El más reciente capítulo en la tensa saga judicial que enfrenta Jair Bolsonaro en Brasil dio un giro abrupto este martes. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), resolvió “reforzar la vigilancia policial frente a la casa del ex presidente… frente a un posible ‘riesgo de fuga’”, según informó el propio tribunal.
La determinación cumple un pedido formal de la Fiscalía y se apoya en textos recuperados por la Policía Federal durante la incautación de un teléfono móvil perteneciente a Bolsonaro. Entre esos documentos apareció un borrador de solicitud de asilo en Argentina, destinado al presidente Javier Milei.
Este hallazgo forma parte de una indagación paralela al juicio penal por supuesto intento de golpe de Estado, cuyo juicio entrará en la fase de sentencia el próximo 2 de septiembre.
La defensa del ex mandatario rechazó de inmediato que esto constituyese señal de fuga. Afirmaron que el borrador “no puede ser considerado un indicio de fuga”, ya que data de febrero de 2024, cuando aún no había sido imputado por golpe de Estado.
Este caso se entreteje con las presuntas gestiones del diputado Eduardo Bolsonaro en los Estados Unidos. Según la investigación, habría actuado para impedir el juicio de su padre mediante presiones en Washington, noticia que incluso motivó aranceles del 50% sobre productos brasileños por parte del gobierno de Trump.
El juez Moraes había ordenado semanas atrás varias medidas cautelares contra Bolsonaro: uso de tobillera electrónica, prohibición de redes sociales y arresto domiciliario tras comprobar incumplimientos.
Mensajes incautados por la Policía Federal también reflejan agrios intercambios personales: allí, Eduardo Bolsonaro escribe a su padre “VTPC ingrato del carajo”, antes de enviarle una disculpa. Esa comunicación revela tensiones internas dentro de la familia, justo en el entorno del juicio por golpe de Estado.
El contexto político en Brasil se halla profundamente polarizado. Según una encuesta reciente, el 53% de los ciudadanos aprueba la orden de arresto domiciliario de Bolsonaro; el 47% lo rechaza, señal clara de la división que domina el escenario político.
En paralelo, Alexandre de Moraes ha asumido un rol central en el Supremo Tribunal Federal durante los últimos años. Sus decisiones, amparadas en la Constitución de 1988, se han dirigido a enfrentar la desinformación y a responder a actos considerados como amenazas al orden democrático. Estas medidas han generado tanto respaldo como críticas por parte de distintos sectores políticos y jurídicos.
La situación ha escalado hasta el ámbito internacional: Estados Unidos sancionó a Moraes bajo la Ley Magnitsky por supuestas violaciones de derechos y le revocó su visa, provocando reacciones airadas de autoridades brasileñas, que lo consideran injerencia.
La trama cobra mayor densidad con la Operación Contra‑Golpe, investigación en curso desde noviembre de 2024, autorizada también por Moraes. Busca desentramar una presunta red de militares y policías federales que planearon asesinatos y acciones terroristas contra figuras claves como él, Lula y Alckmin.
En ese sentido, la cámara judicial brasileña ha señalado que el ex mandatario y su entorno podrían haber tejido una conspiración con motivaciones políticas profundas y riesgosas. Las acusaciones se extienden a obstrucción de la justicia y coacción institucional.
El debate jurídico también ha girado en torno al alcance de las competencias del Supremo Tribunal Federal. Diversos analistas y dirigentes políticos sostienen que algunas resoluciones podrían tensionar la separación de poderes, mientras que otros destacan que se enmarcan en la defensa de la institucionalidad democrática prevista en la Constitución de 1988.
El caso Bolsonaro-Moraes ha impulsado un debate sobre la eficacia de las instituciones democráticas frente a amenazas internas. Mientras tanto, Lula intenta capitalizar la situación en clave de estabilidad política y gestión estatal, aunque sus cartas de negociación —literalmente con Washington— aún esperan su momento.
El escenario deja a la ciudadanía expectante. Si bien la sentencia del juicio por golpe está prevista para septiembre, los panoramas político y judicial siguen retorcidos por tensiones nacionales e internacionales que definirá el rumbo del próximo ciclo electoral.