
El Departamento de Estado estadounidense declinó hacer comentarios sobre los planes del gobierno.
Pero en los últimos meses, los funcionarios de Trump han criticado duramente a Colombia por no reducir el cultivo de coca, materia prima de la cocaína.
“Es momento de ver resultados”, publicó en X la agencia internacional de estupefacientes del Departamento de Estado. “Debido al récord de cultivos de coca, el gobierno necesita lograr avances inmediatos y tangibles en erradicación”.
La producción está en niveles récord, según datos de Naciones Unidas (ONU). El cultivo de coca creció un 10 por ciento, hasta alcanzar más de 252.928 hectáreas, entre 2022 y 2023, mientras que la producción potencial —la estimación de la ONU de la cantidad máxima de cocaína que podría producirse a partir de los cultivos de coca— aumentó en esos dos mismos años un 53 por ciento, hasta 2644 toneladas métricas.
La mayor parte de la cocaína colombiana acaba en Estados Unidos y Europa.
Según los expertos, recortar la ayuda socavaría los esfuerzos del gobierno de Trump por mantener las drogas fuera de Estados Unidos, al paralizar la lucha de Colombia contra los grupos criminales que impulsan el tráfico de cocaína. El gobierno estadounidense ha prometido adoptar una línea más dura contra las drogas, sugiriendo que el hundimiento de la embarcación que navegaba cerca de Venezuela no era el final de su campaña.
Trump también se ha enfrentado al líder de izquierda y presidente de Colombia, Gustavo Petro, en relación con la migración y las drogas. Después de que Colombia bloqueara los vuelos de deportación a principios de este año, Trump amenazó con imponer aranceles, lo que hizo que Petro diera marcha atrás.
A lo largo de los años, Estados Unidos ha amenazado con suspender la ayuda y adoptar otras medidas, alegando la incapacidad de Colombia para cumplir los objetivos de reducción de la coca. Estados Unidos ha cortado la ayuda en algunos años, la última vez fue en 1997.
Esta vez, según los analistas, Trump podría seguir adelante.
“Se trata de un gobierno al que le interesa parecer fuerte y dejar claro que hay gobiernos de la región que no le gustan”, dijo Geoff Ramsey, experto en Venezuela del Atlantic Council, un instituto de investigación de Washington.
Colombia es el mayor receptor de gasto militar estadounidense en América Latina, y las autoridades colombianas advierten que la pérdida de la certificación perjudicaría a ambos países.
“Una hipotética descertificación sería muy injusta, perjudicaría definitivamente a Colombia, perjudicaría también a Estados Unidos y, en definitiva, solo beneficiaría a los narcotraficantes”, dijo Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Washington, en una entrevista telefónica.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, defendió los esfuerzos antidroga de Colombia, aportando datos que mostraban mejoras en la campaña antidroga del país.
Del 1 de enero a principios de septiembre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, las incautaciones de cocaína aumentaron un 8 por ciento y el número de laboratorios de drogas destruidos un 21 por ciento. Además, se capturó o abatió a 3200 miembros de grupos delictivos, lo que supone un aumento del 17 por ciento.
Muchos soldados y policías colombianos han muerto en operaciones antidroga, añadió Sánchez.
“Nosotros consideramos que hemos hecho todo lo necesario y todo lo que está al alcance”, dijo Sánchez en una entrevista en su despacho de Bogotá. “Si hay alguien que tenga una voluntad férrea para combatir el narcotráfico es Colombia”.
Reconoció el aumento del cultivo de coca, pero dijo que se estaba estabilizando, aunque aún no se disponía de cifras oficiales recientes.
Dijo que el repunte de los cultivos se debía a la expansión de las operaciones de los grupos criminales durante el plan de “paz total” de Petro, cuando se suspendieron muchas acciones militares durante las negociaciones con los grupos armados. Al fracasar las conversaciones, los grupos sembraron más coca y consolidaron el control de las rutas de tráfico.
Desde su elección en 2022, Petro ha cambiado el enfoque antidroga del país para centrarse en las redes de tráfico en lugar de destruir los cultivos de coca.
La erradicación, argumenta, es ineficaz y castiga a los campesinos pobres para quienes el cultivo de coca es su única fuente de ingresos.
Pero funcionarios estadounidenses y de la ONU afirman que ese cambio ha alimentado en parte la producción de cocaína.
Sin embargo, según funcionarios y expertos colombianos, Colombia no puede asumir toda la culpa porque la demanda mundial también está aumentando.
Con tantas potenciales ganancias ilícitas, la industria de la droga ha demostrado ser resistente, a pesar de los miles de millones de dólares gastados por Estados Unidos en las últimas décadas para desmantelarla.
“Mientras los países europeos, Estados Unidos y Australia sigan experimentando un crecimiento del consumo de cocaína, será muy difícil reducir la oferta”, dijo Sánchez.
Estados Unidos y Colombia, según dijo Sánchez, se apoyan mutuamente en el intercambio de información para ayudar a interceptar cargamentos de cocaína en el mar y seguir los movimientos de los principales traficantes dentro de Colombia. Además, el gobierno colombiano ha extraditado a muchos de ellos a Estados Unidos, mientras que los helicópteros estadounidenses apoyan las operaciones antidroga colombianas.
Por ejemplo, si un cargamento de cocaína sale de Colombia, los servicios de inteligencia estadounidenses y colombianos podrían compartir información, dijo Sánchez. Colombia podría rastrear el barco por aire y comunicar su ubicación a la Marina estadounidense, lo que conduciría a una interceptación conjunta.
En última instancia, el gobierno de Trump podría adoptar una postura intermedia respecto a Colombia: quitarle la certificación, pero conceder exenciones de seguridad nacional para preservar programas de ayuda clave.
Ramsey consideró que ese es el resultado más probable, afirmando que el presidente Trump no querrá poner en peligro los lazos antes de las elecciones colombianas del próximo año, en caso de que gane la presidencia un candidato más afín a sus ideas.
“Se trata de una relación que ha durado décadas, y lo último que quiere hacer Estados Unidos es que sea imposible volver a reanudarla”, dijo Ramsey. “Pero espero que lo hagan lo más doloroso posible para el gobierno de Petro”.
Los funcionarios colombianos han pasado meses presionando en Washington, reuniéndose con funcionarios estadounidenses y con una delegación bipartidista del Congreso que viajó a Colombia el mes pasado, liderada por Ramsey.
“He oído hablar mucho en esta visita sobre posibles escenarios para la descertificación”, dijo Ramsey. “Y creo que el gobierno colombiano está preparado para todos ellos”.
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