La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, declaró este martes ‘persona non grata’ al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, y a los miembros de su oficina, al acusarlo de guardar silencio sobre los 252 migrantes “secuestrados” en El Salvador y los 18 menores de edad “retenidos” en Estados Unidos.
Los diputados también aprobaron por unanimidad solicitar al régimen de Nicolás Maduro que Venezuela “se salga” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) mientras Türk “esté a cargo”.
El viernes, Türk advirtió en un informe que las libertades fundamentales en el país caribeño han sufrido un importante deterioro en 2024 y 2025, en el contexto de las presidenciales y parlamentarias celebradas en estos años, y que diversas personas “han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos”.
El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, mostró una fotografía de Türk y lo llamó “sátrapa” y “basura”, a la vez que lo acusó de hacerse “la vista gorda de crímenes atroces”.
Durante el debate, el diputado dijo que el funcionario de la ONU ha cometido “crímenes penados en Venezuela” y, en ese sentido, expresó que Türk “es cómplice de secuestro, es un calumniador y es un hipócrita”.
Previamente, la diputada chavista Iris Varela señaló como “un deber” del pueblo venezolano y de la AN “declarar persona non grata” a Türk, quien, según dijo la funcionaria, “no sirve para proteger los derechos humanos de la humanidad” y forma parte de un sistema que —expresó— es utilizado para “intervenir a los países soberanos y para arrodillar a los que no se les alinean”.
A juicio de la también ex ministra de Servicio Penitenciario, el alto comisionado “guarda un silencio escandaloso” sobre “la violación de derechos humanos” y “todas las atrocidades que comete el imperio en el mundo”, entre ellas, lo que “hace contra los venezolanos”.
Por tanto, la diputada propuso que, además, el fiscal chavista Tarek William Saab comience “acciones penales” contra Türk.
Por su parte, el diputado Saúl Ortega dijo que, con el reciente informe del funcionario de la ONU, se busca una “justificación para una agresión” contra Venezuela.
El viernes, el régimen de Maduro acusó a Türk de instrumentalizar “políticamente” los derechos humanos, por lo que considera que su gestión “quedará registrada en la historia como una de las más nefastas que haya pasado” por la oficina de la ONU.
En febrero de 2024, el chavismo suspendió las actividades de la oficina técnica del Acnudh, establecida desde septiembre de 2019, por supuestos sesgos en su labor, según el Ejecutivo.
Sin embargo, dos meses después, Maduro invitó a la oficina del Acnudh a volver a Venezuela y propuso superar “las diferencias”, una vuelta que se concretó más de medio año después.
Violaciones a los derechos humanos en Venezuela
Desde al menos 2017, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha documentado un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. En su informe más reciente, la Misión concluyó que las fuerzas de seguridad del Estado, junto con grupos civiles armados conocidos como “colectivos”, ejecutaron acciones coordinadas que incluyeron asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, muchas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. En particular, se identificaron al menos 25 muertes ocurridas durante protestas poselectorales, la mayoría por disparos directos en la cabeza o el torso.
En el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, diversas organizaciones internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciaron graves irregularidades y un clima de represión generalizada. Se reportaron más de dos mil detenciones arbitrarias, decenas de las cuales afectaron a menores de edad, así como al menos 24 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad durante manifestaciones. Las autoridades también recurrieron a leyes antiterroristas para criminalizar la protesta social y restringir el accionar de la oposición, generando un ambiente de miedo e impunidad.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han alertado sobre el incremento sostenido en las agresiones contra periodistas, activistas y líderes comunitarios. Solo en la primera mitad de 2024 se documentaron más de 590 ataques contra la prensa y la sociedad civil, un 92 % más que el año anterior. El Foro Penal ha registrado al menos 64 desapariciones forzadas vinculadas a detenciones ilegales por motivos políticos, lo que refleja una política estatal de silenciamiento y castigo a la disidencia.
Frente a este deterioro del Estado de derecho, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha prorrogado el mandato de la Misión para seguir investigando los crímenes del régimen. El Alto Comisionado Volker Türk denunció el uso abusivo de leyes represivas y la falta de garantías electorales, y exigió al régimen de Maduro conservar y publicar las actas de los últimos comicios.
(Con información de EFE)