La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la prórroga del régimen de excepción por treinta días más en todo el territorio nacional, medida que desde marzo de 2022 ha impulsado el Ejecutivo para combatir la criminalidad y el accionar de las pandillas. Con 57 votos a favor y un voto en contra, los diputados avalaron la iniciativa presentada por el presidente Nayib Bukele, a través del Consejo de Ministros, para mantener suspendidas las garantías constitucionales relativas al derecho de defensa, al plazo de detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia, establecidos en los artículos 12, inciso segundo; 13, inciso segundo; y 24 de la Constitución de la República.
Según información presentada durante la sesión plenaria número 103, el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 91,650 personas identificadas como miembros de estructuras criminales, incluyendo “sus principales líderes y una diversidad de sus miembros”. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, detalló que la medida estará vigente hasta el 30 de abril de 2026, tras su publicación en el Diario Oficial, en cumplimiento del artículo 30 de la Constitución, que permite prórrogas sucesivas de hasta treinta días mientras persistan las condiciones que motivaron la suspensión de derechos.
La diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, fue la encargada de dar lectura a la pieza de correspondencia y al proyecto de decreto, que fundamenta la continuidad del régimen en la necesidad de “dar sostenibilidad a los logros alcanzados en seguridad pública y evitar el resurgimiento de la violencia”. De acuerdo con el documento leído ante el pleno, la persistencia de vínculos transnacionales, intentos de reorganización y actividades ilícitas remanentes justifican la extensión del mecanismo, que ha sido prorrogado de forma continua desde su implementación.
Durante la sesión, se subrayaron cifras y logros asociados a la política de seguridad. El diputado de Nuevas Ideas, Walter Alemán, afirmó que “hasta la fecha se contabilizan mil ciento setenta y dos días sin homicidios en todo el territorio nacional durante el gobierno del presidente Bukele”. Alemán sostuvo que “el régimen de excepción ha sido un respaldo para toda la población”, y citó datos de la última encuesta de CIDGALLUP, que reporta un 94% de aprobación a la gestión presidencial y un 95% de respaldo a las políticas de seguridad.
El decreto aprobado establece que “se prolonga en todo el territorio nacional el régimen de excepción establecido por Decreto Legislativo número trescientos treinta y tres, de fecha 27 de marzo de 2022, a efecto de mantener suspendidas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 12, inciso segundo; 13, inciso segundo; y 24 de la Constitución de la República, para la continuidad de restablecimiento del orden, la seguridad ciudadana y el control territorial”. El texto también precisa que la prórroga es “indispensable para dar continuidad a la acción estatal firme y sostenida, que ha posibilitado garantizar los extraordinarios resultados en materia de seguridad pública, otorgando a los salvadoreños condiciones de orden, paz y tranquilidad”.
Según lo expuesto por Elisa Rosales, la solicitud se fundamenta en los artículos 29 y 167 de la Constitución, y en la jurisprudencia constitucional que valida la prórroga sucesiva del régimen mientras subsistan las causas que la originaron. El documento señala que “la Policía Nacional Civil continúa detectando responsables de la comisión de delitos de miembros de pandillas y así interviene oportunamente su pretensión de continuar ejecutando los delitos que por muchos años negaron la paz y la tranquilidad de los salvadoreños”.
Durante la discusión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, recordó la obligación constitucional de proteger la vida y la seguridad de los habitantes. El funcionario enfatizó que el régimen de excepción ha convertido a El Salvador en “un referente internacional” en materia de seguridad, de acuerdo con la valoración recogida en el decreto y respaldada tanto por diputados como por los informes oficiales del Ejecutivo.
El pleno legislativo aprobó la dispensa de trámites para la iniciativa, lo que permitió su análisis y votación inmediata. La decisión fue respaldada mayoritariamente por la bancada oficialista y sus aliados. Solo hubo un voto en contra.
La medida, que suma ya 49 prórrogas desde su implementación, continuará vigente hasta el 30 de abril de 2026, cuando la Asamblea evaluará nuevamente la situación de seguridad y las condiciones para una posible nueva extensión, según lo establece el marco constitucional salvadoreño.