El riesgo país de Ecuador experimentó una reducción significativa en los días posteriores a la presentación del proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional el 16 de mayo de 2025.
Según el más reciente reporte del Banco Central, este indicador cayó de 1.020 puntos básicos el día de la presentación a 995 puntos el 20 de mayo, lo que representa una disminución de 25 puntos en cuatro días. Esta es una de las bajas más pronunciadas registradas desde febrero de este año, reflejando una mejora en la percepción de los mercados internacionales respecto a la estabilidad económica y política del país.
El riesgo país mide la probabilidad de que una nación incumpla sus compromisos financieros y su descenso sugiere que los inversionistas valoran positivamente el esfuerzo gubernamental por contener las economías ilícitas que han venido socavando la institucionalidad, la seguridad y el aparato productivo nacional.
La propuesta legal enviada por Noboa fue calificada como urgente en materia económica y en su exposición de motivos plantea como prioridad la neutralización de los flujos financieros que alimentan al crimen organizado.
El texto legal identifica como objetivo la desarticulación de estructuras financieras vinculadas al narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, el lavado de activos y la extorsión, entre otros delitos. El Ejecutivo propone atacar estos sistemas mediante medidas como la incautación de bienes, la restricción de fuentes de ingreso ilegales, incentivos tributarios para zonas afectadas y mayor control sobre operaciones sospechosas en el sistema financiero. Además, se prevé que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen coordinadamente con el denominado Bloque de Seguridad, una entidad especial que asumirá funciones de planificación, control territorial y aplicación de medidas económicas excepcionales.
No obstante, el proyecto ha generado cuestionamientos respecto a su alcance en términos de derechos civiles. Uno de los puntos más sensibles es la facultad que otorga a las fuerzas del orden para realizar allanamientos sin orden judicial previa. De acuerdo con el proyecto, esta medida aplicaría cuando existan indicios de que en un inmueble se desarrollan actividades relacionadas con grupos armados organizados. Si bien se establece que estas intervenciones deben ser notificadas a un juez en un plazo de 24 horas, críticos advierten que la norma podría abrir la puerta a excesos en contextos donde la distinción entre actor criminal y ciudadano común no esté clara o no pueda comprobarse con rigor previo.
Otro aspecto controversial es la autorización para que las fuerzas de seguridad consideren como blancos militares ciertos bienes, como vehículos polarizados o sin placas, así como inmuebles presuntamente vinculados a economías ilegales. Aunque la ley exige que estas acciones se enmarquen en la normativa del Derecho Internacional Humanitario y que se priorice la protección de la población civil, existe el riesgo de que se generen daños colaterales si no se establece un mecanismo de control y verificación suficientemente sólido.
La normativa señala expresamente que estas medidas buscan “efectos económicos inmediatos” sobre las redes criminales, con el fin de cortar su capacidad operativa y recuperar territorios afectados. Según el gobierno, esto contribuirá a la recuperación económica y a la generación de condiciones propicias para la inversión y la reactivación productiva. De hecho, el propio documento del Banco Central del Ecuador sugiere que la mejora del riesgo país se relaciona, en parte, con las señales de mayor control estatal.
El proyecto deberá ser debatido en la Asamblea Nacional en las próximas semanas y su aprobación requerirá no solo respaldo político –ahora favorable al oficialismo–, sino también un análisis detallado para balancear la necesidad de seguridad con la protección de los derechos fundamentales. Mientras tanto, la caída del riesgo país ofrece un respiro al Ejecutivo, al reforzar la percepción internacional de que Ecuador podría estar retomando el control institucional frente a la economía criminal que ha corroído por años su sistema político, social y económico. Esto a días de la posesión de Noboa para su periodo completo de cuatro años.