El Tesoro debería recibir el pago de la concesión de las hidroeléctricas Comahue que es USD 700 millones.

El 9 de enero, el Tesoro Nacional enfrenta vencimientos por USD 4.300 millones, primera estación de una seguidilla que tendrá en 2026. El ministro de Economía, Luis Caputo, busca dólares por diferentes vías. Una de ellas es el traspaso a manos privadas de empresas públicas. Esta semana se firmó un paso clave para la concesión de las hidroeléctricas Comahue, que aportará USD 700 millones, y hay empresas estatales que están recorriendo el mismo camino.

“Se pueden acumular reservas de diferentes formas (…). Puede ser porque entran inversiones, porque hay financiamiento de compañías o de otras provincias que eventualmente querrán deshacerse de los dólares y entonces el Tesoro siempre va a tener la opción, con esos pesos que retiro del mercado por el superávit fiscal, de comprarlos”, sostuvo Caputo en su momento.

Y agregó: “También está la opción, que no se habla, pero que nosotros estamos trabajando: va a haber venta de activo por miles de millones de dólares. Vamos a ver muchos de los activos de la Agencia de Bienes del Estado (ABE) y eso va a generar un ingreso de miles de millones de dólares“.

El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher junto con el ex secretario de Transporte, Franco Mogetta.

Por la Ley Bases (Ley 27.742) se habilitó la privatización de Energía Argentina e Intercargo, como también la privatización o concesión de Agua y Saneamientos Argentinos, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales.

La evolución de las seis empresas públicas sujetas a concesión o privatización se puede ver en los balances que publica la Oficina Nacional de Presupuesto, cuyo último es del segundo trimestre de 2025

Cuando asumió Milei en diciembre de 2023, de las seis empresas en cuestión tres arrojaban un resultado económico deficitario, a pesar de recibir transferencias corrientes por parte del Estado nacional.

AYSA tenía un rojo de $253.111,5 millones, que podría haber sido mayor de no haber recibido $86.958,7 millones; lo mismo el Belgrano Cargas, rojo de $23.482,3 millones, pero con $35.352,2 millones de transferencias; y el caso más desprorporcionado, Sofse: “solo” $32.063,6 de déficit, pero gracias a transferencia de $335.145,4 millones.

Pero la situación cambió: “al segundo trimestre de 2025, algunas empresas tienen un resultado económico superavitario sin recibir transferencias corrientes, como es el caso de AYSA, que ahora tiene ganancias por $48.623,2 millones.”

Belgrano Cargas “ganó” $149,5 millones, pero con una ayuda de $38.735,7 millones.

Y el caso más complicado es Sofse: aún tiene déficit por $15.156,3 millones, a pesar de haber recibido $510.112,9 millones del Estado.

Los próximos pasos

Como contó Infobae, una alta fuente del Ministerio de Economía reveló que las intenciones eran que, antes de fines de 2026 el Estado se desprenda de los activos de Intercargo SAU y Transener (parte de Enarsa), pasándolos a manos privadas.

En el caso de Intercargo, el Estado se desprenderá por completo de la empresa: se venderá el 100% del paquete accionario a través de una licitación pública nacional e internacional. Además, no se prevé el otorgamiento de preferencias ni la incorporación de un Programa de Propiedad Participada.

“No vale más que sus activos, USD 30 millones”, destacaron fuentes involucradas en la operación cuando se les consultó respecto a cuántos dólares podría aportarle a Caputo.

En esa línea, esta semana el Gobierno anunció la convocatoria a concurso público nacional e internacional para la privatización de Transener, la principal transportadora de electricidad del país, de la cual el Estado es socio junto a Pampa Energía. El proceso se realizará mediante la venta de las acciones que la Enarsa posee en Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), sociedad controlante de la principal operadora de redes de alta tensión eléctrica del país.

El Estado detenta el 26,32% de Transener de manera indirecta, a través de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), que a su vez es dueña del 50% de Citelec, la sociedad controlante de la transportista, junto con Pampa Energía, la empresa fundada por Marcelo Mindlin. El resto de la participación accionaria se reparte entre la Anses (19,57%) y el capital que cotiza en la Bolsa porteña (27,79%). Además, Citelec ejerce control indirecto sobre Transener Internacional —operadora en Brasil— y sobre Transba, responsable del transporte troncal de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires.

La próxima, en los planes del titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher, es AYSA. Aunque sostienen que aún se deben llevar a cabo tareas para que sea atractiva para el sector privado, lo que apunta al precio de la tarifa y al recorte de subsidios económicos a los usuarios.

Ante la consulta de Infobae sobre cuánto falta ajustar la tarifa para que los usuarios paguen todo el costo del servicio, fuentes de AYSA no pudieron dar una respuesta; solo apelaron a que “todos los meses hay un ajuste del 1 por ciento”.