El juez Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó este miércoles que el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, comparezca el próximo 3 de noviembre para proporcionar explicaciones sobre la reciente operación policial dirigida contra una de las principales organizaciones criminales del país, el Comando Vermelho.
La intervención policial, ejecutada en los barrios pobres de Alemão y Penha, ha dejado según distintas fuentes entre 119 y 132 víctimas mortales, convirtiéndose en la redada más letal registrada en la historia reciente de Brasil. El balance de los hechos, así como la respuesta institucional y social, han generado intensa preocupación tanto a nivel nacional como internacional por el uso de la fuerza, el respeto a los derechos humanos y la transparencia de los procedimientos aplicados.
La audiencia, que tendrá lugar en Río de Janeiro, fue programada para analizar los pormenores de la llamada “Operación Contención”, incluyendo el nivel de fuerza empleada, el número de efectivos implicados, el informe detallado de víctimas, así como las medidas adoptadas para asistir a quienes resultaron afectados, según detalló Agencia Brasil.
Este requerimiento se enmarca en una sentencia previa del STF, que estableció reglas estrictas para las redadas policiales en las favelas, con la meta de prevenir violaciones a los derechos humanos durante operativos de este tipo. El STF busca determinar con exactitud si el gobierno estatal cumplió con los protocolos y si la intervención se ajustó a las directrices dictadas por el tribunal.
La Defensoría Pública de Río de Janeiro contabilizó, a lo largo de la jornada, al menos 132 fallecidos como resultado del operativo de gran escala, cifra que incluye a civiles y, entre ellos, a cuatro agentes policiales. Por otro lado, la Policía del estado mantiene su estimación en 119 muertos y ha informado de 113 personas detenidas, entre quienes figuran 10 adolescentes. También se confiscaron 91 fusiles y una cantidad no especificada de drogas, de acuerdo con declaraciones del gobernador Castro. Hasta el momento, ni la cantidad ni el tipo de sustancias decomisadas han sido precisados de manera oficial.
De acuerdo con el magistrado De Moraes, el pedido de esclarecimientos abarca tanto el número oficial de muertos y heridos como los procedimientos desplegados durante la redada y la asistencia prestada a las víctimas. La decisión del STF se alinea con una creciente preocupación sobre el cumplimiento de normas internacionales de derechos humanos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, transmitió a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, su “profunda preocupación por el elevado número de víctimas mortales ocurridas ayer durante el operativo policial en las favelas” y recordó que “el uso de la fuerza en los operativos policiales debe ajustarse al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a las normas internacionales”. Además, instó a las autoridades brasileñas a iniciar una investigación inmediata sobre lo sucedido.
Esta operación superó el récord de letalidad establecido por la masacre de Carandiru en 1992, en la que hubo 111 muertos. Las intervenciones más violentas en favelas de Río de Janeiro ocurrieron en 2021 y 2022, en las comunidades de Jacarezinho y Vila Cruzeiro, con 28 y 25 muertos respectivamente; todas durante la administración de Castro.
El principal objetivo del reciente operativo era debilitar al Comando Vermelho, grupo delictivo que se expandió notablemente en la última década y cuya influencia ha desplazado a las milicias parapoliciales en territorios de la ciudad, según fuentes oficiales. Las fuerzas de seguridad ingresaron en los complejos de favelas de Alemão y Penha —considerados bastiones del grupo— para ejecutar detenciones y desmantelar infraestructuras criminales. Entre los detenidos, los medios locales apuntan que uno sería Thiago “Belão” do Nascimento Mendes, señalado como colaborador cercano de “Doca” Alves de Andrade, supuesto líder regional del Comando Vermelho, aunque este último logró escapar.
Sin embargo, aún resta identificar a la mayoría de los fallecidos y detenidos, lo que impide conocer en qué medida la organización ha sufrido daños en su estructura jerárquica. La opacidad en la divulgación de identidades ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos, que también denunciaron la supuesta existencia de “ejecuciones” sumarísimas durante la intervención.
El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, puso en duda la legalidad de la acción policial y afirmó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró “aterrado” por el elevado número de víctimas y “sorprendido” ante la ausencia de comunicación previa sobre el operativo, ejecutado íntegramente bajo la órbita del gobierno estadual encabezado por Castro, aliado del ex presidente Jair Bolsonaro. Lewandowski reiteró que la administración federal no fue informada hasta después de los hechos.
La preocupación por eventuales desbordes de violencia subsiste en la población de Río de Janeiro mientras se espera la apertura de la investigación judicial y la eventual definición de responsabilidades. Vecinos de las comunidades afectadas y la fiscalía brasileña reclaman mayor transparencia para esclarecer si el despliegue policial se ajustó a las normativas nacionales e internacionales. La crisis expone el conflicto entre la seguridad ciudadana y los límites legales para las intervenciones estatales, con repercusiones que alcanzan tanto a los derechos fundamentales como a las políticas públicas de seguridad en Brasil.
(Con información de AFP, EFE y EP)