Una empresa constructora se declaró propietaria de más de un millón de dólares en efectivo incautados por la Policía durante un operativo antinarcóticos en el norte de Quito, en un caso que permanece bajo investigación previa de la Fiscalía y que ha generado cuestionamientos por las conexiones personales en el entorno de uno de los accionistas.
El hallazgo se produjo el viernes 20 de marzo, cuando agentes allanaron un inmueble ubicado en la Avenida 12 de Octubre, tras una alerta por presunta comercialización de drogas. En el lugar no se encontraron sustancias ilícitas, pero sí una caja fuerte con fajos de dinero en efectivo, lo que motivó el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.
Inicialmente, la Policía reportó que el monto incautado ascendía a USD 992.560, aunque posteriormente el abogado del grupo empresarial afirmó que la cifra real alcanzaría los USD 1.048.000 y que exigirán la devolución total del dinero. El jurista Jorge Luis Ortega, representante legal del holding, sostuvo que los fondos pertenecen a la empresa Elit Corporation y que su origen es lícito, por lo que se presentarán respaldos ante las autoridades.
Según Ortega, el dinero proviene de retiros en efectivo realizados desde cuentas bancarias de las compañías que integran el grupo empresarial, con el fin de facilitar operaciones vinculadas a sectores como servicios petroleros, minería, generación de energía e ingeniería civil. “Cuestiones operativas y de flujo inmediato requieren tener dinero en efectivo”, señaló el abogado en declaraciones recogidas por medios locales.
El caso, sin embargo, ha generado interrogantes adicionales sobre la estructura empresarial y las relaciones de sus actores. De acuerdo con registros oficiales, Elit Corporation tiene como accionistas a Constructora Villacreces Andrade CVA S.A. y Elitebusiness Comercio y Servicios S.A., mientras que su representante legal figura como Pablo Sebastián Castro Semanate. Ambas compañías comparten dirección con el inmueble donde se encontró la caja fuerte y tienen vínculos administrativos comunes.
Uno de los elementos que ha cobrado relevancia en el debate público es la relación personal de la madre de Castro Semanate, Karla Semanata, y Dolores Vintimilla, esposa del expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Este último ha sido señalado en otros contextos por haber ejercido la defensa del narcotraficante serbio Jezmir Srdan. Este nexo impulsó el juicio político contra Godoy, en el que fue censurado y destituido por el congreso de Ecuador.
El abogado Ortega negó que exista cualquier vínculo societario o comercial entre la empresa y el exfuncionario judicial o su entorno, y calificó como irrelevantes las relaciones personales señaladas. “No existe ninguna relación comercial, laboral o societaria con ella o con su esposo”, afirmó.
A pesar de estas declaraciones, la información disponible en registros públicos muestra inconsistencias en la actividad económica reportada por la empresa. Mientras en 2019 declaró impuestos superiores a USD 86.000, en los años recientes las cifras descendieron de manera significativa, con montos cercanos a USD 400 en 2023 y USD 272 en 2024, según recogió Ecuavisa.
El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que el propietario del dinero sería una persona vinculada al sector minero y aseguró que, hasta el momento, no se han identificado nexos con estructuras criminales. No obstante, subrayó que la investigación continuará y que será necesario justificar el origen de los fondos.
Por su parte, la Fiscalía mantiene el caso en fase de investigación previa, lo que implica reserva de la información y ausencia de imputaciones formales hasta el momento. Este hermetismo ha sido cuestionado incluso por la defensa del grupo empresarial, que señaló que la apertura de la investigación se produjo varios días después del operativo.
En un comunicado oficial, la empresa Elit Corporation reiteró que el dinero es de origen lícito, que ha sido debidamente justificado ante las autoridades y que está dispuesta a colaborar con cualquier requerimiento de verificación. Además, rechazó cualquier intento de vincularla con actividades ilícitas o narrativas políticas, y aseguró que opera bajo principios de legalidad, transparencia y cumplimiento tributario .